El directorio del Partido Nacional (PN) recibió este lunes a Leandro Claramunt, director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) en representación de la oposición. Luego de la sesión del directorio, el presidente del PN, Álvaro Delgado, señaló en una conferencia de prensa que recibieron un informe de Claramunt y subrayó “la preocupación por el cercenamiento o el condicionamiento de la autonomía que la Ursec tiene en el contralor y en las garantías para poder ejercer libremente” la actividad de la comunicación.
Delgado sostuvo que se está dando “un poder mucho mayor” a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), es decir, “al Poder Ejecutivo de turno”, por lo tanto, quieren hacer “un seguimiento de esto” para que “no sea una injerencia directa o subyacente de presión sobre los medios de comunicación”, porque para los blancos “es un tema absolutamente prioritario” que los medios puedan trabajar “con libertad”.
“En nuestro gobierno, entre otras cosas, trabajamos mucho para darle sostenibilidad y libertad; además, una ley de medios que permitía justamente eso, trabajar con mucha más libertad y garantías, sin condicionamientos ideológicos a los medios de comunicación”, sostuvo.
A su vez, en diálogo con la diaria, Claramunt señaló que lo que planteó Delgado se desprende “de la lectura del articulado que presentó en el presupuesto” el MIEM y también del Decreto 137/025, de junio, que cambió la reglamentación de la ley de medios aprobada en el último año del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Claramunt sostuvo que esa reglamentación modificó “cuatro o cinco aspectos” de la norma que van “en detrimento de la actividad reguladora”, ya que, por ejemplo, se instrumenta “una especie de consulta” que debe hacer la Ursec a Dinatel, relativa a la “forma” en la que van a sancionar a una empresa, “cosa que no está en la ley”. “Es un elemento que quita potestades a la Ursec para dárselas al Ejecutivo”, dijo. “Si para aplicar una ley tenés que pedirle permiso a alguien que la ley no dice que le pidas permiso, lo que estás haciendo es limitar potestades”, insistió.
Claramunt puso como ejemplo de esto la última parte del artículo 14 del decreto citado, referido a los máximos y mínimos sancionatorios. Allí se establece que “para los casos en que la Ursec considere que la infracción califica como muy grave, se abstendrá de adoptar resolución y elevará las actuaciones al Poder Ejecutivo por intermedio del MIEM, a efectos de que este determine si comparte la calificación y evalúe la procedencia de la revocación”. “En caso contrario, devolverá las actuaciones al regulador a efectos de que este continúe el trámite y ejerza su potestad sancionatoria”, se agrega en el artículo 14.