En una sesión que se llevó adelante en la tarde de este jueves, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió no pasar a la Justicia las presuntas irregularidades vinculadas a contrataciones directas en la Intendencia de Florida. La asesoría jurídica del servicio descentralizado le había recomendado que el tema pasara a ser tratado por la Fiscalía. Sin embargo, se resolvió no elevar el caso por el momento y prorrogar su estudio para la próxima semana, confirmó a la diaria la presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo.
Según supo la diaria, tanto la propia jerarca como la vocal por el Frente Amplio, Ana Ferraris, iban a votar que el caso pasara a Fiscalía; sin embargo, el vicepresidente de la junta, Guillermo Ortiz, presentó una oposición con fundamentos legales del derecho a vista y la legitimidad del Decreto 354/999 en su artículo 14. Por dicha aplicación, en otras ocasiones, la Jutep no ha intervenido, dado que dicha legislación expresa que “las denuncias o noticias que se presentarán ante la junta asesora” por delitos “no podrán ser objeto de conocimiento ni de calificación por dicho órgano”.
En concreto, según datos de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) a los que accedió la diaria, la comuna gastó más de 200.000 dólares entre 2020 y 2024 por contrataciones directas a la empresa de familiares de la exsecretaria personal del intendente Guillermo López. Natalia Castellini dejó su cargo en la comuna, justamente, en julio de 2023 cuando la Junta Departamental no votó el proyecto de Rendición de Cuentas de 2022 donde, entre otras, se puso foco en estas presuntas irregularidades.
Fabiel González, edil frenteamplista que denunció el caso ante la Jutep, recordó a la diaria que dado su rol como presidente de la Comisión de Hacienda de la junta floridense, se encontró a mediados de 2023 con 10.666 observaciones por el Tribunal de Cuentas sobre la Rendición de Cuentas 2022 de la intendencia departamental. Según explicó el representante vecinal, entre las apreciaciones realizadas por la unidad fiscalizadora figuraban algunas “inocuas”, pero también otras que evidenciaban “concentraciones directas a distintas empresas por un monto superior a lo que esto corresponde”.
Luego de investigar las características de las contrataciones, González se dio cuenta de que se reiteraba la contratación de la empresa Rodríguez Castellini GM y Rodríguez Coito CG, que brindaba servicios de pala retroexcavadora y de camiones para apoyo a la recolección de residuos en el vertedero municipal. “Cuando empezamos a averiguar quiénes eran los dueños de estas empresas nos enteramos de que se trataba del exesposo y del hijo de la secretaria privada del intendente”, recordó el edil.
En aquel momento, González planteó la posibilidad de que la Junta Departamental elevara el caso a la Jutep. Sin embargo, los ediles oficialistas no acompañaron la iniciativa. Esto terminó con una denuncia personal del propio edil ante el servicio descentralizado en abril de 2023.
Las contrataciones
Según figura en ARCE, entre el 16 de octubre de 2020 y el 8 de febrero de 2024 la Intendencia de Florida hizo 37 contrataciones directas a la empresa Rodríguez Castellini GM y Rodríguez Coito CG por una suma de 8.300.480 pesos (superior a 200.000 dólares). En el primer año se realizaron ocho contrataciones a la empresa por 1.188.939 pesos (cercana a 30.000 dólares).
La relación entre la comuna y la compañía que brindaba maquinaria –y, en ocasiones, también operarios– se profundizó en 2021, cuando se llevaron adelante 11 contrataciones por una suma de 2.655.851 pesos (más de 66.000 dólares). En 2022 las contrataciones fueron 12 y la facturación de la empresa fue la más alta en términos anuales en su relación con el gobierno departamental, teniendo que llegar a los 2.942.521 pesos (más de 73.000 dólares).
En 2023, año en el que se hizo la denuncia, cayeron de forma considerable las contrataciones. En este caso, la empresa brindó cinco veces su servicio a la comuna, facturando 1.208.699 pesos (más de 30.000 dólares). Del total de lo gastado durante el año en este servicio, 799.798 pesos (casi 20.000 dólares) fueron los adjudicados hasta abril a este servicio, mes en el que se hizo la denuncia ante la Jutep. En el presente año, sólo se contrató el servicio una vez, concretamente en febrero, destinándole 304.585,01 pesos (más de 7.000 dólares).
No pronunciamiento en el caso Caram
Ferraris comentó a la diaria que la presidenta de la Jutep no incluyó en el orden del día el tratamiento de un pronunciamiento por parte del servicio descentralizado sobre el caso de irregularidades en la gestión del intendente Pablo Caram en la Intendencia de Artigas.
Ferraris recordó que sobre el tema ya se expidió la Justicia y el Tribunal de Cuentas y, según entiende, es de competencia de la Jutep expedirse sobre este tipo de comportamientos en la administración pública. Por eso, resaltó que puso el tema sobre la mesa fuera de orden. Sin embargo, por mayoría el directorio decidió darle tratamiento la semana próxima.