A solicitud del diputado del Partido Colorado Felipe Schipani, las autoridades de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) comparecieron la semana pasada ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados para informar sobre la reciente suspensión de la oficina uruguaya de innovación y emprendedurismo en Jerusalén.
La oficina forma parte de un acuerdo general de cooperación entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén, firmado por la anterior administración en diciembre del año pasado, ya en el marco de la transición.
El actual presidente de la ANII, Álvaro Brunini, indicó en la comisión que, según consta en las actas del directorio, la propuesta de la oficina surgió en 2018 a partir de una visita que realizó a Israel el entonces senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou “para conocer la Startup Nation”. El planteo fue ratificado en 2022, cuando, ya como presidente de la República, Lacalle Pou recibió el Premio Jerusalén por parte de la Organización Sionista del Uruguay y anunció “la instalación de una oficina de innovación y comercio en Jerusalén antes de finalizar su mandato”.
Brunini señaló que, tras la firma del acuerdo general de cooperación, “la ANII transfirió los recursos para este acuerdo, que es una cifra aproximada de 129.000 dólares”. Todavía no se había firmado un acuerdo específico para el funcionamiento de la oficina. Apuntó además que el acuerdo fue negociado por el directorio anterior, sin la participación, “como es habitual”, del Departamento de Cooperación Internacional del organismo.
El presidente de la ANII contó que, cuando asumieron, consultaron sobre los “avances” de la oficina desde la firma del acuerdo, y “se nos dijo que no había existido ningún avance”. “También consultamos si había personal de la ANII trabajando en la oficina y se nos respondió que no”, señaló. Tampoco hubo un contacto con las universidades uruguayas.
En este escenario, el actual directorio de la ANII intentó realizar algunos cambios al acuerdo general de cooperación firmado por la anterior administración. “Uno era que si estábamos pagando el alquiler por un año [unos 24.000 dólares], quizás tenía más sentido que ese año empezara a correr cuando se firmara el acuerdo específico, y no a partir de diciembre en que se firmó, dado que ya iban tres meses y no se estaba utilizando ese espacio físico, [pero] se nos planteó que no era posible hacer ese cambio”, comentó.
Aunque aclaró que la resolución de congelar la oficina tiene elementos “técnicos” y “políticos”, el presidente de la ANII expresó: “Entendemos que no tiene mucho sentido tener una oficina vacía, o sea, una oficina que, si bien se paga un alquiler, no está previsto, nunca estuvo previsto tener personal trabajando; no está previsto ningún tipo de actividad. Es decir, los cursos se iban a implementar de forma virtual, tampoco se había previsto recursos para que los estudiantes pudieran acceder”.
Asimismo, Brunini resaltó que se trata de “una oficina de innovación y emprendimientos”, y no de “una oficina de investigación”. “Uruguay está poniendo recursos financieros para adquirir una serie de servicios”, señaló.