El director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, y las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) comparecieron este martes ante la Comisión de Constitución del Senado para pronunciarse sobre los proyectos de ley de Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA) que plantean incorporar al Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.
En el proyecto de CA se considera que hubo enriquecimiento ilícito cuando un funcionario público, durante el ejercicio de sus funciones “y hasta dentro de los cinco años posteriores a su cese”, haya aumentado su patrimonio “en forma significativa e injustificada en relación a sus ingresos legítimos”, y cuando, ante la intimación judicial, no pueda “justificar el origen de los fondos que acrediten dicho incremento”. Se establece como incremento significativo “todo aumento en el patrimonio que supere el 30% del declarado bajo juramento al asumir el ejercicio de su función pública”.
Las sanciones que marca el proyecto de CA para el delito de enriquecimiento ilícito son una pena de 20 meses de prisión a seis años de penitenciaría, una multa económica de 500 a 10.000 unidades reajustables y una inhabilitación de cinco a diez años.
Aunque es similar, el proyecto de FA tiene algunas diferencias; por ejemplo, una mayor multa económica (hasta 15.000 unidades reajustables) y una inhabilitación menor (hasta cinco años). También prevé un “agravante especial” en caso de comprobarse que hubo enriquecimiento ilícito por parte de un cargo electivo o de particular confianza.
En diálogo con la diaria, Aller señaló que, si bien los dos proyectos “no son iguales” y “no es justo mezclarlos”, ambos determinan “responsabilidades penales objetivas, con una inversión de la carga probatoria, es decir, con una especie de presunción de culpabilidades desde el momento en que la persona tiene que justificar cómo obtuvo esos bienes”.
Según el experto, esto “tendría que ser al revés”: “El fiscal es el que debe mostrar que ha habido una actividad ilícita de la persona y tiene que quedar claro que la conducta tiene que ser a título de dolo directo, es decir, que el individuo haya actuado con la intención de beneficiarse”. “Tal como está la redacción de ambos, yo entiendo que tienen visos de inconstitucionalidad”, advirtió.
Aller adelantó que enviará a la comisión “una redacción distinta” en la cual se establezca que el delito de enriquecimiento ilícito “sea intencional inequívocamente y que también provenga de actividades ilegales”.
El titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, comentó a la diaria que el organismo transmitió en la comisión “la conveniencia de aprobar esta figura delictiva”, dado que “se trata de una recomendación de GAFI [Grupo de Acción Financiera Internacional], y que al presente en la región sólo Brasil y Uruguay no la han incorporado a su legislación interna”. Mencionó que, como sugerencia, la Senaclaft planteó la posibilidad de “establecer algún parámetro objetivo contra el cual determinar el enriquecimiento injustificado” para que esto “no quede a la interpretación de fiscales y jueces”.
El proyecto sigue sin aprobarse en comisión
Luego de las comparecencias de Aller y Chediak, la aprobación del proyecto -que podría unificarse- volvió a postergarse en la comisión. La semana pasada, la presidenta de la comisión, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, había dicho que, “después de escuchadas las recomendaciones, nos comprometemos a votar el proyecto de ley el mismo martes, aunque eso implique quedarnos más tiempo en la comisión”, según consta en la versión taquigráfica.
El senador del FA Eduardo Brenta dijo a la diaria que el proyecto se aprobará en comisión “casi con seguridad” el próximo martes con los votos del oficialismo y la oposición. Afirmó que en el FA “hubo bastante conformidad con los cambios propuestos” por Aller y sostuvo que la discusión jurídica en torno a la inversión de la carga de la prueba “se ha dado en todos los países donde se han aprobado proyectos de este tipo”. “Esta tensión entre lo que se reclama como herramienta para luchar contra la corrupción y las garantías de derecho penal es la discusión que se ha dado en el mundo entero”, afirmó.
Consultado al respecto, el senador de CA Guillermo Domenech dijo a la diaria que en el proyecto “no se invierte nada la carga de la prueba”. “La persona tiene que probar que el enriquecimiento -que es un hecho objetivo, porque se mide objetivamente- es lícito y chau; eso no es invertir la carga de la prueba”, aseguró, y agregó que la iniciativa “está en consonancia con la legislación internacional en la materia”.
Ante un nuevo aplazamiento de la aprobación del proyecto, que todavía debe tratarse en la Cámara de Diputados y con el receso parlamentario pautado para el 15 de setiembre, Domenech se mostró escéptico en cuanto a su aprobación el próximo martes: “Yo desconfío”, expresó.