El miércoles 8 de enero, el Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió intervenir “preventivamente” a Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa SA con suspensión de las actividades y sustitución total de sus autoridades estatutarias, según consta en el documento publicado en la página del organismo.
La sociedad anónima, que está inscripta en el Registro de Mercado de Valores de la Superintendencia de Servicios Financieros, pertenece en un 58,33% a Álvaro Correa, presidente y único integrante del directorio de la sociedad, y en un 41,67% a María Cristina Lestido.
A través de una nota fechada el 7 de noviembre de 2024, el BCU tomó conocimiento de hechos vinculados con la sociedad y solicitaron la “verificación de determinadas inversiones realizadas por la sociedad para una persona declarada incapaz”, que posteriormente falleció.
Esta persona declarada incapaz era la beneficiaria final de una empresa, que a la vez era titular de acciones de otra empresa. En abril de 2018, según el BCU, se otorgó una venia judicial para “proceder a la venta de sus acciones”, y en esa misma resolución “se dispuso que el producido de dicha venta fuera invertido en instrumentos específicos de deuda pública uruguaya, Bonos Globales de Deuda Pública Uruguaya o Bonos del Tesoro”, que se elegiría “según criterios de mayor rentabilidad y seguridad para el patrimonio de la persona incapaz”.
En mayo de ese año, el Juzgado Letrado de Familia de 13° Turno, mediante el Decreto 1732/2018, designó a Correa, quien es contador, para la inversión en Uruguay “de los fondos provenientes del negocio o cualquier otra cuestión de su especialidad”. En 2019 los directores (su curador y una asesora designada por el juez) de la empresa cuya beneficiaria era la persona “declarada incapaz” resolvieron abrir una cuenta de inversiones en la sociedad anónima de Correa y transfirieron el importe de la venta de las acciones.
Tres años después, a pesar de la existencia de esa venia judicial que disponía el destino de las inversiones, la sociedad anónima vendió los valores de la empresa “realizando la compra de un producto estructurado, que tiene como subyacente las acciones de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, denominada Forestal International Limited, la cual tiene inversiones en el 100% del capital de una sociedad anónima uruguaya, Portfolio Forestal Uruguay SA, que a su vez declara en sus activos un proyecto forestal”.
Además, con orden expresa de los directores de la empresa inversora, la sociedad anónima “transfirió valores desde la cartera de esta empresa a Forestal International Limited para la integración de proyecto forestal”, una inversión que, según lo que declaró Correa, “tiene un horizonte temporal de 18 a 20 años, careciendo de liquidez”.
El documento del BCU apunta que de acuerdo con los certificados de accionistas de Forestal International Limited, Correa es titular de cuatro acciones de “management” de la empresa y a su vez figura como su administrador. Asimismo, la empresa inglesa “es el único miembro del directorio de Portfolio Forestal Uruguay SA, por lo cual el contador Álvaro Correa en los hechos es la única persona física integrante del directorio de ambas entidades”.
Adicionalmente, desde 2019 a la fecha “se realizaron diversas compras y ventas de valores de la empresa cuya beneficiaria es la persona declarada incapaz sin contar con la venia judicial correspondiente”.
En setiembre de 2024, el mismo juzgado que impuso la venia judicial “dispuso el cese inmediato y apartamiento de todo tipo de actuación, gestión, asesoramiento o intervención en la administración del patrimonio de la persona declarada incapaz al curador y contador Álvaro Correa, entre otros asesores, prohibiéndoles en consecuencia integrar a cualquier título las sociedades comerciales de la persona incapaz”.
Finalmente, en la resolución de enero de este año, además de la intervención preventiva con sustitución de actividades y autoridades, el BCU designó como interventora de Grupo Bursátil Uruguayo de Sociedad de Bolsa SA a la contadora Ana Chaves y, “por lo tanto, única autorizada a ejercer las competencias que estatutariamente corresponden a los órganos sociales”.
Decidieron también inmovilizar todos los activos propios y de clientes en cuentas a nombre del intermediario de valores; instruir a la sociedad anónima a “notificar [lo resuelto] fehacientemente, en forma inmediata a cada uno de sus clientes y a las entidades con las que opera”.
Por otro lado, instaron a que la sociedad anónima haga “entrega inmediata” del detalle de los saldos de efectivo y valores de las cuentas de cada uno de sus clientes y de los saldos de todas las cuentas en “bancos, brokers, intermediarios de valores y toda otra entidad financiera con la que se mantenga contratos vigentes” y que se indique “especialmente aquellas en las cuales mantenga efectivo y valores propios o de terceros”.
Durante dos períodos seguidos (2009-2013 y 2013-2017) Correa formó parte del directorio de la Caja de Profesionales Universitarios.