“La sociedad lo que tiene que cambiar es la empatía. Hay mucha desigualdad”. Eduardo Cabrera, del colectivo integrado por personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido (Nitep), ha hablado en medios de comunicación, ha conversado con políticos. El problema, dice, es que después “no hay voluntad del otro lado” y “queda sólo en abstracto”. “Porque la sociedad, en realidad, ¿qué es lo primero que te dice? ‘No, a mí sacame el problema de casa, porque yo pago impuestos’, y no ve que esa persona necesita una ayuda”.
Eduardo necesitó una ayuda en 2005, cuando pasó el invierno a la intemperie. Fue el año del temporal de agosto, que dejó ocho muertos, edificios destrozados, vidrieras rotas. Él estaba en la avenida Garzón cuando arrancó, y se iba a dormir a una plaza en Las Piedras. “Me salvé porque me salvé”, dice. Durmió en los bancos de las paradas de ómnibus, sin tener nada para abrigarse. Ese mismo año empezó su trayectoria por los refugios. “Hoy puedo decir que el frío es un aprendizaje, pero no es algo para desafiarlo en la calle. No se lo recomiendo a nadie”. Hoy, 20 años después, Eduardo está en un refugio 24 horas para personas en situación de calle, pero tiene trabajo, y eso es “muy importante”.
La calle no es sólo el frío sino el hambre, dice Eduardo, y Óscar Costa coincide: “Hay que saber llevarla, y aguantar el frío y también el hambre”. Óscar llegó a Montevideo desde Paysandú el 26 de diciembre de 2009. En estos días de inundaciones en el litoral, recuerda los cuentos de su abuela sobre la inundación de 1959 en Paysandú, cuando el agua llegó hasta la estatua de Artigas. Óscar pasó muchas noches a la intemperie, y varias veces quisieron lastimarlo. “Hay siempre violencia en la calle, y está cada vez más dura”. Trabajó como guardia de seguridad, o haciendo alguna changa, y “siempre andaba en esa vuelta”.
Fabiana Lara, Eduardo Cabrera y Óscar Costa, integrantes de Nitep.
Foto: Natalia Rovira
Óscar dice que “a simple vista” se puede ver una persona que precisa ayuda: “A veces te pide ayuda a gritos, que la ayudes a salir de la situación que está pasando. No sólo la situación de que no tenga trabajo, que no tenga pan, sino que a veces... está casi por morirse esa persona al lado tuyo. ¿Cómo no te das cuenta de que tienes que ayudarla aunque ella no sea nada tuyo?”. Dice Óscar que una mano lava a la otra, y que las dos lavan la cara.
La alerta roja y la “improvisación” del gobierno
La diputada nacionalista Fernanda Auersperg convocó al Parlamento al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por el fallecimiento de personas en situación de calle en los últimos días. Según las cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), murieron cinco personas en esa condición, aunque hubo otros dos fallecimientos: un hombre de 47 años que murió en un refugio del Mides en Artigas y otro que falleció en Rivera con tuberculosis. Civila comparecerá el martes a las 11.00 ante la comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes.
Según informó el ministro de Desarrollo Social a la diaria, el domingo pasado llamó al presidente Yamandú Orsi para plantearle la necesidad de activar otro nivel de medidas. Aclaró que venían teniendo “un diálogo permanente” con Orsi sobre este tema desde la asunción del gobierno.
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El lunes, tras una reunión de Orsi con los ministerios involucrados en Torre Ejecutiva, el gobierno anunció que se evacuaría a las personas en situación de calle ante la situación de “alerta roja” por frío extremo. Así se hizo, y hasta el viernes, en aplicación de esa normativa, se habían evacuado a 400 personas, informó Civila. “Lo que hicimos fue explorar posibilidades y esta es la que a todas luces pareció más eficaz para la situación que teníamos planteada”, señaló el ministro.
