María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, en diálogo con Habitar desde Ciudad de México, reflexionó sobre los principales desafíos que enfrenta nuestra región ante la profundización de la crisis de vivienda que habitamos, las implicaciones de la naturalización de la propiedad en tanto derecho “absoluto” y los desafíos actuales que enfrenta nuestra región para la efectiva protección del acceso al suelo.
Para abordar esta crisis, propone que los gobiernos progresistas retomen la rectoría del Estado en materia de vivienda, fomenten la construcción de vivienda pública e implementen medidas efectivas para gravar la especulación inmobiliaria. También insiste con la importancia de fomentar las diversas formas de producción social del hábitat, como cooperativas de vivienda, que aseguran que la tierra permanezca en manos colectivas y se proteja de la especulación. Además, resalta la importancia de la implementación de legislaciones que regulen los alquileres en respuesta al creciente costo de la vivienda.
La Coalición Internacional para el Hábitat [HIC, por su sigla en inglés] está por cumplir 50 años. ¿Qué les puedes contar sobre la organización a quienes aún no conocen el largo camino recorrido?
HIC es una coalición que pone en diálogo el norte, el sur, los movimientos sociales con la academia, con las organizaciones civiles, y busca transformar la situación, la realidad de tantos millones de personas que enfrentan efectivamente una serie de obstáculos muy graves para poder acceder a una vivienda, pero también al hábitat circunstante, a los servicios, a todo lo que puede ser, incluso el esparcimiento; en fin, trabajamos siempre con una conceptualización de hábitat amplio, de derecho a la ciudad.
Nuestro trabajo tiene que ver con el acompañamiento a los procesos populares de transformación, procesos anclados en derechos humanos, en la autogestión, en la creatividad de la población. Por otro lado, también busca tener incidencia en políticas públicas para cambiar las normativas, tanto a nivel nacional y local como internacional. Entonces, siempre buscamos este diálogo que nos parece que puede ser muy prolífico entre lo que sucede en los territorios y las grandes decisiones que se pueden tomar en ámbitos económicos, globales, o que tienen que ver con decisiones de los estados. Desde esta perspectiva anclada en los derechos humanos, estamos efectivamente observando que todo el mundo –con caracterizaciones obviamente distintas, país por país– está viviendo una gran crisis de la vivienda.
¿A qué se debe esta crisis de la vivienda que enfrentamos en la actualidad?
En general, hay que precisar, en relación con la vivienda, que determinadas clases sociales han padecido siempre la situación de crisis, pero ¿cuál es el plus hoy? Me parece que tenemos una urbanización muy acelerada, incluso en continentes que no la habían vivido, como América Latina. Esta urbanización muchas veces es sinónimo también de pobreza, de pobreza femenina, sobre todo.
La caracterización quizás actual de la crisis tiene que ver sobre todo con salarios que ya no son suficientes para acceder a una vivienda. O sea, tenemos un crecimiento muy impresionante de los precios del suelo y de la vivienda versus salarios que no crecen con la misma rapidez, y eso sucede, obviamente, para las clases empobrecidas, pero también para las clases medias, para las juventudes.
Entonces, es una crisis con estas características que, para decirlo sencillo, se explica con que desde hace por lo menos 30 años se ha planteado que sea el mercado el que se haga cargo de la vivienda y de todo lo que está alrededor, justamente con las políticas neoliberales que ha impulsado el Consenso de Washington y que prácticamente todos los países de América Latina –tanto los progresistas como los que no lo son o no lo han sido en el correr de los años– han aceptado estas políticas. Hemos visto, por lo tanto, que el Estado ha dado un paso atrás en lo que tiene que ver con las soluciones, las políticas relacionadas con la vivienda, y ha dejado que sea el sector privado el que se encargue de ello. Y el sector privado lo que no ha logrado es llegar sobre todo a las clases más empobrecidas. Pero más allá de esto, que es un tema ya antiguo, por así decirlo, viejo, que tiene ya mucho tiempo de reflexionarse, tenemos otro ingrediente que es más reciente: la globalización económica. Esta desde hace ya mucho tiempo facilita que cualquier fondo de pensión, por ejemplo, o fondo de inversión de cualquier lugar del mundo, pueda invertir en bienes raíces en otro lugar sin que siquiera sea necesario un traslado de un lugar a otro para ir con un notario [escribano público] y hacer una compra, sino que simplemente por medio de acciones que se mueven en el mercado de valores, que hoy está globalizado, se puede invertir en bienes raíces.
Hoy en el mercado bursátil no hay nada más atractivo para los negocios que el cemento, las construcciones. Esto hace que ya no veamos nunca –también porque el mercado del suelo, de la vivienda funciona de forma diferente a otros mercados– que haya, por ejemplo, una reducción de la demanda de vivienda.
