La vivienda es uno de los focos del Frente Amplio (FA) en esta campaña. En sus bases programáticas se propone “la reconstrucción o reactivación de los programas sociales que el actual gobierno ha eliminado o suspendido” y, concretamente sobre la vivienda, se habla de que un eventual gobierno del FA deberá “priorizar la ejecución de programas de atención a la emergencia habitacional” con base en fomentar “alternativas a la propiedad privada individual, promoviendo proyectos inclusivos, evitando la segregación”.
Entre los 12 puntos que plantea el FA en esta materia hay uno en el que se propone “desarrollar de manera enérgica la política nacional de alquileres” mediante la combinación de “diferentes instrumentos”, sobre todo la creación de un “sistema de alquiler social regulado en precios, plazos y renovaciones”, así como “estímulos estatales” que impliquen “garantías, subsidios y préstamos blandos para mejoras” para quienes opten por este sistema.
La propuesta es una forma de evadir una disposición que viene desde la dictadura. En 1974, el Decreto-ley 14.219 blindó los alquileres de todo cambio normativo por 20 años y estableció “el régimen de libre contratación” para los arrendamientos. Esto se volvió a extender otros 20 años en 1994 y nuevamente en la rendición de cuentas de 2012, antes de que se venciera el plazo, por lo que el mercado tiene este blindaje al menos hasta 2034.
La coordinadora de la Unidad Temática de Vivienda del FA, Anahí Bermúdez, dijo a la diaria que es en respuesta a esa disposición que se propone este “régimen paralelo” y que “cada propietario pueda elegir si quiere trabajar dentro de ese régimen o no”, con la salvedad de que “las ayudas estatales de alguna manera sean sólo para quienes se acojan a ese régimen”.
“Es una especie de contrapartida: así como hay políticas sociales que tienen contrapartidas, en este caso sería lo mismo”, explicó Bermúdez. Si un propietario quiere, por ejemplo, “préstamos para mejoras, si querés una garantía pública de alquiler, si querés exoneraciones tributarias de distinto tipo”, se debe trabajar “dentro de ese régimen regulado”.
“Estudiar” la ley de vivienda promovida
En el punto inmediato al de los alquileres se toca el de la vivienda promovida, una ley que impulsó el FA cuando fue gobierno como una forma de garantizar el acceso a la vivienda a poblaciones vulnerables; sin embargo, el programa de la fuerza política señala que la normativa se ha usado para generar “condiciones para el desarrollo de operaciones inmobiliarias meramente especulativas” por parte de los privados, y se propone asegurar que estos inmuebles “lleguen efectivamente a los sectores sujetos de la política pública”.
“La ley tuvo un espíritu inicial de lograr que el aumento de oferta hiciera bajar los precios, [y] eso por las formas en que funciona la economía urbana en general no sucede, más bien al revés”, explicó Bermúdez, en alusión a que “se revalorizan zonas”, con base en la mejora que implica la construcción de viviendas nuevas, y muchas veces “se genera una pequeña burbuja especulativa”.
De todas formas, “toda política tiene múltiples objetivos superpuestos, y en realidad la parte de regeneración [de zonas] fue muy importante”, evaluó. Por eso, desde el FA son “cautos al decir que la ley tiene que ser revisada”, porque “la parte que no se logró fue la de lograr que la vivienda fuera más accesible”.
Profundizar la “política tributaria” para el Fondo Nacional de Vivienda
Más adelante, el FA da cuenta de lo que entiende como la necesidad de asumir un “compromiso” para “fortalecer” el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanismo “con recursos propios y permanentes” y financiarlo por medio de la “profundización de la política tributaria” para “duplicar los recursos destinados a vivienda”.
Consultada por la diaria, la coordinadora de la Unidad Temática de Ordenamiento Territorial del FA, Alicia Artigas, señaló que “antes de la reforma tributaria de 2008 existía un aporte obligatorio que se descontaba de todos los salarios para el Fondo Nacional de Vivienda”; luego se eliminó y la forma de dar recursos al Fondo era “a través de rentas generales”. “Lo que se está tratando de hacer es que haya un monto base fijo, que sea siempre para el Fondo y [que] pueda haber otras formas de financiarlo que aún no se han discutido”, apuntó.
La discusión sobre los barrios privados
El programa también toca el tema de los barrios privados. Al respecto, exhorta a evitar “la construcción de barrios o enclaves cerrados” y establece como “imprescindible” evitar “en la aplicación de las políticas públicas la autoexclusión en enclaves cerrados”, a través de una planificación que tenga en cuenta “formas de integración al espacio democrático”, tal como consignó El Observador el lunes.
Estas disposiciones chocan con pronunciamientos del precandidato del FA Yamandú Orsi cuando era intendente de Canelones –el segundo departamento con más urbanizaciones de este tipo en el país–. Consultado este lunes por Telenoche, Orsi afirmó que “es fundamental que los barrios articulen con el entorno”, como pasa “en la zona de Colonia Nicolich y de Barros Blancos”, además de ofrecer “trabajo a la gente” y propiciar “muchas obras de construcción”. Por eso, “si hay trabajo” se debe “priorizar eso”, pero “evitando partir la sociedad en dos” y sin “guetizar”, reflexionó.
En la actualidad, según una investigación del especialista en estudios urbanos Marcelo Pérez Sánchez, en Uruguay hay 84 barrios privados, que ocupan el doble de superficie en el territorio que los asentamientos irregulares.