“La lucha por verdad y justicia no es en línea recta: ha tenido altibajos, ha tenido logros y derrotas”, dijo el integrante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) e inspector general del Trabajo, Luis Puig, en la conferencia convocada por el Frente Amplio (FA) a propósito de la condena a cadena perpetua dictada este martes por la Tercera Corte de Asís del Tribunal de Roma contra el exmilitar de la Armada Nacional uruguaya Jorge Tróccoli por la desaparición de la maestra uruguaya Elena Quinteros en 1976 y por los secuestros y asesinatos de la pareja italoargentina Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza –entregados al régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay, donde fueron asesinados–.
Tróccoli había sido condenado en forma definitiva en 2021 por la Corte de Casación italiana por otros 26 homicidios, y actualmente cumple su pena en la cárcel de Carinola, en la provincia de Caserta. El nuevo fallo, sostuvo Puig, “reafirma aspectos que se venían señalando desde hace mucho tiempo y que muchas veces eran negados sistemáticamente: la coordinación represiva y la acción permanente y coordinada de las agencias represivas uruguayas participando conjuntamente con la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina y con la Policía paraguaya”, en el marco del Plan Cóndor.
En el caso de Quinteros, “una militante que asumía a cabalidad que los pueblos tienen el derecho irrenunciable de resistir a la tiranía”, Puig subrayó que “se demostró fehacientemente” la participación organizada del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) con el cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) –cuya unidad S2 estuvo bajo el mando de Tróccoli–, el Servicio de Información de Defensa y otras agencias, “cuando se había negado que Tróccoli fuera parte del OCOA”. “Se logró establecer en este juicio que Elena estuvo secuestrada en el Fusna, que Juan Carlos Larcebeau [excapitán de fragata condenado en 2021 a cadena perpetua en Italia] y Tróccoli participaron activamente en el segundo secuestro de Elena en la Embajada [de Venezuela], el 28 de junio de 1976, cuando dos días antes había sido secuestrada en el apartamento de la calle [Ramón] Masini”.
El militante del PVP destacó que, ante el avance de “una corriente negacionista” en la región y en el mundo, el hecho de que “la Justicia italiana haya dado luz y haya comprobado este crimen internacional demuestra que la lucha por verdad y justicia es un componente fundamental de la democracia”.
“La lucha de Elena la continuó [María] Tota [Almeida de Quinteros, madre de Elena], la continuaron los organismos de derechos humanos, la continuó el PVP, la continuó el Frente Amplio [FA], la continuó el pueblo uruguayo”, expresó Puig. El trabajo de todas las organizaciones por “mantener las causas abiertas”, dijo el presidente del FA, Fernando Pereira, “ha permitido que varias de las bandas delictivas –ahora que tanto está de moda hablar de las bandas delictivas– que tantos incidentes produjeron durante la dictadura –casi 200 desaparecidos, asesinados, torturados, exiliados– tengan una condena, en este caso fuera del país”.
Pereira y Puig destacaron el rol asumido por el FA en el juicio, en el que, representado por el abogado Andrea Speranzoni, actuó como querellante, luego de que el Estado uruguayo resolviera en 2022 no participar como parte civil, sino como “parte ofendida”, lo que implicó que no estuviera presente en los interrogatorios ni pudiera intervenir en la demanda por daños.
El presidente del FA anunció que para el 6 de diciembre se convocará a un acto de recordación de Quinteros, para “reflexionar, pensar, pero también para saber celebrar que la lucha popular paga”. “Este valor de Elena como testimonio de la lucha y de la resistencia de la izquierda la izquierda no lo puede dejar pasar de largo”, dijo Pereira en una rueda de prensa.
La entrega del apartamento de Quinteros a la ANEP
Además del fallo de la Justicia italiana, Pereira celebró la decisión de entregar en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el apartamento donde vivió Quinteros, que continuaba bajo la órbita de las Fuerzas Armadas.
“Elena era una maestra, una maestra comprometida con sus niñas y niños, una maestra afiliada a sus sindicatos, una maestra que luchaba por los trabajadores, pero por la educación, por una escuela llena de pueblo. Esa maestra qué más quisiera que su casa quedara para la gestión de nuestras niñas y niños”, expresó Pereira. Consideró, además, que “es un gesto del gobierno uruguayo que, de alguna manera, restituye a otra parte del Estado uruguayo una casa que no podía estar en un lugar [el Ministerio de Defensa] donde la arrebataron”.
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Junto al apartamento de Quinteros, el Ministerio de Defensa anunció que también entregará a la ANEP la “cárcel del pueblo”, que funcionó como centro clandestino de detención del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Pereira valoró que la medida “es muy correcta”, en tanto los bienes provenientes de herencias yacentes –que no se hacen efectivas porque no hay descendencia– van a la ANEP. No obstante, apuntó que “puede haber diferencias”, las cuales “siempre son escuchables”, como los reparos que motivaron un pedido de informes del diputado colorado Felipe Schipani.