La inauguración del Centro de Referencia de Políticas Sociales en Casavalle, también denominado Aparicio Saravia, contó con la presencia de autoridades de la primera línea del gobierno y del presidente Luis Lacalle Pou. Durante su discurso, el mandatario aseguró que este gobierno hará hincapié en “invertir recursos del Estado donde se necesitan, y no en historias locas que se llevan el dinero de la gente”.
A ese evento le siguió la apertura el lunes del Espacio de Capacitación y Oportunidades Sociolaborales de la Dirección Nacional del Liberado, donde el presidente dijo que esta política pública está inspirada en la “convicción humanista” del gobierno, que se traduce en “repeler el delito”, pero también en garantizar “las segundas oportunidades”.
Lacalle Pou puntualizó que no se trataba de una “decisión aislada”, y mencionó también la inauguración del centro de Casavalle y del Hospital del Cerro y el realojo del asentamiento Kennedy, en Maldonado. “Quizá hoy se hable más del tema o esté más en discusión porque empieza el calorcito de la urna, y estos temas generan debate político, y está bien que lo generen. [Pero] esto ha sido una constante en todo el gobierno, ha sido una constante de pequeñas grandes cosas”, recalcó.
Desde el Frente Amplio (FA) cuestionan que el gobierno impulse políticas públicas de este tipo durante el año electoral. La diputada Cristina Lustemberg dijo a la diaria que acompaña todas las acciones para que el “Estado esté más cerca de las personas”, pero consideró que es “grave” que recién en el último año de gobierno se cree el Centro de Referencia en Política Social cuando “en la campaña [anterior] justamente decían que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se iba a instalar en Casavalle”.
“Lo llamativo es que en este año electoral haya en demasía inauguraciones de cosas que se tendrían que haber hecho muchísimo antes porque los indicadores más duros muestran que estamos teniendo dificultades en todas las políticas sociales: salud, vivienda, infancia”, apuntó.
La película: mayor presupuesto, pero un “mecanismo asistencial”
“Nunca un gobierno hizo tanto esfuerzo en materia social como este”, respondió el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, a los cuestionamientos de la oposición. El jerarca agregó en diálogo con la diaria que durante “todo el período” se han hecho “inauguraciones con un impacto social muy importante” y mencionó la reapertura del centro Tiburcio Cachón, la Ciudad Universitaria Jorge Larrañaga y el Centro de Referencia de Políticas Sociales en Salto.
“Hay diferentes acciones sociales de fortalecimiento territorial; desplazando a las ONG pasamos de diez horas semanales por equipo a 30 horas por técnico por semana. En el centro de Casavalle, al haber 16 instituciones [implicadas], lleva mucho tiempo de coordinación y la preparación de eso fue anunciada mucho antes. Es una apuesta histórica de una acción inédita. El tema es que el Frente Amplio parece que se amarga con [nuestras] acciones sociales”, apuntó.
Daniel Olesker, exministro de Salud Pública y Desarrollo Social durante el segundo gobierno frenteamplista, que coincidió este miércoles con Lema en la inauguración de La Casa de los Sueños –una propuesta sociocultural dirigida a personas en situación de calle–, dijo a la diaria que es necesario “evitar la tentación de mirar la foto” y, en cambio, “mirar la película”. “Si uno mira la foto actual, va a ver que se inaugura el centro de Casavalle, se inaugura esto [el centro sociocultural], que es una gran cosa y creo que debería haber cien en todo el país”.
Pero, ¿qué sucedió en el largo plazo? Olesker puntualizó que el accionar del Mides, históricamente, se dividió en dos grandes bloques: “Las transferencias monetarias, que permitían a la gente tener un poco más de libertad, subirse a un banquito y mirar el mundo de otra manera. Y las políticas de salida de esa situación, de trayectoria y de oportunidad”.
El economista relató que durante las administraciones del FA hubo una primera etapa, en el primer gobierno, en la que se priorizaron las transferencias monetarias. Luego, a partir de 2011, “se desarrolló una política fuerte programática”, con la creación de los programas Jóvenes en red, Uruguay Crece Contigo, los Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF) y los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat), que “estaban desde antes, pero crecieron bastante” en ese período.
“Cuando nacieron estos programas, yo llegué al Consejo de Ministros, muy contento, y le dije a [José] Mujica: ‘Mirá, Pepe, bajó la pobreza [pasó de 39,9% en 2004 a 13,7% en 2011]’. Pepe me miró y me dijo: ‘Pero yo veo pobres todo el tiempo. Vamos a trabajar para este núcleo que quedó’. Ahí nacieron los programas”, relató Olesker.
