La sorpresiva aprobación a las modificaciones a la ley de medios por parte del oficialismo en el Senado se tornó en una polémica con el Frente Amplio (FA), que decidió no participar más de las coordinaciones interpartidarias en esa cámara, pero también hizo marcar los cuestionamientos desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil.
En la primera sesión de junio, la Cámara de Diputados prevé tomar el mismo camino, aunque hay voces oficialistas que se mostraron en contra de lo negociado puertas adentro en el Senado y, en especial, del aditivo de Cabildo Abierto (CA) sobre el “derecho a una comunicación política completa, imparcial y equilibrada”. Este artículo establece que “los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
El proyecto de ley aprobado en la cámara alta esta semana “entre gallos y medias noches”, según la oposición, eleva el límite de las licencias por titular, habilita la extranjerización de los medios, y, según expertos, coarta la libertad de expresión.
Sin pluralidad
La iniciativa aprobada por los senadores oficialistas aumenta el máximo permitido de licencias, es decir, una persona física o jurídica, así como un “grupo económico”, puede ser titular de hasta cinco licencias en la zona metropolitana y de hasta seis licencias en el resto del país “para prestar servicios indistintamente en cualquiera de las bandas de radiodifusión y de televisión abierta”; a su vez, en el caso de la televisión para abonados por cable se impone un nuevo tope de ocho licencias.
La ley vigente establece como límite un máximo de tres licencias para radiodifusión abierta de radio o televisión y de seis licencias para televisión para abonados por cable; asimismo, dispone que este último número “será reducido a tres en el caso de que una de las autorizaciones o licencias incluya el departamento de Montevideo”. El texto aprobado a fines del año pasado en la Cámara de Representantes establecía un máximo de cuatro licencias para la zona metropolitana, uno menos que el aprobado en la cámara alta.
En tanto, el proyecto aprobado por el Senado establece algunos cambios en las restricciones para obtener una licencia. En concreto, se elimina el impedimento de “ser cónyuge o concubino, pariente por afinidad o consanguinidad, en línea recta, o colateral hasta el segundo grado, de titulares de servicios de comunicación audiovisual”.
Fabián Werner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), señaló a la diaria que Uruguay tiene un sistema de medios “muy concentrado” en el que existen “grupos mediáticos que controlan la mayor parte de los medios”. “Esto viene a empeorar esa situación”, criticó, y agregó que “parece ser una intención de legalizar situaciones dadas, que ya están ocurriendo y que el Poder Ejecutivo nunca tuvo la intención de regularizar”.
Asimismo, el experto dijo que da la “impresión” de que esta modificación lo que busca es “consolidar el panorama actual y blindarlo de alguna manera”. “Se consolida el panorama hiperconcentrado en el sistema de medios con el perjuicio que eso tiene para la pluralidad, para la diversidad, para la posibilidad de que otros grupos interesados en participar del sistema de medios lo hagan”, añadió.
A su vez, aludió a la eliminación del límite del porcentaje accionario que tiene que ser de propiedad nacional. Es decir, si se aprueba la ley así como está, un medio de comunicación no tiene que ser mayoritariamente propiedad de personas uruguayas, sino que puede ser de extranjeros: “Además de concentrar puede significar en cualquier momento una extranjerización masiva de los medios de comunicación, con las consecuencias nefastas que eso puede tener para la difusión de contenidos nacionales”, advirtió Werner.
Por su parte, el exrelator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza dijo que le llama la atención que se pueda acumular más medios en el interior que en el área metropolitana, donde hay más población. “Eso tiene una lectura muy clara. Hay que cruzar esta norma con el mapa de grupos de medios del país y vamos a ver que en muchas localidades del interior se van a consolidar verdaderos casi monopolios de la comunicación”, indicó en diálogo con la diaria.
Agregó que el espíritu de la ley que se busca sancionar “es un poco dejar hacer y no limitar de verdad la concentración, y no generar nuevos concursos ni nuevos actores que ingresen al sistema y que puedan darle oxígeno y diversidad de voces”.
En tanto, el economista y doctor en Comunicación Gustavo Buquet indicó que la ley aprobada es “regresiva” con relación a la regulación que estableció la dictadura. “Eso es una cosa que tiene que quedar clara”, dijo a la diaria, y agregó que ayudará a “blanquear” violaciones a la ley que hoy se dan por parte de algunos grupos mediáticos. Además, dijo que se va a “intensificar” el proceso de extranjerización.