No hay recetas frente a estas situaciones que se complejizan también con expresiones muy peculiares de este fenómeno, como son, por ejemplo, los alquileres turísticos por plataforma y otras situaciones que están aterrizando en nuestros países, incluso en América Latina. El hecho de que sea siempre más difícil comprar y, por lo tanto, veamos un incremento de los alquileres, por ejemplo, con una presencia muy fuerte en el acceso a la vivienda por alquiler justamente de las mujeres, mujeres jóvenes que en general en nuestros países están todavía sufriendo brechas salariales muy importantes y que, por lo tanto, son las más afectadas incluso al momento de querer acceder a un crédito o de querer comprar una vivienda, sobre todo si son mujeres jefas de hogar.
¿Cuáles son las acciones que tendrían que impulsar los gobiernos progresistas como un desafío que no han logrado resolver del todo, aun cuando han sido gobierno?
No hay una única solución para resolver esa crisis. Creemos que las soluciones, respuestas o ensayos, por lo menos, que deberían atreverse a hacer los gobiernos progresistas deberían ir en muchas líneas. Por un lado, la recuperación de la rectoría del Estado en lo que tiene que ver con el tema de la vivienda, del hábitat en general.
Volver a construir, volver a hacer más vivienda pública, una vivienda que realmente esté enfocada en las personas que menos tienen. Lograr romper esa lógica de políticas que llegan a cinco salarios mínimos por arriba y que nunca van más abajo. Pero ¿cómo se hace para hacer eso? Para tener recursos que permitan hacer de nuevo vivienda pública se debería poder poner gravámenes a la especulación, al mercado de los inmuebles, hacer políticas que permitan rescatar el suelo para lo público a partir justamente, por ejemplo, de estos gravámenes a propiedades no utilizadas o subutilizadas, o la obligación de construir sobre ellas, por ejemplo, estableciendo un porcentaje de vivienda pública o expropiando eventualmente en determinadas circunstancias. Pero también debería el Estado dar más apertura a otras formas de hacer vivienda que no son ni públicas ni privadas, que es todo lo que podríamos llamar la producción social del hábitat: la producción social de vivienda, las cooperativas de vivienda, que son la forma más significativa de hacer hábitat a partir de la gente, de sus necesidades y que hoy efectivamente tienen en Uruguay un ejemplo regional muy importante, pero que son y siguen siendo muy obstaculizadas en casi toda la región.
¿Y eso por qué? La relevancia de las cooperativas no se la tengo que contar a uruguayos y uruguayas, pero para otros lugares. Hoy en México se está hablando de volver a intentar posicionar una ley de cooperativas a nivel federal y ha habido muchos estados, muchos lugares que han buscado hacerlo. La centralidad que tienen para nosotras las cooperativas de usuarios es que la tierra queda en manos colectivas. Además de todo lo otro, está toda la cuestión relacionada con la autogestión, pero también protegida de procesos especulativos.
Siempre estamos hablando de otras fórmulas que podrían ir de la mano de las propias cooperativas, que son otras fórmulas no especulativas, como los fideicomisos de tierras urbanas, que en algunos países de América Latina empiezan a asomarse en las políticas, en las legislaciones, que no necesitan siempre un gran cambio jurídicamente hablando, sino el empleo de una figura jurídica que casi todos nuestros países tienen, que es la del fideicomiso. Entonces, todo esto es un paquete variado de políticas. Deberíamos, además, tener legislaciones relacionadas con los alquileres frente a un crecimiento de esa fórmula.
Desde la experiencia de HIC, ¿podrías contar por qué el acceso al suelo es determinante?
Hay que empezar siempre por eso cualquier debate que tengamos sobre hábitat, efectivamente. Lo que estamos notando es que desde hace mucho tiempo la única fórmula que muchas veces escuchan los gobiernos para enfrentar la inseguridad de la tenencia es la titulación. Eso ya tiene muchísimos años de haberse planteado.
Seguramente a las mujeres, y un poco para toda la población, tener una titularidad les da seguridad, tranquilidad, pero un poco el debate que siempre queremos poner sobre la mesa en HIC es que la propiedad no es la única fórmula o no debería ser la única fórmula para proteger a las personas frente a lo que puede ser el despojo, el desplazamiento debido a la ausencia, digamos, de esa seguridad. En primer lugar, decir que si nos vamos a los tratados internacionales, deberían los estados tener respuestas o garantizar seguridad de tenencia frente a despojo y desplazamiento tanto de aquellas personas que tienen el título como de aquellas personas que tienen simplemente la posesión de un bien. Entonces, eso debería obligar, por ejemplo, a considerar cierto tipo de posesión también como un instrumento, una herramienta importante para la seguridad de la tenencia.