Auersperg, quien fue directora de Protección Social del Mides durante el gobierno anterior, dijo a la diaria que la ley que aplicó el gobierno habla de situaciones de desastre “y no estamos ante una situación de desastre”. “Creo que tampoco es sostenible en el tiempo, porque el lunes era una situación compleja, pero el martes ya no se cumplían los requisitos como para que fuera una situación de desastre. Un desastre es un tornado, un desastre es otra cosa”, afirmó.
La diputada nacionalista aseguró que durante la transición, una de las cosas que les dijeron a las autoridades entrantes del Mides fue que la prioridad al asumir eran las medidas del Plan Invierno. Dijo que desde el jueves de la semana anterior a la alerta roja el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) había advertido de la ola de frío. En este sentido, valoró que lo actuado por el gobierno “fue improvisado, con base en toda la presión mediática que han tenido, se podía haber previsto y no hacerlo cuando la peor noche fue la del domingo, y esto [la alerta] comenzó en la tarde del lunes. Tenían elementos como para prever y tomar estas medidas”, cuestionó.
En cambio, Civila afirmó que las medidas se tomaron “en el momento en el que la evaluación de la situación nos indicó con claridad que, además, a partir de un evento meteorológico específico señalado por el Inumet, teníamos que activar una herramienta que no se había activado nunca. A quienes señalan que se demoró mucho, bueno, gobernaron cinco años y en esos años nunca tomaron esta medida”, cuestionó.
Diego Andrada y Rodrigo Solaro, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), que entre otros nuclea a los trabajadores tercerizados de instituciones estatales, destacaron que con el gobierno actual se repusieron 200 plazas en refugios y se abrieron centros nocturnos nuevos a poco tiempo de asumir. Pero marcaron que el gobierno no llegó a abrir a tiempo los nueve centros de puertas abiertas que se habían propuesto, “les ganó el invierno y no lo lograron implementar a tiempo. Y eso también repercutió, porque justamente se podían haber evitado ciertas muertes por las recorridas, por incentivar”, consideró Solaro. “Eso no se logró a tiempo. Esos centros no abrieron, esas recorridas no aumentaron. Entonces, bueno, pasó lo que pasó”, afirmó.
Andrada coincidió con que el gobierno “capaz que podría haber implementado un poco antes” los centros de puertas abiertas, aunque recordó que desde el sindicato siempre se le reclamó al ministerio que “cuando abran un dispositivo, lo abran bien, no a las apuradas”.
Civila explicó que los centros de puertas abiertas no pudieron implementarse antes “por razones presupuestales, porque necesitábamos los créditos para poder llevar adelante esa acción” para que los convenios con las organizaciones no fueran observados por el Tribunal de Cuentas, “con la consecuencia de que eso demora después mucho los pagos a las organizaciones”. Destacó que el diseño del proyecto fue “cuidadoso y en diálogo con las organizaciones”.
Respecto de la acusación de la oposición de que hubo “improvisación” en las medidas adoptadas esta semana, Andrada, del Sutiga, aseguró que “improvisación hay desde que existen los refugios, todos los años”. “Hay una cosa que no varía, que es objetivamente material, que es el invierno. El invierno es una época del año que sabemos que va a venir todos los años. No se puede salir como si estuviéramos en zona de guerra, a lo loco, a plantear un plan de emergencia recargando a los compañeros, eso pasa todos los años con el Plan Invierno”, cuestionó. Se preguntó por qué, si se sabe que el invierno ocurre en determinada época del año, no se trabajan los operativos seis meses antes. “El Estado tiene todos los recursos a su mano, todo tipo de recursos para sentarse y planificar algo. No te puede agarrar el invierno como te agarra a vos, que salís de tu casa y no te pusiste la campera. No es serio. Pero eso pasó siempre, y que haya actores políticos que hablen de improvisación es vergonzoso”, manifestó. Cuestionó que haya políticos que utilicen “algo muy sensible” como las muertes de personas en situación de calle “para una especie de oportunismo y una especie de batalla de ver quién tiene más muertos”.
