El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) informó que el martes el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), que brinda apoyo económico para que trabajadores del sector accedan a una casa propia, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General contra una funcionaria por apropiación indebida, asociación para delinquir y estafa, en virtud de irregularidades detectadas en transferencias de dinero a terceros.
Cabe recordar que por este caso, a fines de diciembre pasado, el sindicato resolvió expulsar a dos dirigentes por cobros irregulares del fondo, que ascienden a unos 26 millones de pesos, según informó Búsqueda.
Quien patrocina la defensa del Fondo Social es el abogado Óscar López Goldaracena. En este caso, la denuncia fue resuelta por resolución del Sunca, en cumplimiento de lo que resolvió su Comité Ejecutivo Nacional, en la sesión del 18 de diciembre de 2024, informó el sindicato a través de un comunicado emitido el miércoles.
Además, la organización sindical activó los procedimientos previstos en su estatuto para sancionar a todos aquellos afiliados que estuvieran involucrados. “Al mismo tiempo, a lo largo y ancho del país en el marco de la campaña de sindicalización, se están desarrollando cientos de asambleas que ratifican la decisión del Comité Ejecutivo en la presentación de la denuncia, y en las medidas estatutarias señaladas, reafirmando su compromiso con los principios éticos y morales que nos guían en nuestro accionar diario”, concluye el texto.
Acerca de la denuncia, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, expresó a la diaria este miércoles que “fue por decisión del Fondo de Vivienda, del cual somos parte y que coadministramos con el sector empresarial”. Asimismo, indicó que se realizó a partir de los resultados de una auditoría e investigación administrativa interna, de la cual surge que “se efectuaron transferencias no autorizadas a determinadas cuentas”.
“Con la denuncia lo que se busca para determinar las responsabilidades de esas transferencias y obviamente los montos correspondientes”, dijo Ferreira. “De la investigación administrativa que se realizó surge que una funcionaria administrativa, en tareas para el Fondo Social de Vivienda, realizó transferencias no habilitadas a diferentes cuentas. Ahora la Justicia debe investigar”, detalló.
El dirigente sindical sostuvo que esas transferencias no autorizadas se habrían realizado entre febrero y noviembre de 2024, y que la situación se constató en diciembre pasado. “Inmediatamente procedimos a contratar esta investigación externa y, por lo tanto, una vez que nos reintegramos de la licencia anual de la construcción, se nos fue entregado el informe. En la directiva administramos el sector empresarial y los trabajadores. Por lo tanto, lo que se determinó es iniciar una investigación administrativa externa, pero la resolución fue del Fondo de Vivienda”.
Las transferencias no autorizadas fueron 143, a unas 14 cuentas, señaló Ferreira. También dijo que en el Fondo Social de Vivienda “se realizaron algunos cambios”, a los efectos de que la operativa y gestión actual no se vea resentida o afectada en su normal funcionamiento. Como la denuncia fue presentada el martes, aún no fue designado un fiscal para el caso. Para ello, hay un plazo de unas 72 horas, las cuales aún no se cumplieron.