Pero, en la práctica, lo que vemos es la forma en que la propiedad se ha erguido en nuestros países como un derecho absoluto, indiscutible, aunque en los tratados de derechos sociales la propiedad ni siquiera está mencionada, entonces tenemos mucha tendencia a creer que si no tienes título, no tienes derecho. No tienes derecho ni siquiera a los servicios públicos, que eso es un contrasentido absoluto, porque, efectivamente, nada en el marco internacional establece que una persona sin propiedad no tenga por qué recibir agua.
Pero llegamos a unos extremos muy, muy absurdos. Entonces, por un lado, sí creemos que habría que ampliar las fórmulas, incluso jurídicamente hablando, para reconocer que aquellas personas que tienen una posesión de una propiedad durante muchos años puedan ser tratadas de la misma forma que alguien que tenga [reconocido el derecho de] propiedad. Pero además debería, como decíamos, garantizarse, permitirse la propiedad colectiva, algo que sigue siendo un tabú casi en muchos países.
Hay mucha preocupación alrededor del florecimiento de experiencias colectivas basadas en la propiedad colectiva. Entonces, lo que se hace muchas veces en los países es simplemente “regularizar” algunas ocasiones hasta en situaciones de mucho riesgo para la población. Se titula así cuando incluso la población no debería estar en determinados lugares por su propio bien, por el riesgo que esto implica. Pero no hay ninguna otra fórmula para evitar que esta sea y siga siendo la vía mayoritaria para acceder al suelo.
No hay, en paralelo a estas campañas de titulación que seguimos viendo, políticas que realmente avancen para evitar esta situación. Entonces, política de suelo accesible, bolsas de suelo y otras fórmulas que no obliguen a las personas a ponerse, a vivir donde sea, porque es lo único que pueden hacer. Esto es lo que planteamos en HIC.
Por un lado, esa visión de que no sólo la propiedad debería darnos seguridad; por el otro, plantear justamente política de suelo que no obligue a la inseguridad a quienes necesitan acceder a una vivienda. Y luego, todo el tema del mejoramiento de barrios.
Concretamente en la vinculación entre la protección de la vivienda y situaciones de violencia basada en género, ¿cómo se han posicionado los movimientos populares urbanos?
En HIC desde hace muchos años existe un trabajo, desde antes de los 80, relacionado con toda esa cuestión de la situación especial de la mujer, de las diversidades, siempre más en relación con la vivienda. El discurso ha ido evolucionando, y algo que hemos visto ha sido también –y creo que eso ha sido fundamental– no sólo el reconocimiento del rol de las mujeres en todos los procesos de hábitat, sino también cómo tantas organizaciones –miembros de HIC, movimientos, sobre todo, pero no únicamente– han decidido en un momento dado construir espacios feministas dentro de los propios movimientos, como ha pasado en la Fucvam [Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua], en la Unión Nacional de Movimiento Popular, pero también en otras redes y espacios.
Y esto es así justamente porque uno de los problemas que pone sobre la mesa es el de la violencia, y hay obviamente más. Son temas que las organizaciones han sentido que era necesario que se trataran a partir de las mujeres y no como una entelequia. Me parece que es importante empezar por reconocer que las organizaciones han hecho esto dentro de su propia vida institucional. En relación con lo que planteas, nosotros como HIC evaluamos sobre todo en tiempos recientes, en la pandemia, por ejemplo, el tema de la violencia fue muy importante, muy relevante, desafortunadamente salió a la luz todavía más que en otros momentos.
A esto se suman los planteamientos que hacen varias organizaciones, justamente, de la cotitulación, de la posibilidad de la mujer de acceder a un crédito de forma autónoma. Durante mucho tiempo, por ejemplo, hemos tenido en el caso de México la legislación constitucional: la Constitución establece sólo que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, y esto a veces se interpretaba como que, si no hay una familia, no hay un hombre, una mujer, pues no se puede dar a una mujer sola, por ejemplo, un crédito. Esto ponía a la mujer en una situación de debilidad incluso cuando luego esta persona hubiera tenido una pareja posteriormente. Digamos que lo que han sido son planteamientos de relación justamente con esa posibilidad de que la mujer sea dueña de un espacio, la socia en el caso de las cooperativas, o sea, la que pueda heredar.
También había una serie de problemas en las zonas rurales relacionados con, por ejemplo, a quién le queda la herencia entre padres y madres que mueren y tienen una familia muy grande; normalmente les quedaba a los varones. En fin, ha habido todo un trabajo en este sentido para visibilizar esto, pero en relación con la violencia, sobre todo, se ha planteado que, independientemente de la titularidad, quienes cometen violencia tienen que salir de la vivienda. O sea, debe haber una solución, una respuesta estatal que permita a la mujer y a las hijas quedarse en la vivienda cuando el provocador de la violencia es el hombre, es el padre, es la pareja.