Rodrigo Solaro y Diego Andrada, en la sede de Sutiga.
Foto: Natalia Rovira
Los trabajadores destacan la voluntad del gobierno actual –a diferencia de la administración de Luis Lacalle Pou– de conversar con los trabajadores, y el hecho de que se atendieron reclamos sindicales.
Eduardo Cabrera, de Nitep, si bien evaluó que este gobierno “viene con medidas” para “poner un freno” a la situación de calle, dijo que “siempre nos acordamos de la situación de los compañeros y las compañeras que están atravesando esta dificultad de vivir en la calle” durante el invierno. “En cuanto a las medidas, pueden ser buenas y factibles mientras dure esta alerta roja o mientras dure este frío. Ahora, para hacer efectivo esto me parece que este tema hay que tomarlo los 365 días del año”, remarcó.
Evaluaciones dispares sobre la gestión del gobierno de Lacalle Pou en el tema
Auersperg destacó que “uno de los principales hitos” del gobierno de Luis Lacalle Pou fue “empezar a diversificar las respuestas que tenía el Mides para personas en situación de calle”, ya que hasta ese momento, el 90% de la respuesta era en centros nocturnos. Destacó que se generaron centros 24 horas, se abrieron cupos en establecimientos de larga estadía habilitados por el Ministerio de Salud Pública y se generaron convenios con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema adicciones, costeando cupos en centros de atención. “Y la verdad es que la adhesión de las personas a estos tratamientos, y ver cómo ingresaban y cómo terminaban saliendo después de nueve meses de estar en un hogar con distintos procesos, fue súper rico”, valoró la exjerarca.
La diputada nacionalista resaltó también que se generó un censo de personas en situación de calle en 2020 “para poder, con base en evidencia, diseñar políticas públicas”, y que se generó el programa Viviendas con Apoyo en convenio con la Agencia Nacional de Vivienda, que costeó la vivienda para personas en situación de calle que tenían un trabajo y la posibilidad de mantenerse, pero no de pagar una vivienda. Destacó que este programa en particular fue “mucho menos costoso, más eficiente en el uso de los recursos que un refugio, que requiere una carga técnica mucho mayor y no termina siendo eficiente en esto de darles a las personas la respuesta que necesitan”. Mencionó que el 23% de las personas que accedieron al programa lograron egresar a “una solución habitacional propia”. También se generó un programa de vales de inclusión sociohabitacional para costearles la pensión a personas que perdieron su trabajo, para que, “pasado un tiempo, pudieran retomar ellos el costo de lo que venían pagando hasta ese momento”. “Un vale de pensión sale un tercio del costo de un refugio nocturno, que es totalmente ineficaz”, destacó Auersperg.
La diputada mencionó que a veces se compara y se señala que el gobierno de Lacalle Pou dejó la misma cantidad de centros nocturnos que había en 2019, “pero en el medio construimos un montón de otras respuestas, todas con foco en dar una respuesta integral y de 24 horas, y no sólo paliativa nocturna y un plato de comida”.
En cambio, para Andrada y Solaro, los cinco años del gobierno de Lacalle Pou fueron “bastante complejos”. “La precariedad que vivimos en estos últimos cinco años fue impresionante y fue sistemática”, afirmó Solaro.
El sindicalista sostuvo que se arrastró desde la administración anterior un déficit de 100 cupos, lo que significa que “había 100 personas que estaban queriendo entrar a refugios y no encontraban”. “Una vez finalizado el invierno [de 2024] no se repusieron cupos y empezó a quedar gente sistemáticamente en la calle. Eso en las puertas [de los refugios] nos mató. Imagínate a las 23.00, decirle a una persona que solicitó cupo a las 18.00: ‘Mirá, disculpame, te pido perdón de corazón, pero no hay lugar’. Eso nos hizo pelota a nosotros y también el trabajo nuestro se complicó muchísimo”, afirmó.
