Rumbo a las elecciones, Cabildo Abierto (CA) elabora su programa con la seguridad pública como tema central. Algunas de las propuestas que su equipo programático tiene sobre la mesa incluyen aumentar la presencia policial, reforzar las comisarías, implementar un mayor combate al narcotráfico y construir una nueva cárcel de máxima de seguridad, así como insistir con el trabajo obligatorio para los privados de libertad.
Antonio Romanelli, coordinador del equipo de seguridad de CA, señaló a la diaria que proponen una “gran reforma” del sistema carcelario. “Lo primero que queremos es tener menos presos. Tenemos que buscar la forma para no tener 15.000 presos y unos 10.000 con medidas alternativas. Tenemos que tener menos, pero queremos tener a los presos peligrosos y a los reclusos que integran organizaciones importantes, transnacionales, en una cárcel de alta seguridad”, sostuvo. Estos delincuentes, según sostuvo el líder del partido, Guido Manini Ríos, en su audición en radio Oriental, este martes, deberían tener “estrictas medidas de aislamiento”, sin celulares, y “todos los controles pertinentes”.
Romanelli detalló que quieren una cárcel con “toda” la tecnología, el equipamiento y que “no sea para más de 100 personas”. En ese sentido, expresó que propondrán dos cárceles más “de mínima” seguridad, porque las actuales “son deplorables”, y así lo indican las observaciones y auditorías que ha habido de organismos internacionales que “nos señalan mal”, recordó el cabildante.
“Creo que los uruguayos no se merecen el sistema carcelario que tenemos. No podemos mirar para el costado, hay que hacer una gran inversión detrás de todo esto y en la parte de rehabilitación. Tratar de localizar a todos los rehabilitables y que tengan las máximas posibilidades de trabajar, que el trabajo sea obligatorio. Establecer un horario y darles las posibilidades. Que sea obligatorio y remunerado, que sus familias se beneficien de ese trabajo también, si no es un trabajo esclavo”, insistió.
Por su parte, otro de los asesores en seguridad de CA, Jorge Gómez, dijo a la diaria que el trabajo obligatorio de los privados de libertad es un “método” de reinserción y de incorporación de los hábitos laborales. No obstante, consultado sobre si es inconstitucional obligar a trabajar a una persona, Gómez reconoció que “hay opiniones filosóficas de derecho que dicen que no se puede obligar a un recluso a trabajar si no quiere”.
En ese sentido, señaló que comparten que es “mejor” que sea voluntario; empero, recordó que existe el convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1930, que estipula en su artículo 2 que “no se considerará como trabajo obligatorio o forzoso aquel que lo desempeñe siempre y cuando esté condenado judicialmente”, y que la única condición es que no puede ser en beneficio de una empresa privada.
“Ese convenio fue ratificado por Uruguay en 1995 por la Ley 16.663, es decir, es vinculante tanto en lo que se puede hacer como en lo que no. Ese punto habilita a que el Estado uruguayo perfectamente lo pueda hacer”, apuntó.
En tanto, Romanelli valoró positivamente que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado haya pasado a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y destacó la creación del Espacio de Capacitación y Oportunidades Sociolaborales para personas que recuperaron la libertad. Sin embargo, consideró que “falta mucho más” porque ese tipo de iniciativas “son para muy pocos”. “Tenemos que tratar de apostar a toda esa gente y tratar de recuperarla, que sientan que el Estado les da oportunidades. Hay que hacer un gran esfuerzo en eso; el sistema carcelario está atado a la criminalidad que tenemos en la vía pública”, evaluó.
“Blindaje” para que Uruguay sea “hostil” con el crimen organizado
Gómez señaló que en su programa CA planteará un “blindaje” de Uruguay para que el país sea un “territorio hostil” para todas las actividades vinculadas al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, el tráfico de armas o el tráfico de personas, entre otros delitos. En ese sentido, dijo que hay que establecer medidas de inteligencia para que exista una vinculación con todas las organizaciones que combatan estas actividades “a nivel internacional, pero también regional”.
En ese marco, Gómez dijo que proponen blindar la frontera y que haya una oficina de análisis de la Dirección de Inteligencia “para ver todo el ingreso de personas extranjeras y la permanencia de control de sus actividades en el país”, así como “cambiar o ampliar” las potestades que tiene esta dependencia del Ministerio del Interior.
“Actualmente, Migración lo hace desde el punto de vista administrativo, de control, pero no controla la permanencia de los extranjeros en el país, no controla su residencia ni sus actividades o su pasado, eventualmente delictivos”, señaló Gómez, aunque aclaró que no se refieren a ir en contra de los tratados internacionales sobre libre circulación, pero “sí controlar quiénes ingresan y con qué intenciones y qué actividades realizan”.