Los legisladores del Frente Amplio (FA) plantearán este martes en la Cámara de Senadores una moción para que se trate de forma “grave y urgente” el proyecto de ley sobre garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, como un último intento para que la iniciativa, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, se transforme en ley antes del cierre de la presente legislatura, previsto para el 15 de setiembre.
La diputada Cristina Lustemberg, principal responsable del proyecto que propone “un cambio de paradigma” en la concepción de las políticas vinculadas a las infancias a través de un enfoque “transversal e intersectorial”, afirmó en X que “no hay más excusas con temas formales y de fondo” para aprobar la iniciativa, y aseguró que “sólo se requiere de la voluntad política de decir de una vez por todas ‘sí’ a los niños, las niñas y los adolescentes de este país”.
El proyecto tiene como propósito garantizar el cumplimento efectivo de los derechos de las infancias y establece un diseño organizacional con tres niveles de acción. Un primer nivel “estratégico”, que estará a cargo de un “gabinete” que planificará las políticas públicas y será coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social con representantes de varios organismos públicos; un segundo nivel “táctico”, que tendrá una “unidad de coordinación” que llevará a cabo la integración presupuestal y que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, y un tercer nivel “ejecutivo”, en el que estará “cada sectorial representada en el gabinete” y en el que se ejecutarán las políticas.
El proyecto también establece que el presupuesto asignado a la primera infancia, infancia y adolescencia “se regirá por los principios de no regresividad y progresividad”.
Las dos objeciones del Partido Nacional
Por ahora, el proyecto de Lustemberg está a estudio de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado. En declaraciones al periodista Leonardo Sarro, la senadora nacionalista Carmen Asiaín, integrante de la comisión, sostuvo que la aprobación del proyecto supondría la derogación del Fondo Infancia, que se creó el año pasado mediante la Rendición de Cuentas. A este fondo, que según la ley tiene como objetivo “poner fin a la pobreza infantil”, se le asignaron 200 millones de pesos uruguayos, en el marco de un programa de “atención integral a la primera infancia”, que tiene un presupuesto total de 2.117 millones de pesos. Asiaín sostuvo que, al crearse “una nueva institucionalidad” en el proyecto, este fondo “quedaría derogado”.
Consultada al respecto, Lustemberg dijo a la diaria que el proyecto “no tiene absolutamente nada que ver” con el Fondo Infancia. La vinculación entre ambas cosas, sostuvo, “es un error conceptual”. “Esta ley no genera institucionalidad y no genera cargos propios, sino que genera un mecanismo presupuestal” en pos de una mejor coordinación, dado que actualmente “hay una gran dispersión” en materia de políticas vinculadas a las infancias “entre todas las instituciones que hay en el Estado”, expresó. La diputada del FA dijo que el planteo de Asiaín “sorprende” porque, “desde el punto de vista jurídico, no tiene sustento”.
Por otra parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi señaló a la diaria que existe un informe técnico del Parlamento que advierte que “el proyecto que presenta Lustemberg necesita iniciativa del [Poder] Ejecutivo”. Por eso, Bianchi sostuvo que la iniciativa tiene “dos problemas técnicos”. “Yo no doy el voto si deroga lo que ahora está vigente”, resaltó.
La mención al Poder Ejecutivo refiere al artículo 174 de la Constitución, que dispone que una ley requerirá iniciativa del Poder Ejecutivo para modificar las atribuciones y las competencias de los ministerios. Consultada al respecto, la senadora del FA Sandra Lazo dijo a la diaria que la postura de Bianchi “es una interpretación”, y señaló que hay quienes opinan lo contrario, como, por ejemplo, el secretario del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, Daniel Artecona.
A título personal, Artecona consideró la semana pasada en la comisión que en este caso “no sería preceptiva la iniciativa del Poder Ejecutivo”, según consta en la versión taquigráfica. “Si fuera así, me imagino la vergüenza que sería para el propio presidente de la República, que le dio para adelante a este proyecto”, agregó Lazo, en referencia a la reunión que mantuvo Lustemberg con el presidente, Luis Lacalle Pou, por este tema a mediados del año pasado.
Con relación a la moción que el FA presentará este martes para que el proyecto se trate en el Senado, Lazo dijo que “seguramente no va a contar con los votos” de la coalición de gobierno. Esto a pesar de que existe una resolución del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado que encomienda a sus senadores a votar a favor del proyecto. la diaria intentó comunicarse con la senadora colorada Carmen Sanguinetti, integrante de la comisión, pero no obtuvo respuesta.
Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo a la diaria que aún no ha leído el proyecto y aseguró que en su partido “nadie comentó absolutamente nada” sobre la intención del FA de aprobar el proyecto en esta legislatura.
Lazo añadió que el proyecto podrá tratarse en el próximo período de gobierno, “con otras integraciones parlamentarias”, pero sostuvo que “lo malo es que tenemos un 20% de gurises con los que no hemos podido cumplir ni siquiera con lo que dice la Constitución”. Según el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza entre los menores de cero a seis años aumentó de 17% a 20,1% entre 2019 y 2023.
Otros proyectos pendientes
Es probable que el de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia no sea el único proyecto de ley con media sanción que termine archivado al término de la presente legislatura. En la misma situación está el proyecto de eutanasia, que fue aprobado en Diputados en octubre de 2022 y que no será tratado en el Senado, y también el proyecto de prisión domiciliaria, que sigue a estudio de la Comisión de Constitución de la cámara baja, tras su aprobación en el Senado en diciembre de 2023.
En esa misma comisión está el proyecto de enriquecimiento ilícito, que días atrás fue aprobado por unanimidad en el Senado, y el proyecto que establece delitos contra el ambiente, que el Senado sancionó en junio de 2023. Otro proyecto que fue aprobado en la cámara alta y hasta ahora no ha sido tratado en Diputados es el que regula el alojamiento turístico en viviendas particulares.