Una delegación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay compareció este jueves ante la Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados para dar su opinión sobre el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574), que ya recibió media sanción en el Senado a principios de octubre.
Desde que el Poder Ejecutivo presentó la iniciativa, el gremio de contadores ha cuestionado su efectividad para hacer frente al lavado de activos producto del narcotráfico –como se pretende desde el gobierno–, así como también algunos de los cambios que amplían las facultades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) y las exigencias sobre los sujetos obligados no financieros.
En rueda de prensa, la presidenta del Colegio de Contadores, Cristina Freire, señaló que en el gremio hay preocupación por el artículo 4 del proyecto, que faculta a la Senaclaft, entre otras cosas, a incautar información o respaldos informáticos en el marco de inspecciones a bienes muebles o inmuebles, lo cual, a su entender, “vulnera totalmente el secreto profesional” y “es hasta anticonstitucional”.
En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista Pablo Abdala, vicepresidente de la comisión, coincidió con la discrepancia del gremio en torno a las potestades que suma la Senaclaft y adelantó que este tema será en lo que “más vamos a poner énfasis” de cara a la modificación del texto aprobado en el Senado.
Abdala dijo que el proyecto deberá volver al Senado, como tercera cámara, porque “hay que introducir algunas modificaciones, algunos ajustes de redacción”, que incluso el propio Poder Ejecutivo detectó, por ejemplo, en el artículo que cambia la redacción de la normativa vigente sobre el delito de asistencia al lavado de activos.
En lo que respecta a las potestades de la Senaclaft, Abdala expresó: “Ahí es donde tendríamos margen para llegar a un acuerdo”. Sobre otros aspectos del proyecto, como la reducción del tope para el uso de efectivo o la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, el diputado nacionalista dijo que en la oposición son “más pesimistas” en cuanto a eventuales modificaciones, ya que el Poder Ejecutivo está “bastante cerrado”.
Freire también objetó la incorporación de la permuta entre las operaciones que los profesionales están obligados a reportar. “La trazabilidad de una permuta es muy difícil de aplicar”, cuestionó la presidenta del gremio, para quien, con este cambio, recaerá sobre los profesionales “una cantidad de responsabilidades que en realidad tendrían que ser del Estado”, que tiene “todas las posibilidades, tiene información y tiene recursos económicos”.
La incorporación de la permuta apunta a controlar los intercambios con criptomonedas, que son considerados como una permuta. Para Abdala, el proyecto debería plantear a texto expreso, “y no a través de una referencia genérica”, este tipo de transacción.
Por su parte, la diputada frenteamplista Ana Olivera, quien preside la comisión, dijo a la diaria que se esperará a que comparezcan todas las delegaciones para debatir los posibles cambios al proyecto. Este viernes la comisión recibirá a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero; la próxima semana, a la Asociación de Escribanos y a la contadora Claudia Olano; y en la última semana de noviembre al consultor Alejandro Montesdeoca. La intención de los legisladores es que la iniciativa se vote antes del 15 de diciembre.