Óscar Costa, de Nitep, confirmó que “a veces no tienen un cupo en los refugios y está muy brava esa mano”. Fabiana Laria, también de Nitep y usuaria de un refugio, se queja de lo estrictos que son con la hora, que no le permiten asistir a las asambleas de Nitep, que a veces te roban las cosas.
Eduardo Cabrera menciona que en los refugios existe “violencia psicológica, violencia institucional”, que va desde “la comida en mal estado, desde organizaciones, como ONG, que reciben dinero del Estado y que no la redistribuyen como lo tienen que redistribuir para que el funcionamiento colectivo del refugio sea acorde a las necesidades básicas de las personas”. Convocó a ser “un poco más humanos a la hora de tratar a la persona”, y advirtió que si se les ponen “muchas trabas”, las personas prefieren no ir a los refugios. “O no acceden a los refugios por robo, o no van porque los maltratan”, señaló.
Andrada, del Sutiga, cuestionó el hecho de que la administración anterior “a veces salía a declarar lo que les salía un refugio, como si la pobreza o estas problemáticas tuvieran que ver con si me sale más barato o no”. Dijo que se buscó “abaratar esta política pública” y se retiró a trabajadores que tenían especificidad técnica relacionada a la salud mental y las adicciones.
Solaro señaló que si bien es valorable el intento de la administración anterior por diversificar las modalidades de atención de las personas en situación de calle, lo hicieron “de forma errática, o sea, iban hacia adelante y hacia atrás con las políticas”. Además, el costo de esta política fue un deterioro en el sueldo de los trabajadores y el hecho de que se hacinó a personas en centros nocturnos, consideró. “Gurises que estaban en refugios de 20 personas pasaron a estar en refugios de 40 personas. Es decir, se duplicó la cantidad de gente, no se amplió el espacio y no se aumentó el personal”, cuestionó.
Andrada dijo que antes del gobierno de Lacalle Pou había un equipo técnico por refugio, y el gobierno anterior pasó a tener un equipo técnico cada tres refugios, así como pasó de 20 personas en centros nocturnos, a 45. También cuestionó el hecho de que hayan ingresado a gestionar refugios organizaciones “sin experiencia”, al tiempo que “sacaron cooperativas que tenían diez años trabajando”. “Entraron muchas organizaciones a dedo y por un tema económico”, sostuvo.
La tercerización y la responsabilidad del Estado
El trabajo con personas en situación de calle, tanto en los refugios como en las recorridas, “básicamente es todo tercerizado”, explican Andrada y Solaro. Esta situación dificulta, al entender de los trabajadores, la aplicación de las políticas públicas, “no quedan claras las responsabilidades”, y este modelo determina que la experiencia de los usuarios de los refugios esté muy condicionada por el azar, según el equipo que gestiona cada refugio.
Andrada indicó que las organizaciones que gestionan los refugios “son muy distintas entre ellas, algunas son de carácter religioso, otras no”. “Hay ciertos lineamientos que el Mides baja, pero después, a la hora de ejecutar el refugio, es muy variado”, advirtió.
Civila consideró, en cambio, que “la articulación entre el Estado y la sociedad civil es muy importante” y que este tipo de proyectos “requieren trabajadores que tengan unos niveles de rotación en las tareas, porque son proyectos muy exigentes desde el punto de vista de la propia salud mental de los trabajadores, de sus condiciones de trabajo cotidianas”. “Todos esos factores me llevan a pensar que no es claro que la solución deba ser enteramente estatal. Es el Estado el que se tiene que hacer responsable, el que tiene que dirigir esa política pública, pero la articulación con la sociedad civil es muy importante”, reflexionó.
Solaro recordó que la mayoría de la población de los refugios es egresada del sistema carcelario y tiene algún problema de salud mental o de adicción, y agregó que es razonable que se trasladen a los centros “algunas lógicas” que se dan, por ejemplo, en la cárcel. “El tema está en el equipo y en cómo desarticular eso, lo que precisás es un lineamiento claro como equipo. Y estandarizar un poco entre refugios, con la centralización de protocolos. Si tenés un buen equipo que está formado, que tiene los técnicos capacitados para bajar lineamientos, podés sacar esas lógicas carcelarias que puede haber adentro, de consumo, de peleas, de extorsiones”, aseguró el integrante del Sutiga.
