Una reunión mantenida el pasado jueves entre representantes del Poder Ejecutivo y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Daniel Alza, dio cuenta de la intensificación de las acciones para establecer una solución para la entidad previsional, que en junio de este año ya no tendrá fondos suficientes para cubrir la totalidad de los egresos operativos. Por el gobierno, participaron el asesor del Ministerio de Economía Ariel Cancio y el director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Doménico.
Di Doménico, desde el rol que se le ha asignado, lidera una serie de trabajos técnicos y políticos que buscan consolidar el diseño de una propuesta legislativa que deberá ser aprobada antes de junio. Todo esto parte de un intenso trabajo de diagnóstico que el propio ingeniero hizo antes de ocupar formalmente el cargo, para el que, según dijo a la diaria, se reunió con actores representativos de las partes interesadas en la gestión de la CJPPU.
A las instancias con los distintos actores que conforman la directiva de la CJPPU se les sumaron reuniones con “un número elevadísimo de organizaciones gremiales de profesionales”, señaló Di Doménico. De allí se dio paso a un “collage de posiciones” y “propuestas” que, más allá de su viabilidad, el jerarca recibió para tratar de dar una “señal política de diálogo”.
“Por el peso de la racionalidad de las propuestas y el último tamiz del Parlamento, hay propuestas que van a quedar vivas y otras que se van a caer”, reconoció el director de Seguridad Social. En ese sentido, enfatizó que “no hay solución para estabilizar la caja si no hay medidas financieras de shock”. Por lo cual, más allá de las buenas intenciones, esto va en contra de la visión de algunos actores que “proponen medidas financieras que son de lenta maduración”.
Lo que se va a hacer
Di Doménico explicó a la diaria que, además de la “ingeniería jurídica” que requerirá el diseño de una solución, se debe respetar el “principio de autonomía” de la paraestatal y también “el principio de solidaridad” que la rige. Esto último, que se relaciona con las “medidas financieras de shock”, implica un “apoyo material” interno y externo a la CJPPU.
Por un lado, los asegurados “van a tener que poner, de acuerdo a sus capacidades contributivas, un incremental que puede ser permanente o temporal”, dijo Di Dominico. Esto, según explicó, se va a “medir” de acuerdo a la “capacidad productiva” de cada uno. Por otro lado, el Estado va a “asistir” a la paraestatal con montos e instrumentos que aún se están definiendo. “Es lógico que tiene que haber un equilibrio de compromisos entre los asegurados y los no asegurados”, planteó.
Di Doménico recordó que el artículo 67 de la Constitución establece que “el Estado es, en última instancia, el garante de la cobertura en seguridad social”. En ese sentido, aseguró que para evitar otras complicaciones se debe ir hacia “una salida negociada y ágil en menos de dos meses”.
“Como gobernante y como ciudadano responsable, no puedo incrementar el costo que a la sociedad le implica cumplir con el artículo 67”, enfatizó, y dejó claro que de no concretarse una solución en ese plazo, la caída de la caja implicaría un esfuerzo financiero del Estado que debería ser muy superior.
Los pasos a seguir
Los lineamientos base de lo que irá al Poder Legislativo deberán establecerse primero en un anteproyecto de ley que el directorio de la CJPPU deberá remitir al Poder Ejecutivo. Este último, a su vez, enviará lo trabajado en forma de proyecto de ley para el tratamiento por parte de los legisladores.
“Vamos a trabajar en un tiempo perentorio”, aseguró a la diaria Alza. En la misma línea, el directivo valoró como “una señal muy buena” la disposición que mostraron las nuevas autoridades al asegurar que “va a haber un apalancamiento del instituto”.
“Lo que tenemos que hacer ahora es ponernos de acuerdo en [el] cómo”, agregó Alza. En esa línea, confirmó que el funcionamiento técnico y de coordinación ya se encuentra establecido entre el directorio de la CJPPU y los representantes del Ejecutivo (los ministerios de Trabajo y Economía, más la Oficina de Planeamiento y Presupuesto). “Toda la caja está hiperestudiada, [sólo] es actualizar y buscar cuál es la mejor ecuación en este momento”, expresó el directivo.
Más allá de lo técnico, Di Doménico detalló que en lo político va a haber “un ámbito insustituible” que se desarrollará entre la “entidad supervisada y el supervisor”, la CJPPU y el Poder Ejecutivo, respectivamente. El director de Seguridad Social también aseguró que va a “convocar a todas las partes interesadas que tengan nivel de organización y no estén representadas en el directorio a un ámbito de información y de intercambio sobre el proceso”.
Luego, con el proyecto de ley definido, Di Doménico adelantó que irá al Parlamento. “Nuestro foco es elevar la calidad democrática de las relaciones en seguridad social”, concluyó sobre el proceso que aspira a desarrollar.