Este miércoles en la Cámara de Representantes se aprobó, con votos del oficialismo, la última Rendición de Cuentas de la actual gestión de gobierno. Actores del oficialismo destacaron que es necesario mirar “toda la película” y, en ese sentido, recordar el punto de partida de la actual administración: la pandemia por covid-19.
El diputado colorado Conrado Rodríguez argumentó que la coalición debió planificar el inicio de su gestión con “un déficit fiscal superior a 5%” y, a su vez, a los pocos días de asumir el poder, el gobierno tuvo que atravesar “una pandemia inédita para la historia universal”. Según el representante, ambos puntos “no pueden ser ajenos a la discusión” y, por ende, se debe tener en cuenta la “hidalguía” con la que el gobierno enfrentó ese escenario y destacar “la recuperación económica” que se dio posteriormente a ese período.
El diputado señaló que “la coalición republicana ha creado 76.000 empleos por encima de 2019 y, a su vez, este año hay “perspectiva” de que se puedan crear nuevos. “Hubo una resignación en materia salarial porque se tuvo que poner el foco en que no se perdieran empleos y poder recuperarlos rápidamente; pero llegamos al día de hoy y ha habido recuperación salarial, estamos en los mayores niveles de salario real de la historia de nuestro país”, concluyó Rodríguez.
Sin embargo, el diputado frenteamplista Gonzalo Civila retrucó que cuando se “mira el desempeño de la economía uruguaya en estos cinco años” se puede identificar el comportamiento que los economistas describen como de “u”. Según explicó, esto tiene que ver con la descripción de “una caída durante varios años del ingreso real de los trabajadores y de los jubilados, para que después se dé un repunte que, en el caso de algunas variables, llegó a equiparar el punto de partida de 2019 y, en otros casos, no”, comentó el socialista.
Rodríguez hizo referencia a los dichos de Civila y afirmó que la oposición ha “querido crear un relato de que no se ha gastado y, por otro lado, se dice que estamos en carnaval electoral”. “Más contradictorio que eso no existe”, concluyó. A su vez, comentó que, a su entender, “se ha focalizado el gasto público donde tenía que estar focalizado: en la gente, en los más humildes, en los más vulnerables, en las partidas y en las políticas sociales”, sentenció.
Por su parte, la diputada frenteamplista Lilián Galán remarcó que “está clarísimo que este gobierno no cumplió” con uno de sus “buques insignia”: la reducción del déficit fiscal. Subrayó que si compara el actual déficit con el de 2019, “no hay diferencia”; por el contrario, sostuvo, “la deuda bruta pasó de 29.838 millones de dólares en 2019 a 43.508 millones dólares en 2023”.
Desde la perspectiva de la diputada, a esto se suma “una deuda social muy grande”, vinculada a la aplicación del presupuesto a algunos temas, como la “pobreza infantil”. En ese sentido, recordó que en “los primeros años de este gobierno se aplicó una reducción de gasto”, algo que se efectivizó en plena pandemia y que se plasmó en el presupuesto quinquenal. “Mientras el resto del mundo aumentaba el gasto público para atender, obviamente, una situación que era crítica y desconocida, el gobierno uruguayo fue por otro lado, fue por la libertad responsable, que es lo mismo que decir ‘arreglate como puedas’”, apuntó Galán.
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Críticas en el manejo del gasto
Desde la visión de Civila, el comportamiento en “u” que describió en relación con el desempeño de la economía también se evidencia en el gasto público. El diputado precisó que el presupuesto educativo perdió 300 millones de dólares. “El gobierno no ha tenido, dentro de su preocupación, el objetivo de que, concomitantemente con la mejora de la economía, mejore el conjunto de la sociedad y, particularmente, los sectores que tienen menores oportunidades”, reflexionó el dirigente frenteamplista.
“No se ahorra apretando el cinturón a la gente; eso fue pérdida de la calidad de vida, fue saqueo”, remarcó Galán. A su vez, recordó que, según información de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hay 3.500 funcionarios menos en el Estado. La diputada frenteamplista señaló que esto, que desde el gobierno se ve como algo “positivo”, trae consecuencias como la “baja de la calidad de los servicios”, el “incremento en la contratación de empresas tercerizadas” y la “pérdida de mercado a favor de empresas privadas”.
“Las restricciones de inversión que se produjeron durante este quinquenio las va a tener que ejecutar el próximo gobierno”, dijo y agregó: “Este gobierno no nos deja como herencia ningún ahorro genuino; por el contrario, nos deja un déficit fiscal no contabilizado”.
Detalló que dentro de lo que entiende que está por fuera del “perímetro fiscal” se encuentran una serie de obligaciones asumidas, por ejemplo, a través de los contratos Crema del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. “Nuestros asesores económicos estiman que hay obligaciones que alcanzan 2% del PIB, por fuera del perímetro fiscal”, sentenció.
“El año que viene, los mismos que hoy han obviado todas las garantías de los procedimientos legales y dejan a las empresas públicas en una situación tan crítica van a venir a reclamarle al próximo gobierno por más obras, más servicios y el abatimiento del déficit”, adelantó. “El próximo gobierno tendrá que enfrentar otra vez la tierra arrasada que deja esta coalición de gobierno, el despojo sistemático de nuestras empresas públicas, y el uso irresponsable de los dineros de todos los uruguayos”, concluyó.