Regulación de contenidos
El aditivo propuesto por CA recibió varias críticas tanto desde el FA como desde la academia y organizaciones de la sociedad civil, que cuestionaron que se coarta la libertad de expresión y, a su vez, se interfiere en los contenidos periodísticos. Una crítica similar a la que en su momento, cuando se aprobó la ley vigente, hizo el actual oficialismo y la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) respecto de regulaciones de contenido de mucha menor dimensión, como la prohibición de emitir imágenes violentas en el horario de protección al menor y la obligación de no discriminación en los medios de comunicación.
De acuerdo a Werner, el aditivo de CA es una de las medidas legislativas “más antidemocráticas que ha aprobado el Parlamento desde el fin de la dictadura”. “Acá lo que se está haciendo es amenazar a todos aquellos que emitan opiniones, valoraciones, o sea, se hace una enumeración que deja un panorama tan amplio y tan abarcativo para que alguien, un candidato sobre todo en este proceso electoral que estamos viviendo ahora, se sienta ofendido o considere que no ha sido escuchada su voz o su versión de algunos determinados hechos, como para que inmediatamente se accione contra ese programa, contra ese medio, contra ese periodista y se lo exponga a sanciones que todavía no sabemos cuáles serán”, expresó.
Asimismo, dijo que es “probablemente el ataque a la libertad de expresión desde la norma más grande que se puede llegar a recordar desde el retorno de la democracia”: “será este gobierno el que asumirá esa carga histórica, porque si esto se aprueba y se empieza a instrumentar en el medio de esta campaña electoral, obviamente va a generar efectos inmediatos”.
En tanto, Lanza agregó que “hay una flagrante contradicción” entre lo aprobado y lo cuestionado anteriormente por parte del hoy oficialismo. “Es realmente inexplicable”, indicó, y sumó que “hay una injerencia directa”, como la hubo en decretos de la dictadura, y recordó a la Dirección Nacional de Relaciones Públicas.
Para Lanza, ese artículo no sólo es “problemático”, sino que es contrario a los principios internacionales de la libertad de expresión. “Imagínense que una ley diga que los periodistas, los medios, los espacios periodísticos comunicacionales, tienen que opinar con equilibrio y tienen que darles espacio con equilibrio a todos con el mismo tema. O sea, es desconocer la lógica del periodismo”, advirtió.
Dijo que la sola existencia de la norma genera un “efecto inhibitorio” y pone “condicionamientos”. “La ley, el legislador, le pone condicionamiento al periodismo y le dice cuál tiene que ser el punto de vista del periodismo que hace”, dijo.
Buquet coincidió con Lanza y dijo que atenta contra toda norma sobre libertad de expresión. “¿Quién va a interpretar esa objetividad o fundamentos? Es una normativa que violenta la libertad de expresión, claramente”, concluyó.
Cosse afirmó que derogaría la iniciativa de ley de medios
La precandidata del FA Carolina Cosse dijo que “lamentablemente” no le “sorprende” el proyecto aprobado por el oficialismo en la cámara alta. En una rueda de prensa durante su visita a Melo, Cerro Largo, el viernes, Cosse planteó que esta nueva ley de medios perjudica a Antel, “porque sin ningún motivo se está abriendo el mercado de internet fijo, y esto va rumbo a abrir la fibra óptica”. “Esto es como si la Coca Cola permitiera que en las heladeras que instala uno le pusiera una Pepsi”, ironizó, y continuó: “Es horadar toda la inversión pública que se hizo, y verdaderamente no creo que los uruguayos, aun los que son clientes de la competencia de Antel, quieran hacerle este daño a nuestra empresa”.
A su vez, sostuvo que otro aspecto que le “preocupa mucho” de esta normativa es que, “desde el punto de vista democrático”, “es una perforación a la libertad de expresión, que se expresa en unos artículos donde se establece que los medios de difusión tienen que dar información imparcial, incluso en los programas de opinión”, en alusión al aditivo de CA.
“¿Cómo un programa de opinión va a tener información imparcial? ¿Por qué está ese artículo que huele a censura en la ley? ¿En función de qué acuerdo está eso?”, se preguntó, y señaló que ese párrafo “puede amparar cualquier clase de denuncia contra los periodistas”. “¿Quién sale beneficiado de esto? Es una pregunta que hay que hacerse”, manifestó Cosse, y aseguró que si llegara a la presidencia derogaría la ley.
En tanto, el precandidato por el Partido Nacional Álvaro Delgado habló el viernes en una conferencia de prensa sobre el aditivo de CA y dijo que “es un tema problemático” y que la redacción no le gusta. De todas formas, el precandidato nacionalista criticó que los “mismos” que hoy se alarman con ese aditivo “fueron los que defendieron y votaron una ley donde generaron un mecanismo, donde controlaban el contenido y las opiniones de los medios, y ahí sí había un organismo y había sanciones”, en referencia a la normativa vigente.