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Daniel Larrosa (archivo, junio de 2022).

Foto: Juan Manuel Ramos

Antel definió no recurrir la resolución de Lacalle Pou que autorizó el consorcio de los cableoperadores de Montevideo

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El director de la empresa estatal en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, había planteado una moción para que se recurriera la decisión, en el entendido de que perjudicará económicamente a Antel.

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Leído por Andrés Alba.
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Dos semanas después de que el presidente Luis Lacalle Pou autorizara la creación de un consorcio compuesto por los tres principales cables de Montevideo (TCC, Nuevo Siglo y Montecable) para vender simultáneamente internet y televisión para abonados, el directorio de Antel analizó este jueves la posibilidad de recurrir la resolución del Poder Ejecutivo.

Según supo la diaria, el director de Antel en representación del Frente Amplio (FA), Daniel Larrosa, planteó una moción para que la empresa estatal recurriera la resolución, bajo el argumento principal de que este consorcio perjudicará económicamente a Antel. Sin embargo, los representantes del oficialismo en el directorio rechazaron la propuesta y la votación tuvo un resultado negativo.

Por el avance del streaming y múltiples factores, los cableoperadores apuntan a migrar hacia el mercado de transmisión de datos; en ese marco, los tres principales cables de Montevideo solicitaron recientemente fusionarse en un consorcio para vender internet y televisión para abonados. Argumentaron que se ha producido “la obsolescencia de las estructuras” a través de las cuales desarrollan su actividad, por lo que “resulta imperioso” aplicar un nuevo esquema que permita “optimizar recursos” y “unificar ofertas”.

Según la resolución del Poder Ejecutivo, un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) determinó que este consorcio “no constituye una operación de concentración en el mercado”, dado que los tres cables tienen actualmente 94.222 suscriptores en un total de 496.127 suscripciones, lo cual supone una porción del mercado de 19%.

Asimismo, la Ursec puntualizó que, “en el caso del mercado de servicios de transmisión de datos, la propuesta configuraría a un competidor ‘entrante’ en dicho mercado, sin vinculación con operadores que ya actúan en el mismo”. Con esto, más el visto bueno del área jurídica del Ministerio de Industria, Lacalle Pou autorizó la creación del consorcio.

En diálogo con la diaria, Larrosa cuestionó que en la resolución se sostenga que los tres cables “sólo representan un 20% del mercado” en su totalidad, ya que se trata de “un mercado territorial”, dado que “nadie puede contratar un cable en otro departamento”. En ese sentido, sostuvo que los integrantes del consorcio “representan un 70 y pico por ciento del cable” en Montevideo, lo que supone un alto porcentaje de concentración.

Larrosa también criticó que la creación del consorcio no fuese analizada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, cuando, a su entender, se trata de “algo que es claramente una fusión entre tres empresas que aglomeran la mayoría del mercado”.

Acerca de la negativa del oficialismo en el directorio para recurrir la resolución, Larrosa señaló que este jueves era el último día para hacerlo, por lo que esta posibilidad ya quedó descartada. “Lo que me contestan es que Antel nunca fue informada de este decreto, que los agarró por sorpresa y que no tiene los fundamentos ni el expediente, y que lo van a votar porque es la política de telecomunicaciones del Poder Ejecutivo”, expresó.

la diaria intentó comunicarse con la presidenta de Antel, Annabela Suburú, pero no obtuvo respuesta.

Críticas al informe de la Ursec

El informe de la Ursec que avaló la creación del consorcio no fue apoyado por el director del organismo en representación del FA, Pablo Siris, quien ha señalado que la fusión de los tres principales cables de Montevideo contraviene varios artículos de la ley de medios (19.307), todavía vigente. Por ejemplo, el artículo 51, que marca que los monopolios y oligopolios en los servicios de comunicación audiovisual “conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo” y establece que el Estado tiene el deber de “instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la existencia y formación de monopolios y oligopolios en los servicios de comunicación audiovisual”.

Siris ha señalado que este artículo será derogado en caso de aprobarse la nueva ley de medios que actualmente se discute en el Parlamento. En ese sentido, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados establecía que la Ursec tenía el deber de controlar las “prácticas contrarias a la competencia”, con el propósito de “prevenir la formación de monopolios y oligopolios”. Sin embargo, el texto aprobado posteriormente por la Cámara de Senadores eliminó este inciso; de hecho, los términos “monopolio” y “oligopolio” desaparecieron del proyecto.

Por su parte, el doctor en Comunicación y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República Gustavo Buquet cuestionó en una entrevista con la radio M24 que el informe de la Ursec se haya elaborado “en menos de tres meses”, cuando, por lo general, este tipo de solicitudes insumen más tiempo. Mencionó, por ejemplo, el pedido de Minerva para comprar tres frigoríficos de Marfrig, cuya evaluación “tardaron siete meses en hacerla”.

Buquet apuntó además que, en el caso de Minerva, “la fusión llegaba a 48% del mercado” y la compra fue negada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Y agregó que los tres cables, “sumando a Multicanal, que es de Equital, que va a ser el paraguas del consorcio”, poseen “el 63% de los abonados en Montevideo”. “Un oligopolio en donde una de las partes tiene más del 50% es claramente un actor que puede tener prácticas de poder dominante”, advirtió.

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