La reciente aprobación de un fideicomiso de 60 millones de dólares en la Junta Departamental de Salto, gracias a los votos de cuatro ediles que fueron electos por el Frente Amplio (FA), tuvo repercusiones inmediatas en la fuerza política actualmente opositora en el departamento. Este lunes, el proyecto presentado por el intendente, el nacionalista Carlos Albisu, obtuvo 22 de los 31 votos en la Junta Departamental, superando la mayoría especial de 21 votos que exige la normativa vigente para la aprobación de este tipo de préstamo.
Posteriormente, a última hora de este martes, la Mesa Política del FA en Salto anunció mediante un comunicado que, con base en los estatutos que rigen a la fuerza política, se resolvió “elevar al Tribunal de Conducta Política los antecedentes, solicitando la expulsión de nuestra fuerza política a los ediles Eduardo Varela Minutti, Analía Fernández y Gladys Martínez”, debido al “no acatamiento” de la resolución del FA, aprobada en un plenario, de no acompañar en este momento el fideicomiso. El cuarto voto fue el de Nilda Díaz, edila electa por el FA que actúa como independiente.
Asimismo, la Mesa Política departamental resolvió elevar al Tribunal de Conducta Política del FA “los antecedentes de quienes estuvieron involucrados en impulsar la aprobación del endeudamiento”. Por último, se informó que “los ediles en cuestión no integran a partir de la fecha la bancada del Frente Amplio, y no representan a nuestra fuerza política en la Junta Departamental y en ningún otro ámbito”.
La votación del fideicomiso, este lunes, transcurrió con dificultades, con cuartos intermedios e incluso con el ingreso de la Policía al recinto del cuerpo legislativo. Los ediles electos por el FA que votaron a favor de la iniciativa, que fueron acusados de “traidores”, están vinculados al sector del exintendente Andrés Lima (2015-2025).
En diálogo con la diaria, la edila del FA Manuela Mutti, que votó en contra del fideicomiso, señaló que el proyecto sancionado en la Junta Departamental “no contenía dentro una proyección del crecimiento de la intendencia”, e incluso “los números que tenía proyectados los basaba en el presupuesto anterior”. Afirmó, además, que el plan de obras públicas le fue comunicado a la oposición “de forma verbal”.
En este escenario, el FA resolvió en un plenario “no votar este endeudamiento si no se presentaba previamente el presupuesto departamental”, apuntó Mutti. Y aseguró que en el marco de este proceso interno de la fuerza política “ninguno de los ediles de Lima planteó discrepancias con no votar el endeudamiento, ninguno”.
Al día siguiente de la votación en la Junta Departamental, este martes, Albisu afirmó en una conferencia de prensa que la aprobación del fideicomiso “marca un antes y un después para Salto”, según consignó la página web de la Intendencia de Salto.
El jefe departamental dijo que el préstamo de 60 millones de dólares -a pagarse en 20 años- permitirá, entre otras cosas, “atender un importante déficit económico” y “saldar deudas con más de 200 empresas, la mayoría salteñas”. También señaló que se conformará una comisión de seguimiento, con representación de todos los partidos políticos, como una “garantía adicional de transparencia”.