Sin embargo, agregó que, en la actualidad, “mayoritariamente todos ellos se desarmaron” y eso determinó que la presencia del Mides en el territorio fuera “casi nula”. Para Olesker, “el balance de la película” es que la política social pasó de un “mecanismo de asistencia con proyectos de salida a un mecanismo asistencial”. En suma, opinó que las recientes inauguraciones “son aspectos esporádicos de una política que básicamente no se preocupó por las personas”.
Los indicadores sociales
Era octubre de 2022 y el entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, era sincero: “Parecería ser claramente que no mejoró, en todo caso, pese a las transferencias monetarias. No tengo una respuesta explicativa para eso, no le voy a inventar algo que no tengo, hemos pensado y la verdad es que no lo tenemos”. En entrevista con radio Carve, Alfie se refería al 10,6% de pobreza que se registró en 2021 -por debajo del 11,6% de 2020 y por encima del 8,8% de 2019- y su vínculo con el dinero destinado a las políticas sociales.
Según números de la OPP, en este período de gobierno, año tras año, el área de “protección social” -que incluye al Mides, el INAU y otros organismos estatales- ha ganado peso dentro del presupuesto nacional. En 2019, a protección social le correspondió el 3,37% del presupuesto ejecutado, mientras que en 2022 le correspondió el 4,57%. También se observa un aumento proporcional a favor del Mides en la distribución del presupuesto nacional, si bien desde el FA advierten que esto responde a un cambio contable en las asignaciones familiares.
Olesker sostuvo que, a diferencia de lo que sucedió con otros ministerios que tuvieron recortes durante la pandemia, el Mides “no tuvo un ajuste presupuestal”, pero “mayoritariamente el presupuesto se trasladó a las transferencias monetarias”, a través de la creación del programa Bono Crianza y el fortalecimiento de la Tarjeta Uruguay Social, detalló.
En diálogo con la diaria, el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, aseguró que “definitivamente hubo un aumento en la asignación presupuestal para el Mides” en el último tiempo. “Está claro que hubo aumentos reales, tanto por las situaciones de emergencia que tuvimos que atender, como también por aumentos estructurales en el presupuesto”, afirmó; y mencionó a modo de ejemplo el Bono Crianza, que comprende a hogares con embarazadas y menores de cero a tres años y cubre a “más de 30.000 beneficiarios”.
Sin embargo, Lustemberg, exsubsecretaria de Salud Pública entre 2015 y 2017, entiende que el país tiene un “gran debe” en materia social y sostuvo que, aunque en las últimas rendiciones de cuentas se puede ver un crecimiento del gasto, “los resultados empeoraron”. Lustemberg precisó que, más allá de los “impactos de la pandemia –que no los desconocemos, pero no pueden ser la justificación política de todos los años–, los indicadores de pobreza infantil, de inseguridad alimentaria o de personas en situación de calle” muestran que “tenemos un retroceso”.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a la primera mitad de 2023, marcan que 10,4% de la población está por debajo de la línea de pobreza. El número se agrava de manera considerable en los más pequeños: uno de cada cinco niños menores de seis años es pobre (20,9%) y sufre inseguridad alimentaria moderada o grave (19,9%). Tampoco se constató un descenso en la cantidad de personas en situación de calle: por el contrario, entre 2021 y 2023 se registró un aumento de 48% en las personas que duermen a la intemperie.
Consultado al respecto, Manzi señaló que “el Mides muchas veces actúa cuando ya se presenta una situación de extrema complejidad”. En el caso de las personas en situación de calle, “es el último eslabón”, apuntó. En cuanto al aumento de la pobreza infantil, afirmó que “la comparación con 2019 no se puede hacer seriamente sin tomar en cuenta los efectos de lo que fue la peor crisis sociosanitaria que nos tocó vivir”. “Naturalmente, es imposible que los problemas estructurales tengan un cambio de un día para otro, sumando además las tres o cuatro crisis que nos tocó enfrentar, pero estamos convencidos de que el despliegue de acciones y programas que hemos hecho están en el camino correcto”, agregó.
El rol del Mides en el territorio
A mitad del período, el Mides decidió cambiar [el modelo de abordaje territorial y sustituir los Socat -gestionados por las organizaciones de la sociedad civil en convenio con el ministerio, que tenían como propósito promover el desarrollo comunitario en diversas zonas de alta vulnerabilidad social- por técnicos contratados para la tarea. En algunos casos, como en Malvín Norte, los vecinos y vecinas se movilizaron en contra de la decisión.
