A pocos días de la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, ante la Comisión Permanente del Parlamento, que será este martes, para informar sobre el estado de situación en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el presidente Luis Lacalle Pou autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a transferir a la delegación uruguaya en el organismo binacional “hasta la suma de 744 millones de pesos uruguayos por concepto de aporte del Estado para el ejercicio 2024”, de acuerdo a una resolución de Presidencia del pasado lunes, que no fue observada por el Tribunal de Cuentas.
El intendente de Canelones y precandidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, adjuntó la resolución en X y comentó: “Se fue el balde y la cadena. Pero no se resolvió ni se cumplió con lo manifestado en el Parlamento. Y ahora esto parece validar las peores prácticas”, en referencia a la treintena de militantes blancos y colorados que ingresaron de forma directa a la CTM durante la gestión del nacionalista Carlos Albisu, quien renunció al organismo binacional en setiembre del año pasado.
Se fue el balde y la cadena. Pero no se resolvió ni se cumplió con lo manifestado en el parlamento. Y ahora esto parece validar las peores prácticas pic.twitter.com/LeK4dtXfV6
— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) February 3, 2024
Por su parte, el diputado frenteamplista Nicolás Viera señaló a la diaria que, si bien se trata de “la partida que el Poder Ejecutivo tiene que enviarle” a la CTM, “también es cierto que la delegación uruguaya no tiene ganas de ser controlada y el Poder Ejecutivo no hace nada por controlarla”. Afirmó que en Salto Grande “existe un claro despilfarro de ese dinero”, que “ha servido de beneficio privado a una parte del Partido Nacional [PN] y una parte del Partido Colorado para financiar sus militantes en Salto”.
Orsi “está mintiendo con fines políticos”, manifestó a la diaria el diputado nacionalista Alfonso Lereté. Señaló que, en 2019, el entonces presidente Tabaré Vázquez también aprobó una partida de 744 millones de pesos como “una cifra de refuerzo” para la CTM. Por eso, dijo que “lo positivo” de esta última resolución “es que la partida no tuvo ninguna alteración”, a diferencia de la partida extra de 200 millones de pesos que el Poder Ejecutivo le otorgó a la CTM en agosto del año pasado, que provocó una interpelación y la renuncia de Albisu.
Para Lereté, el intendente de Canelones, aun “sabiendo esta información”, “tergiversa” la resolución de Presidencia “para generar el malestar y la bronca de la ciudadanía contra el gobierno”. Afirmó que el precandidato del FA “está generando una suerte de falacia a los efectos de hostigar al gobierno”, y consideró que “lo mínimo que se merece el gobierno, y quien firma esa resolución [Lacalle Pou], es un pedido de disculpas”.
Paganini en el Parlamento
A partir de las 10.00 de este martes, la Comisión Permanente del Parlamento recibirá a Paganini para que informe sobre la gestión de la delegación uruguaya en Salto Grande. No obstante, el canciller ya adelantó que no habrá “demasiadas novedades”. “Nosotros en su momento fuimos a la Comisión de Asuntos Internacionales [de Diputados] y dimos información al respecto; francamente, no creo que haya demasiadas novedades al respecto”, manifestó el jerarca el pasado jueves en una rueda de prensa.
En octubre del año pasado, una interpelación a la titular del MEF, Azucena Arbeleche, y al entonces canciller, Francisco Bustillo, por las designaciones directas en Salto Grande, finalizó con una resolución, aprobada por unanimidad, de la Cámara de Diputados, que, entre otras cosas, exigía “el cese de todos los contratos que en forma discrecional se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020”.
Según informó Paganini en su visita a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados en diciembre de 2023, a la fecha se habían resuelto “23 situaciones sobre un total de 35”. De esos 23 ingresos en forma directa, siete “ya no son funcionarios” de la CTM porque “renunciaron” o porque sus contratos vencieron “y no fueron renovados”; uno se jubilará en marzo de 2025 y los restantes 15 “aceptaron, por voluntad propia, renunciar a su condición de funcionario permanente y pasar a una modalidad de contrato anual renovable”. Con respecto a las “12 situaciones no resueltas”, Paganini dijo que “en algún caso se presentó renuncia voluntaria”, pero “la delegación argentina no lo aprobó”, de acuerdo a la versión taquigráfica.
En resumen, Viera dijo que “de los 35 cargos metidos a dedo solamente se cumplió en siete casos con lo dispuesto por el Parlamento”. A su entender, “lo que está sucediendo por la vía de los hechos es que el Estado uruguayo les está financiando los punteros políticos a Álvaro Delgado en Salto”, en referencia al apoyo del precandidato del PN a la candidatura de Albisu a la intendencia de Salto.
Asimismo, al término de la interpelación, únicamente con los votos del FA y Cabildo Abierto (CA), la Cámara de Diputados exigió “la renuncia del resto de los delegados uruguayos”, es decir, los nacionalistas Martín Burutarán y Daniel Arcieri y el colorado Nicolás Irigoyen.
Este punto de la resolución de la cámara baja no se ha cumplido y, según manifestó Paganini, no se cumplirá. “El Poder Ejecutivo entiende que la responsabilidad política por lo hecho ya fue asumida por el expresidente de la delegación [uruguaya], el doctor Carlos Albisu”, expresó el canciller en la comisión. Dijo que “lo hecho en cuanto a la delegación es suficiente”, aunque aclaró que el gobierno mantendrá “un seguimiento estricto de lo que allí sucede, y si hay desvíos, veremos”.
Para Viera, “alcanzaba con que el presidente de la República decidiera su cese”, en relación a los tres integrantes de la delegación uruguaya, pero el mandatario “no quiso hacerlo, o sea, está avalando la joda y todos los episodios de corrupción que se están dando en Salto Grande”. Viera aseguró que si el episodio de la CTM “se hubiese dado bajo el régimen jurídico uruguayo”, y no bajo “el derecho internacional”, “más de uno estaba en cana”. “Acá se dieron irregularidades muy graves, que en algunos casos computan delito, pero bueno, no los podemos juzgar por el régimen uruguayo y entonces queda en agua de borrajas”.
En tanto, el diputado frenteamplista Mariano Tucci dijo a la diaria que “hay que mirar con mucha atención todos estos hechos de dudosa transparencia que vienen acompañando a este gobierno para que no se repitan”. Cuestionó especialmente a Delgado, quien siendo el precandidato del PN “que va a ganar” la elección interna, “fue a abrazar a Albisu después de todo el descarranche que armó”.
El diputado del FA Carlos Varela agregó que “el tema de fondo” es la adjudicación de más de 30 cargos “en forma directa” y “con sueldos insólitos”. Asimismo, afirmó que “lo más grave es que no se haya cumplido con una decisión del Parlamento”, que además fue respaldada por “sectores del gobierno”. “Eso a nosotros nos parece gravísimo”, subrayó.
Por su parte, el senador de CA Guillermo Domenech dijo a la diaria que lo de Salto Grande fue “un caso muy claro de clientelismo político”. Dijo que la coalición de gobierno “tiene responsabilidad” en el asunto, y opinó que “hay que ser drástico” y “cumplir con lo que dispuso la Cámara de Representantes”.