El pasado viernes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó el último Consejo de Ministros del año. “Haciendo un punto y proyectando”, fue lo que dijo a la diaria uno de los participantes del encuentro, al ser consultado sobre qué estuvieron haciendo los jerarcas durante la reunión. Ese espíritu de resumen de los primeros meses de gestión, así como la proyección de los próximos, quedó en evidencia en un documento interno del gobierno, al que accedió la diaria.
El informe, titulado “Compromisos en marcha y faros prioritarios”, toma como base las 63 prioridades del gobierno acordadas en el primer Consejo de Ministros, el 25 de marzo. En concreto, se subraya que de los 63 compromisos hay un 74,6% que “se encuentra en marcha”.
Se detalla, puntualmente, que se trata de iniciativas que “están en etapa de programación con acciones preparatorias ya iniciadas y comunicadas públicamente”, o bien “cuentan con acciones concretas en ejecución o implementadas”. Si se consideran las cinco categorías de referencia del documento presentado en marzo, los niveles más altos de avance se encuentran en los ejes de desarrollo y seguridad.
En el caso de desarrollo, están en marcha 16 prioridades y resta avanzar en tres. En el caso de seguridad, se han llevado adelante acciones para el cumplimiento con 11 compromisos y resta la orientación de esfuerzo para la concreción de tres de ellos. También se señala el alto cumplimiento en materia de infraestructura, en la que se pusieron en marcha ocho prioridades y resta trabajar sólo en una.
Por el contrario, los ejes de cohesión y cuidados, y vivienda tienen cifras que dan cuenta de un avance menor. En el caso de cohesión y cuidados, se ha logrado trabajar sobre siete compromisos y resta emprender acciones sobre cinco de ellos. Por su parte, en vivienda se logró avanzar en cinco y resta trabajar en cuatro.
Las áreas con más avances
Presidencia de la República fue uno de los organismos del Poder Ejecutivo que más avances reportó. Se menciona el objetivo de “articular el ecosistema de ciencia y tecnología”, con acciones como la presentación de la “arquitectura” del programa Uruguay Innova y el “diseño institucional” de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento.
Con relación al Ministerio de Economía y Finanzas, el documento hace referencia a la aprobación del impuesto mínimo global y las modificaciones a la regla e institucionalidad fiscal que fueron incorporadas en el presupuesto quinquenal.
Otros puntos destacados en el área de desarrollo vinieron de la mano del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde se señala la conformación de “un equipo interinstitucional” y un crédito no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina para avanzar en el riego multipredial. También se creó el plan contra la garrapata y el programa Procría.
Esto se suma a los avances en materia de desarrollo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con medidas a favor del aumento del salario real, luego de que se anunciara que a partir del 1º de enero de 2026 el salario mínimo nacional aumentará 7,5%.
Entre los puntos sin avance en materia de desarrollo, aparece el objetivo de la “reducción de costos para las mipymes mediante el acceso sin costo al sistema de facturación electrónica a microempresas y trabajadores independientes”. También lo vinculado a la promoción para la instalación de nuevas empresas tecnológicas en el área de las TIC y especialmente en inteligencia artificial.
En el eje de seguridad, en el área de Presidencia de la República se reporta el cumplimiento del objetivo de crear el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. También se hace referencia a la promoción –mediante conversatorios– de la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este punto, si bien todavía no se presentó un proyecto de ley, se subraya que ya comenzó “el proceso de diálogo con actores nacionales, con apoyo de organismos internacionales, para relevar las mejores prácticas en el área”.
Entre otros puntos, el Ministerio del Interior reporta concreciones vinculadas a comisarías móviles, nuevos cargos policiales (relativos al objetivo de creación de 2.000 nuevos cargos durante el período), instalación de las 5.300 nuevas cámaras (con el compromiso de extender el total hasta 20.000) y dispositivos para la protección de las víctimas de violencia doméstica y basada en género (se anunció el dispositivo Élida 360).
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en tanto, avanzó en el área de seguridad con el trabajo hacia la alfabetización en cárceles, dado que en noviembre comenzó un plan piloto en el Complejo Penitenciario de Santiago Vázquez. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial reportó avances en sus objetivos de seguridad con la presentación de los objetivos y la metodología del programa Más Barrio.
Como principales puntos que aún no se han puesto en marcha, el documento reporta la falta de avance para la implementación de un Centro Coordinador Unificado de Seguridad en las Fronteras a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. También se pone sobre la mesa la falta de acciones para el avance en el “plan de medidas para el respaldo al trabajador policial”, al igual que en la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que se pretendía retirar de la órbita del Ministerio del Interior.
Las áreas con menos avances
En el área de cohesión y cuidados se reportan logros de cara a “garantizar el acceso a los medicamentos y a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos”, a partir del trabajo del Ministerio de Salud Pública con la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria o implementando mecanismos de mejora de la gestión por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
En cuanto al Ministerio de Desarrollo Social, el documento señala el aumento en los montos de la Tarjeta Uruguay Social y del Bono Crianza. En lo que respecta al MEC, se hace referencia a la creación del Bono Escolar, la “multiplicación” de las becas Butiá (enseñanza media) y los avances hacia el aumento de la cobertura en educación inicial y escuelas de tiempo completo o extendido.
Sin embargo, el documento reconoce algunos debes. Por ejemplo, el trabajo desde el MEC en la “apertura de nuevas residencias estudiantiles para un total de 250 jóvenes al año”.
Entre lo que aún no se ha avanzado también se incluye la implementación de un programa de empleo protegido y la mejora de los tiempos de espera en la salud. Además, se reporta la falta de avances concretos de cara al objetivo de “erradicar la extrema pobreza infantil y reducir de manera significativa la pobreza infantil en el quinquenio”, marcado en el documento original.
En el eje de vivienda se incluye como avance el acuerdo con el consorcio Aguas de Montevideo, en el marco de la “renegociación del proyecto Neptuno” para el abastecimiento de agua potable en Montevideo y la zona metropolitana. El documento también hace referencia a que fue presentado y aprobado el Plan Quinquenal de Vivienda 2025-2029, entre otras acciones.
Sin embargo, apunta que hasta ahora no se ha logrado avanzar en materia de vivienda para grupos vulnerables. “Se asumirá un incremento presupuestal sostenido, con el objetivo de duplicar los recursos para vivienda que puedan volcarse a atender los grupos de población en situación de mayor emergencia y la precariedad habitacional”, señalaba el objetivo marcado en marzo.
Otro de los puntos que no se han puesto en marcha es el de la creación de una política de alquileres. El documento original planteaba combinar “instrumentos que faciliten el acceso de los hogares a precios acordes a su ingreso, incluyendo un sistema de alquiler social, paralelo al actual”.