Paula Baleato, coordinadora de El Abrojo, una organización de la sociedad civil referente en la ejecución de proyectos socioeducativos, explicó a la diaria que las carencias a nivel de políticas sociales se arrastraban desde antes de este período de gobierno. Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil en muchos casos tenían una “mirada crítica” de “algunos dispositivos en territorio”, como era el caso de los Socat, los ETAF y Jóvenes en red.
El problema era justamente el rol “limitado” de las organizaciones de la sociedad civil en cualquiera de esos dispositivos y “la carencia importante de recursos en territorio”. “Entonces este período de gobierno lo que vino es a profundizar de algún modo una insuficiencia que ya estaba”, evaluó.
Para Baleato, “si uno mira las políticas sociales de los últimos 20 años, no hay grandes innovaciones”. Los grandes desafíos, a su entender, tienen que ver “con poder pensar en una nueva generación de políticas sociales”, de “carácter interseccional”, con “base comunitaria” en el territorio, que abarque la “integralidad” y fortalezca “los espacios más universales”.
Baleato considera que se necesitan “buenas políticas de salud, de educación, de vivienda, de trabajo y de cuidados”, y agregó que es necesario plantearnos “el fin de la hiperfocalización y la hiperespecialización y poder pensar en la integralidad y en lo común”.
La situación del Sistema de Cuidados
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) enfrentó problemas institucionales que impactaron en la implementación de la política pública. Valentina Perrotta, doctora en Sociología, que representa a la Universidad de la República (Udelar) en el Comité Consultivo de Cuidados, indicó a la diaria que la primera “señal negativa” que dio la administración fue unificar la Secretaría Nacional de Cuidados con el Programa Nacional de Discapacidad.
Esto mostró una “falta de comprensión de lo que es un sistema de cuidados, que no es un programa”, pero además no se entendió que son agendas que si bien se pueden tocar, “son muchísimo más amplias para unificar”. A su entender, “aunque el gobierno diga lo contrario”, se debilita la política pública “porque hay una institucionalidad que tenía más funcionarios especializados, más presupuesto y ahora está todo en una sola secretaría”.
Perrotta también recordó que de marzo de 2020 a junio de 2021 pasaron tres secretarios nacionales de Cuidados. “Esto también fue mostrando que no tenían un perfil de alguien que viniera con formación y compromiso con la temática. Además, esto fue complicando que la administración comprendiera de qué se trataba esto y fuera afianzando la maquinaria interinstitucional que requiere un sistema”, expresó.
El programa de asistentes personales, por el cual se brinda cuidado a domicilio para personas que tienen una dependencia severa, también enfrentó problemas. Se trata de un programa que requiere una “ingeniería bastante compleja” de formación, supervisión y contratación. “Es cierto que la forma de contratación de esas trabajadoras, que son en su mayoría mujeres, no fue la ideal, porque la forma del contrato de esas personas implicaba que, en el caso del despido, la familia es la que tiene que hacerse cargo del despido, generándole un costo”, explicó.
De todas formas, “el programa funcionaba y, de hecho, tenía evaluaciones positivas” de usuarios y trabajadoras. Sin embargo, cuando asumió el gobierno, las autoridades anunciaron que hasta que no se resolviera la forma de contratación el sistema no visitaría a más personas para ingresar al programa. “Estamos hablando de personas y niños con una dependencia severa que se habían anotado en 2020 y que en 2022 el ministerio no los había ido a visitar para valorar si tenían o no la dependencia y si les correspondía el programa”, relató Perrotta.
Si bien actualmente “está funcionando normalmente”, al finalizar el período “vamos a tener alrededor de 6.000 personas [abarcadas por el programa] como teníamos en diciembre de 2019”. A su entender, esto es un “retroceso”, porque en cinco años se debería “haber aumentado sustantivamente la cobertura”, ya que “el sistema está basado en el principio de universalidad, que es que cada persona tiene el derecho a recibir cuidados”.
Según datos del Mides, la cobertura pública de atención de niños de cero a tres años aumentó de 77.636 en 2019 a 78.344 en 2022, es decir, 708 niños más. Esto supuso un incremento de la tasa global de cobertura pública de 43,4 a 53,0. Además, en el mismo período se crearon 35 centros de atención en el INAU, pero se cerraron 40 centros de atención en la ANEP.
Perrotta puntualizó que el aumento de cobertura es “muy menor” si se compara con los 16.000 niños que se habían integrado al sistema en el período de 2015 a 2020. Señaló que los “impactos en términos absolutos de números de niños nuevos, personas mayores o personas con dependencias que accedieron a nuevos cupos son muy menores”.