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Foto: Ernesto Ryan

“Un ataque liso, llano y directo a la libertad de expresión”, expresó APU sobre nueva ley de medios

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La asociación sostiene que esta norma no era “grave” ni “urgente” y que se apuró por “intereses específicos de los partidos políticos integrantes de la coalición de gobierno asociados a la campaña electoral en la que estamos inmersos”.

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La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó su “más absoluto rechazo” a la aprobación por parte del oficialismo de una nueva ley de medios que “viola la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa, consagradas por la Constitución de la República y por convenios internacionales de larga data”.

APU apunta que “llama poderosamente la atención” la votación acelerada de esta norma en la Cámara de Senadores sin haber respetado “los tiempos políticos y de coordinación mínima entre partidos, lo que agrega otros componentes relativos a la convivencia democrática también muy preocupantes”.

La asociación critica que la nueva ley tiene expresamente establecida la “obligación de los medios a brindar opiniones y comentarios de manera ‘seria’, ‘completa’ e ‘imparcial’ bajo pena de que el Estado los sancione” y condiciona las expresiones que los ciudadanos realicen sobre partidos, políticos, y gobernantes, “lo cual constituye un ataque liso, llano y directo a la libertad de expresión”.

“En otras palabras, el Estado uruguayo, con la sola voluntad de una mayoría legislativa circunstancial, se arroga la potestad de incidir en los contenidos de los medios de comunicación en el contexto de una campaña electoral que ya ha mostrado episodios inéditos y gravísimos”, sostiene el comunicado.

Asimismo, APU cuestiona el tratamiento “grave” y “urgente” que se argumentó desde el oficialismo y afirma que esta modificación legislativa no tiene ninguna de esas características, salvo por “intereses específicos de los partidos políticos integrantes de la coalición de gobierno asociados a la campaña electoral en la que estamos inmersos”.

APU advierte que esta nueva ley “constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos, pues se consagra un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión, que el Estado uruguayo se ha comprometido a respetar”.

“Directamente se avanza en un preocupante aumento de la concentración de medios que ya se está verificando en el país, habilitando la posibilidad de ‘regularizar’ la situación actual de varios grupos mediáticos”, agrega el comunicado y subraya que además se “allana el camino para la definitiva extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación y la eliminación de la participación pública”.

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