La bancada del Frente Amplio (FA) en el Senado analizará el lunes si citará al Parlamento al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, luego de que se revelara que el exdirector del ex Comcar Carlos Taroco trató de silenciar a víctimas e involucró a policías en el marco del caso del exsenador nacionalista Gustavo Penadés, condenado por explotación sexual de menores, entre otros delitos de índole sexual.
Esta semana, el periodista Eduardo Preve, en el programa Nada que perder en M24, informó que el exjerarca policial admitió que había víctimas que estaban presas por incurrir en delitos, a las que “amedrentaba, trataba de silenciarlos o les ofrecía cambiar el testimonio a cambio de beneficios”.
En ese marco, reconoció que recibió dinero en varias oportunidades por parte del exlegislador blanco y, además, admitió que a policías que estaban bajo sus funciones les daba horas libres y dinero para que investigaran a las víctimas de Penadés.
La fiscal Alicia Ghione dijo, en la audiencia en la que se llegó a un acuerdo abreviado con el ahora condenado, que se organizó una investigación “alrededor” de las víctimas, en la que se buscó información por medio del sistema de gestión policial, como también del Sistema de Gestión de Seguridad Pública y del Sistema de Gestión Carcelaria.
Ghione, que también investigó el celular de Taroco, confirmó la trama en la que buscaba beneficiarse a Penadés: el plan consistía en investigar a las víctimas y averiguar todos sus vínculos. Para ello, dijo, hicieron un seguimiento en las calles, y una vigilancia de sus domicilios para obtener información sobre su vida privada y “poder averiguar quiénes eran las otras víctimas de Penadés”. A partir de allí fue que se elaboró un flujograma.
Asimismo, la fiscal señaló que Taroco, director de una de las principales cárceles del país, podía acceder “con facilidad” a “presuntas” víctimas. Según la magistrada, algunas no lo eran. “Las indicaban como víctimas, y ordenaban sus traslados al Comcar y luego los intentaban silenciar, amedrentar o hacer algún intercambio para que declararan a favor de Penadés o cambiaran el relato”, apuntó la fiscal.
El objetivo era montar una “trama” en la que se pretendía que el entonces senador quedara como la víctima de una operación para inculparlo. En el centro estaba Jonathan Mastropierro, joven que en 2019 se volvió conocido por realizar una serie de estafas a financieras y otros organismos internacionales como Unicef.
Tras haber alcanzado el acuerdo abreviado, Taroco fue condenado a tres años de penitenciaría por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir. Quedó inhabilitado por tres años para ejercer cargos públicos, y debe pagar una multa de 51 unidades reajustables y resarcir a las víctimas con 12 salarios, tal como dispone la ley de violencia basada en género en su artículo 80.
En tanto, por este caso, entre los condenados se encuentra el exfuncionario del Parlamento uruguayo y exdirector de la Secretaría Parlamentaria del Parlasur Diego Cuiñas, que conocía al exdirector del Comcar por su pertenencia a la masonería, un exfutbolista y un asesor personal de Cuiñas que dieron soporte para que el equipo se reuniera y dos policías que participaron en la investigación. Al igual que Taroco, quienes integraron el equipo fueron condenados por los delitos de asociación para delinquir, revelación de secreto y cohecho en algunos casos.
En diálogo con la diaria, Mastropierro señaló que el caso dejó al descubierto que “cualquier persona con poder” puede utilizarlo, porque “no hay mucho control”, dado que no se fiscaliza “tanto el uso que se les dan a las cosas”.
Al ser consultado sobre la condena a Taroco, sostuvo que se “marcó un antes y un después”, porque “se les está dando un mensaje claro a las personas que se quieran prestar para algo así. No importa que tenga un cargo”. Por otro lado, consideró que hay una Fiscalía “sólida” y que la fiscal Ghione “sabe, es muy profesional, está parada firme, no se deja pasar por arriba y no le importa quién sea”.
Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli durante el acto del Día del Policía Caído en Cumplimiento del Deber (archivo, noviembre de 2023).
Foto: Alessandro Maradei
Corrupción policial
Federico del Castillo, antropólogo especializado en temáticas policiales, señaló a la diaria que a lo largo de estos años de gestión, en la que variaron los ministros –unos por fuerza mayor y otros por irregularidades–, no se ha visto una actitud “proactiva” del gobierno para prevenir la corrupción policial, como se dio en este caso de Taroco. “También para actuar de forma firme transmitiendo un mensaje. No vemos un fortalecimiento de Asuntos Internos, no hay una demanda de auditorías externas, de investigaciones sobre la Policía, ni tampoco mecanismos de transparencia con la sociedad civil y con organizaciones. Hay mucha opacidad”, opinó.
Asimismo, sostuvo que “nunca” hubo una “puesta en cuestión” de los jefes involucrados en este tipo de actos. A modo de ejemplo, citó al exministro Luis Alberto Heber, ya que eso “ha sido un rasgo” en su gestión.
Según Del Castillo, “estamos viendo que hay policías que obtienen prebendas del poder político”, quizá a través de “ciertos arreglos individuales de protección, de premiaciones con cargos, de beneficios concretos que obtienen los policías y que aparecen claramente aquí en el caso de Penadés y de Taroco”.
Señaló que, en este caso, se trató de “un senador que, en definitiva, fue protegido por el propio ministro del Interior, entonces me parece que nos abre muchas preguntas sobre cómo se consustancia ese pacto entre política y Policía”.
Si bien la Policía uruguaya es “bastante robusta en términos de imagen” en comparación con las de la región, se preguntó “cuál va a ser el impacto de estos casos en un futuro” por “si la imagen de la policía se ve deslegitimada”.
“Hay una pregunta que está anidada en esa: ¿cuáles son los efectos que van a tener estos casos sobre posibles intentos de reforma policial que vengan en el futuro? Porque en estos casos en los que vemos puntas de icebergs hay muchas incógnitas sobre hasta dónde están arraigadas estas prácticas dentro de la institución policial y cómo van a resistir estas estructuras criminales que operan dentro de la Policía ante futuros intentos de transformación, de modernización y de legitimación policial”, reflexionó.
Las acciones políticas
La investigación paralela que llevó adelante Taroco para salvaguardar a Penadés había motivado, en octubre, una interpelación por parte del FA al entonces ministro Heber, pero no pudo ser porque días después el jerarca dio un paso al costado en el marco del caso Marset, que causó una crisis en el Poder Ejecutivo. Antes, Heber había comparecido por voluntad propia ante el Parlamento en régimen de comisión general y asegurado que “el accionar de la Policía fue impecable”.
Heber apuntó que Ghione trabajó junto al Departamento de Investigación de Delitos Especiales, “uno de los mejores equipos que tiene la Policía”, y sostuvo que ese equipo fue el que “descubrió” a los “malos policías”, que, “actuando en forma individual, trataron de entorpecer la investigación” de la Fiscalía.
El lunes el FA analizará si citar a Martinelli. La senadora frenteamplista Liliam Kechichian dijo días atrás a la diaria que “la responsabilidad política” por la actuación de Taroco y otros funcionarios policiales “la tiene el ministro actual”, Martinelli, quien “tendrá que informar sobre la gestión pasada”. Asimismo, señaló que “hay algunas figuras” que continúan en sus cargos, pese a la salida de Heber, por ejemplo, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza.
No obstante, hay quienes dentro del FA creen que la Fiscalía ya laudó el tema al condenar a Taroco, por lo que no sería necesario una citación al actual jerarca.