El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presentaron las líneas de acción que promoverán en materia de seguridad social a partir de las recomendaciones emanadas del Diálogo Social, lo que incluye la unificación de las transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes, la creación de una causal jubilatoria que permita el retiro a los 60 años de edad y “un conjunto de transformaciones en el pilar de ahorro individual del régimen previsional”.
Estas transformaciones no incluyen la propuesta de crear un organismo público encargado de administrar las cuentas de ahorro individual, algo que molestó a nivel del PIT-CNT, por entender que se “rompió un acuerdo” y “quebrantó la confianza” puesta en este tipo de instancias de diálogo. Al respecto, Hugo Bai, economista y coordinador del Diálogo Social, sostuvo en Panorama informativo de la diaria Radio que el proceso buscó constituir una “hoja de ruta con un conjunto de orientaciones y sugerencias” que se entregaron al presidente de la República, Yamandú Orsi, para que el Ejecutivo definiera “qué elementos eventualmente tomaba al pie de la letra y qué elementos podían sufrir alguna variante”.
Para Bai, “siempre estuvo claro que ese era el alcance” y en “todo momento” se aclaró que “un ámbito de este tipo no pretende constituir ningún tipo de definición o de resolución”, sino “acercar a las partes en el marco de una hoja de ruta que después el Poder Ejecutivo ve cómo implementa”. “Esto nunca pretendió generar un convenio o un marco que tuviera un carácter vinculante. Incluso hay algunos párrafos dentro del documento que son muy explícitos en relación a eso”, sostuvo.
Según Bai, las transformaciones propuestas relacionadas a las AFAP, a pesar de no incluir la propuesta específica de centralizar en el Estado la gestión de las cuentas de ahorro, “claramente van en esa dirección”, aunque “quizá a otro ritmo y con otro nivel de profundidad en términos de lo que puede implicar la centralización del sistema”. En suma, consideró que los lineamientos están “en sintonía” y “absolutamente alineados” con “el diagnóstico y las orientaciones que surgen del Diálogo Social” en aspectos centrales.
Para mejorar las prestaciones, señaló Bai, una línea de acción es ir hacia una mayor “diversificación” de las inversiones, con una “ampliación gradual de los activos elegibles en el exterior”. El punto, que no formó parte del resultado del Diálogo Social, no fue “de los aspectos que más se conversó”, reconoció Bai, pero dijo que “no es una propuesta aislada sino que viene acompañada de un conjunto de cambios” para “consolidar un sistema menos costoso para el afiliado y con mejores niveles de rentabilidad”.
Mesa de trabajo con las AFAP: no fue “un proceso de negociación”
Antes de publicar las líneas de acción, luego de haber finalizado el Diálogo Social, el gobierno mantuvo un intercambio con las AFAP durante 60 días. Bai dijo que no participó “directamente” en esas instancias pero subrayó que esas conversaciones, así como se desarrollaron con las AFAP, también “se dieron con otro conjunto de actores muy relevantes en lo que tiene que ver con el funcionamiento del pilar de ahorro individual”, entre los que mencionó al Banco de Seguros del Estado, el Banco de Previsión Social y el Banco Central del Uruguay, además de “reuniones con inversores”.
“Lo que acá no hubo fue un proceso de negociación con nadie. Lo que hubo fue un intercambio a partir del cual el Poder Ejecutivo se hiciera una composición de lugar más completa para, naturalmente, considerando como insumo muy relevante el diagnóstico y las orientaciones que surgían del Diálogo Social, pero también, en ese intercambio, evaluar cuál era el mejor camino a seguir en relación a esto”.
En otro orden de las líneas de acción está la unificación y fortalecimiento de las transferencias para infancias y adolescencias, incluida en la Rendición de Cuentas, que la Coalición Republicana anunció que no votará. Bai dijo que “manejar planes B para todos los órdenes de la vida es fundamental”, aunque se encuentran centrados en materializar la aprobación porque “supone la transformación más relevante en los últimos 20 años” en el esquema de transferencias y “va más allá de la pobreza infantil”, porque atiende al “50% de los hogares” en mayor vulnerabilidad.