El pronunciamiento del Tribunal de Casación de la Suprema Corte italiana sobre el Plan Cóndor puso fin este viernes a un proceso judicial que ha durado más de dos décadas y a una historia desgarradora que se remonta a 40 años atrás, cuando estaba en marcha esa coordinación de dictaduras latinoamericanas para perseguir opositores políticos.

La Sección Primera del Tribunal de Casación, presidida por Mariastefania Di Tomassi, dejó firmes las sentencias en segunda instancia que se emitieron el 8 de julio de 2019. Rechazó los recursos de las defensas de los imputados y confirmó para 14 de ellos las condenas a cadena perpetua por el asesinato y la desaparición de 38 personas. Originalmente el juicio empezó con 33 imputados, pero algunos de ellos han fallecido a lo largo de los años y para otros se ha pedido esclarecer sus situaciones.

Fue en 1999 cuando cinco mujeres, parejas o madres de desaparecidos de origen italiano presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Roma por la desaparición de sus seres queridos durante las dictaduras de Argentina y Uruguay. Con el tiempo, el proceso se amplió para incluir las denuncias de delitos relacionados con la desaparición de otros ciudadanos de origen italiano en otros países latinoamericanos: Chile, Perú, Brasil. Y con los años se sumó el caso de Jorge Tróccoli por su participación en la desaparición de ciudadanos de origen italiano y otros uruguayos.

Tróccoli, exmarino uruguayo con nacionalidad italiana, huyó de Uruguay para evitar a la Justicia, se libró de la extradición por un defecto de procedimiento y fue juzgado en Italia en virtud de un acuerdo entre ambos países. Actualmente reside en la localidad italiana de Battipaglia, y el fallo dispone para él, como para los demás sentenciados, una pena de prisión perpetua.

De los otros represores condenados, tres viven en Chile y los demás en Uruguay. Y es a estos países que Italia deberá pedir la extradición para ejecutar las sentencias. Además de Tróccoli, los militares uruguayos imputados son José Arab, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Ricardo Medina, Ernesto Abelino Ramas, José Sande Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez, y un civil, el excanciller Juan Carlos Blanco. También se encontraban entre ellos los fallecidos José Nino Gavazzo y Luis Maurente Mata.

Luego de la lectura de la sentencia, algunos familiares de las víctimas que estaban presentes en la sala fueron a agradecerle al procurador general de Casación, Pietro Gaeta, que ayer formuló los pedidos de condena. Gaeta habló de una sentencia histórica: “Hemos restituido a todos ellos la memoria de la justicia”.

Cristina Mihura, que desde hace 40 años lucha para tener justicia y verdad para su marido, Bernardo Arnone, desaparecido en Buenos Aires en octubre de 1976, dijo que las dificultades que han enfrentado los familiares en otras instancias judiciales los hacen valorar más este fallo. “La audiencia de ayer fue muy dura para nosotros”, dijo, y señaló que tenía dudas sobre el pronunciamiento del tribunal.

“Luego de haber tenido sentencias para Bernardo en Argentina, en Uruguay y ahora en Italia, doy por concluida la lucha por justicia para él, pero seguiré buscando sus restos y acompañaré a compañeros y familiares”, agregó. “Ayer veía a Aurora Meloni, que estuvo presente con sus nietos. Espero que ellos y otros jóvenes sean la nueva generación que nos dé una mano y nos sustituya, porque hay que seguir, hay muchas cosas que todavía no se saben, y necesitamos entusiasmo y ansia de justicia para los desaparecidos de Uruguay, y no sólo de Uruguay”, dijo Mihura.

Zelmar Michelini, hijo del senador uruguayo asesinado en Argentina, viajó a Roma desde París, donde reside, para escuchar este fallo histórico. “Pienso en todos los familiares de las víctimas, también en aquellos que no han tenido justicia y por los cuales continuaremos bregando para que la tengan. Esperamos con mucha expectativa los fundamentos luego de haber escuchado el jueves al fiscal argumentar sobre líneas jurídicas que podrán ser muy útiles para los futuros procesos. Hay que seguir luchando por la justicia, por la verdad, por la memoria, por el nunca más. Eso nos impulsa a seguir con las causas también en Uruguay”.

Andrea Speranzoni, el abogado del Estado uruguayo y de algunos familiares en este juicio, recordó a “las víctimas, a sus familiares, a todos ellos, que nunca se rindieron en todos esos años”, y manifestó su satisfacción por el pronunciamiento del tribunal. “Esta sentencia reconoce el valor de los testimonios que brindamos en primera y segunda instancia judicial, reconoce la existencia de una máquina represiva organizada que asesinó personas y reprimió las fuerzas democráticas en Uruguay. El significado que tiene es importante porque estas personas, algunas ya condenadas y otras no, ahora tienen una condena a cadena perpetua por crímenes gravísimos. Jorge Tróccoli, que se escapó de la Justicia uruguaya, hoy es condenado definitivamente por la Justicia italiana. Entonces esa sentencia es un aviso para quien se fuga de la Justicia”, expresó.

Speranzoni destacó también la importancia que tendrán los fundamentos del fallo para la jurisprudencia: “Esta es una ocasión para afirmar principios de derecho que tienen un valor internacional. Son principios afirmados por la jurisdicción italiana que pueden constituir una precedente judicial importante en materia de crímenes contra la humanidad”.

Para la detención de Tróccoli el siguiente paso es la emisión de una orden de ejecución de la pena. Su abogado, Francesco Guzzo, dijo a la diaria que le recomendó presentarse por sus propios medios ante las autoridades. Agregó que Tróccoli estaba ayer en su casa, y que estaba sorprendido porque no esperaba este pronuncimiento del tribunal. Además del juicio concluido ayer, en Italia está en fase de instrucción otra causa en contra de Tróccoli por los casos de Rafaela Filipazzi, su pareja, Agustín Potenza, y de Elena Quinteros.