Entonces estos han sido los planteamientos. Permitir que, independientemente de lo que ha sido el esfuerzo para que a la mujer se le reconozca formalmente el derecho a quedarse, lo tuviera en una situación de violencia para evitar que a la violencia se sumara, digamos, la problemática de tener que salir en busca de una alternativa. También durante la pandemia, pero no únicamente, se ha planteado con mucha fuerza la necesidad de incrementar los espacios seguros para las mujeres, espacios donde eventualmente poderse ir a vivir con la familia, con los hijos, con les hijes, a partir de una situación de violencia, donde resguardarse.
Habitamos conflictos de muy distintas escalas y dimensiones, que no necesariamente convergen. Por un lado, enfrentamos procesos que no llegan a los debates más locales sobre resistencias urbanas, pero que al mismo tiempo inciden en la manera en que se van implementando las políticas habitacionales o se transforman las ciudades en nuestros países. Entonces, entre la emergencia cotidiana y la resistencia a los cambios estructurales, ¿qué les queda a las organizaciones populares?
Sí, es todo un gran desafío, efectivamente, porque, como dices, estamos en una situación de gran complejidad en la que, además, hay actores determinando mucho de lo que sucede en los territorios. Entonces, efectivamente, lo que, por ejemplo, hemos empezado a imaginar aquí en la Ciudad de México es impulsar la educación cooperativista, por ejemplo, que es un tema que sigue siendo necesario en muchos lados. Aquí se está viendo que hay una apertura para volver a discutir el tema de las cooperativas de vivienda, que después de casi un siglo estén en la Constitución, pero en paralelo también hay varias formaciones en relación con estas macropolíticas de vivienda de financiarización que impactan tanto en la realidad de las personas, entre tantas cosas. La formación vuelve a estar en el centro de este debate: la formación política en cuanto a cómo se resuelve, cómo se construyen determinadas soluciones alternativas, no especulativas, centradas en el bienestar de la población y en diálogo respetuoso con el entorno de la naturaleza, cómo incluir en estos debates lo que está afuera, lo que nos impone determinadas crisis o situaciones territoriales. Lo que estamos evaluando es la necesidad de que haya una mayor comprensión de estos fenómenos tan complejos de entenderse, de explicarse.
Hoy en México estamos hablando mucho, por ejemplo, del concepto de gentrificación, un concepto que tiene casi 70 años de existencia y recién está llegando al debate público. El debate de la financiarización lo tenemos muy lejos: comprender realmente, en concreto, qué quiere decir que nuestras viviendas están altamente mercantilizadas en un mercado global de bienes, que además son bienes especulativos, ya no productivos. Hoy no hay un capitalismo productivo, es un capitalismo altamente especulativo y de cosas intangibles. Este es un debate que todavía no está [instalado] de forma profunda en el ámbito público, pero a veces ni siquiera en el ámbito de la movilización popular alrededor de estos temas. Es normal, porque es relativamente nuevo, porque es altamente especializado y porque nadie quiere que se entienda realmente. Porque entender es también poder tomar medidas.
Es significativo que se trata de un debate que los estados tampoco están enfrentando realmente. No hay un único tratado que hable realmente de cómo sacamos la vivienda de la financiarización, no hay un debate de ese tipo. Hay una movilización social, en muchos países, sobre todo los europeos, y se están planteando soluciones, pero muchas son soluciones nacionales y de todas formas no constituyen un debate más global, pero se les está pidiendo a los estados que lo peleen en otras arenas. Pero la toma de conciencia de la complejidad de la crisis actual es un primer paso para que también complejicemos nuestros discursos, nuestras propuestas y podamos, de alguna manera, dialogar en otros ámbitos. No es un problema de la movilización social, es un problema que va más allá, se trata de empezar a aterrizar algo que estamos intentando impulsar. Así como hace algunos años impulsamos talleres sobre desalojos, sobre cómo defenderse frente a ellos, sentimos otra vez que la formación política alrededor de este capitalismo financiarizado es muy necesaria para poder profundizar también nuestras estrategias sin que esto implique que nuestra acción de nuestro día a día no siga siendo fundamental, porque finalmente el problema se ve. A veces no se sabe de dónde viene, y que no es un problema local, municipal; sabemos que es mucho más profundo y muchas veces las autoridades también nos piden que las respaldemos en estas luchas. Hay esfuerzos de municipalistas para articular ciudades frente a este fenómeno, y allí radica el poder: crear el poder popular alrededor de estas fórmulas cada vez más sofisticadas de despojo.
Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.