El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP), dependiente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), publicó este lunes un informe con los resultados del monitoreo de los centros del sistema de protección integral de 24 horas en el suroeste del país, coordinados por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), entre abril y junio de 2024.
El organismo constató la superpoblación de varios centros, lo que se suma a la falta de condiciones de infraestructura aceptables, así como recursos. También se registraron dificultades a la hora de afrontar problemas de salud mental y consumo, se observaron “situaciones de exposición y captación” que “involucraron a distintos adolescentes” a cargo del sistema y “sucedían de forma reiterada”, y se verificó que personal que estaba “en proceso de investigación por situaciones de malos tratos” aún se encontraba brindando atención directa.
La labor implicó la visita no anunciada a diez proyectos de protección especial en los departamentos de Colonia, San José y Soriano, donde operan un total de 13: cinco son Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF) oficiales, mientras que los seis restantes operan bajo convenio con INAU.
Según recoge el informe, la región analizada comprende unos 660 menores de edad, lo que representa 9,2% de la población que atiende el sistema. El documento destaca la alta proporción de mujeres (372) por sobre los hombres (288), algo que “difiere a la tendencia nacional”.
La atención “no dispone de los recursos suficientes”
De acuerdo con el informe, entre los principales motivos de ingreso al sistema de protección se encuentran situaciones de violencia intrafamiliar, casos de abuso o explotación sexual y negligencia, abuso de sustancias o incapacidad de las familias responsables a la hora de asumir sus responsabilidades.
El MNP constató “un creciente ingreso al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes” por estas razones y registró una sobrepoblación de centros oficiales, algo que impactó en la atención y la “calidad de trabajo del personal”, detalla el informe.
Entre otros, revela que mientras que Colonia cuenta tan sólo con un centro oficial, en San José el centro Caminos, “cuyo proyecto que estipulaba la atención para 23 niños, niñas y adolescentes registraba en su padrón a 85”, vio superadas sus capacidades de atención.
También se observó que si bien los centros que funcionan bajo convenio contaban con “una dotación adecuada de recursos humanos en cuanto a equipo de dirección y técnicos”, ese no era el caso para los centros oficiales, que debieron apelar a compartir recursos así como funcionarios que asumen múltiples tareas “en detrimento de sus funciones“.
Asimismo, se constató un “déficit” de funcionarios de atención directa en todos los centros, y la inexistencia de referentes de supervisión designados por INAU en seis de ellos. En uno, detalla, “se informó que el supervisor designado no concurría por no disponer de los viáticos que debiera otorgar INAU para el traslado al departamento”. En uno de los departamentos, todos los centros que operan bajo convenio no admitían usuarios “en situación de discapacidad, padecimiento de salud mental o consumo problemático”.
En otra línea, seis de los centros abordados atendían indistintamente infantes, niños y adolescentes, algo que dificulta la “atención especializada en las diferentes etapas del ciclo vital”, y si bien los cuatro restantes sí discriminaban la atención según edad, trasladaban a sus usuarios a nuevos centros una vez finalizado el rango de atención “sin tener presente la individualidad de cada situación y del proceso realizado”.
Producto de estos factores, el informe concluye que los centros del sistema “no disponen de los recursos suficientes para atender, abordar y reparar las múltiples manifestaciones de daño de las niñas, niños y adolescentes”. Esto, enuncia, “contradice las exigencias de una protección adecuada y oportuna para la restitución de derechos”.
Dificultades en la atención en salud mental
En el documento también se aborda la atención brindada por los centros, que el MNP caracteriza como “disímil”. De acuerdo con el organismo, existe una “variabilidad” en el registro de las intervenciones, que “dificulta la observación y comprensión de las intervenciones en su globalidad”.
Respecto de las condiciones edilicias y materiales, en el documento se revela que dos de los diez centros abordados “no cumplían con las condiciones de infraestructura aceptables”, mientras que otros cinco “requerían algún tipo de acondicionamiento”. Asimismo, si bien la mayor parte de quienes asistían a ellos “se encontraban inscriptos en centros educativos formales”, el organismo identificó problemas vinculados a la concurrencia así como el ausentismo entre los adolescentes.
Igualmente, el MNP constató que los usuarios de los centros “generalmente contaban con una atención oportuna” en salud, si bien en lo que respecta a la salud mental los equipos técnicos expresaron su preocupación en torno a “la falta de acceso oportuno”.
Explotación y microtráfico
Por su parte, y a la hora de evaluar los centros del INAU como garantes del derecho a no sufrir violencia, el MNP constató “un conjunto de situaciones” que lo afectaron, “principalmente en los centros de protección para adolescentes de la región”.
El informe destaca la preocupación por parte de los equipos técnicos de los centros respecto del alto nivel de usuarios que ingresan tras casos de explotación y microtráfico, que se encuentran aparejados de “un alto nivel de violencia” que “genera mayor daño en su desarrollo vital”.
Según detalla el organismo, se constataron diversas “situaciones de riesgo” que experimentaron los usuarios del sistema, que llevaron a su “posible captación” por parte de redes de explotación, a los que los niños y adolescentes se vieron expuestos tanto en “ámbitos de circulación comunitaria” como durante “salidas no acordadas”.
También se observó que dos centros de adolescentes cumplían el rol de centros de distribución de estupefacientes, en donde el vínculo con el narcotráfico “exponía a los y las adolescentes a riesgo extremo”.
Según ahonda el informe, dentro de la región analizada, INAU “no cuenta con recursos para generar medidas de protección y no repetición” de los casos, “incluso en aquellas situaciones en las que el motivo de ingreso al sistema de protección era por explotación sexual o microtráfico”.
Es así que el organismo identifica el abordaje de dichas situaciones como “principal desafío”, e insta a “tomar todas las medidas necesarias para fortalecer los mecanismos institucionales e interinstitucionales” que permitan “prevenir, evitar y proteger”.
Igualmente, observó una “alta frecuencia de salidas no acordadas en el cotidiano” a partir de entrevistas con funcionarios y revisión de la documentación de cada centro. Según extiende el informe, las salidas “se realizan de forma reiterada” a tal punto que constituyen un “patrón de funcionamiento”, por lo que recomienda “ajustar los protocolos de actuación”.
El informe señala que las salidas representan “una temática de preocupación de los equipos involucrados”, pero concluye que “no se ha logrado la intersectorialidad necesaria para establecer procedimientos que garanticen la prevención, atención y la reparación del daño”.