La asociación de ex presos políticos Crysol elevó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el que solicita información sobre la “reparación a las víctimas de la violencia no estatal”, establecida en ley que se aprobó y reglamentó en agosto del año pasado.
La normativa, de cinco artículos, fue propuesta por Cabildo Abierto (CA) y en la cámara baja recibió aportes del Partido Colorado, que retomó las listas de beneficiarios que incluían los proyectos que Jorge Batlle y Tabaré Vázquez enviaron al Parlamento en 2004 y 2007, respectivamente.
Waldir Tabárez, integrante de Crysol, señaló a la diaria que quieren saber “si es que hay un doble amparo” y “cuál es el monto de dinero que esto le cuesta al Estado”. “Recordemos que, por ejemplo, por un fallecido, la ley prevé el pago de 150.000 dólares. Queremos saber cuánto le ha costado al país, porque hay gente que ya fue amparada”, agregó.
Insistió con que tienen derecho a saber qué ocurre con la comisión porque son “parte de los que pagamos”. “Tenemos derecho a saber cómo se gasta nuestra plata”, añadió.
Tabárez recordó que se trata de una ley sacada entre “gallos y medianoches” y que “habla más que nada de la postura política e ideológica que tiene este gobierno”. “Lo que está en juego no es si son cuatro pesos más o seis pesos menos; lo que está en juego es que hay una intentona de mostrar una vez más que hubo dos demonios, dos fuerzas enfrentadas y víctimas de ambas partes”, concluyó.
Crysol pidió información sobre la integración de la comisión encargada de implementar la ley y los criterios seguidos para designar a los representantes no gubernamentales. En ese sentido, también pidieron conocer el reglamento de trabajo y el funcionamiento de la comisión.
Asimismo, pidieron el número de solicitudes presentadas por cada beneficio otorgado por la ley hasta el momento, como también la cantidad “de familiares de víctimas civiles que se presentaron reclamando por el derecho a la vida” y los familiares de policías que se presentaron por el mismo motivo, al igual que el número de familiares de personal subalterno de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Pidieron conocer la cantidad de familiares de personal subalterno de las FFAA que se presentaron en reclamo del derecho a la vida y “que ya habían sido amparadas” por el artículo 115 de la Ley 14.106, de 1973, que trata sobre “la prestación que deberá pagar el Estado por concepto de reparación a los causahabientes del personal militar fallecido con motivo o a causa de la lucha antisubversiva”.
También pidieron información sobre la cantidad de solicitudes amparadas y rechazadas hasta el momento. Además, solicitaron la fecha estimada en que se prevé la finalización del trabajo de la comisión, al igual que el costo estimado que tendrá para el Estado “la implementación de esta ley por cada beneficio establecido en la misma y costo total de ella”.