Centro de Montevideo.
Foto: Ernesto Ryan
Andrada marcó que la lógica carcelaria la genera el Mides con el hacinamiento, y coincidió en que si hay “gente capacitada” en los equipos, “se pueden desactivar ciertos problemas de convivencia”. “No es lo mismo estar en una casa, con 30 usuarios, dos compañeros, un psicólogo, un asistente social, que estar en un refugio con dos educadores nada más, una enfermera que viene a armar los pastilleros, 40 personas adentro y 80 en la puerta pidiendo cupo”, ejemplificó.
La necesidad de políticas de Estado
Tanto los trabajadores como las personas en situación de calle, así como el gobierno y la oposición, coinciden en que los centros 24 horas son mejores que los refugios nocturnos, donde las personas están obligadas a entrar a las 18.00 e irse a las 9.00, lo que no permite “generar un proceso” con ellas, en palabras de Solaro.
Para Nitep, también es importante abrir más centros de 24 horas, y valora positivamente la iniciativa de los centros de puertas abiertas, aunque acota que también deberían abrirse en el interior. El objetivo debe ser “que la persona pueda estar más tiempo contenida ahí adentro” y hacer “un buen abordaje, ya sea de salud, de higiene y un montón de cuestiones que esa persona en realidad también necesita”, indicó Cabrera.
Solaro acotó que la sociedad y el sistema político se deben “una discusión seria, de Estado”, una política “de mediano y largo plazo sobre esta temática”. Afirmó que la sociedad “no se quiere hacer cargo” de las personas en situación de calle porque “es como un lugar doloroso, hasta traumático”.
Nitep habla de una “trenza” compuesta de trabajo, vivienda y salud, para que “los compañeros puedan proyectar un futuro”, dice Eduardo Cabrera. Ya han tenido reuniones con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial por la cuestión de la vivienda y esperan que haya alguna respuesta en el presupuesto quinquenal.
Solaro aseguró que en los refugios se está empezando a ver gente con trabajos formales “que no puede egresar, que no puede conseguir una solución habitacional que no sea subsidiada por el Estado porque el mercado no les permite acceder a una vida digna”. Dijo que las personas que están en los refugios “no son personas 100% marginadas”. “Hay un pequeño porcentaje. Lo demás son personas que efectivamente tratan de reinsertarse, pensionistas, jubilados, que no pueden conseguir una solución habitacional”, indicó.
Según Andrada, “hay mucho palabrerío y mucha puja política” en este tema. “Y es un error, porque estamos hablando de una población que crece, que nunca paró de crecer desde que se empezó a censar. Alguien hubiera podido hablar si en alguna época hubiera habido una meseta o un descenso. Eso no existió, así que no tendrían que hablar tanto desde ciertos lugares, sino hacer una autocrítica tremenda, ¿no?”, advirtió.
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Solaro puntualizó que las adicciones y los problemas de salud mental son “el síntoma, no la causa” de que una persona esté en la calle. En cambio, llamó a pensar las “raíces estructurales” de la situación. “El capitalismo moderno y sus principios fueron erosionados, empezando por la familia, hogares monoparentales, problemas de violencia familiar, pobreza, desigualdad. En la educación, deserción en la secundaria; en la fábrica, desindustrialización, pérdida de puestos laborales. Hay 500.000 personas hoy en Uruguay que tienen un trabajo formal que roza el salario mínimo, 25.000 pesos. Hablame de dignidad, hablame de sueños si los alquileres salen 25.000 pesos. Todo eso es un caldo estructural que toma efervescencia”, afirmó.
Andrade complementó con que “si el modelo estructural va a seguir siendo el mismo”, podrá seguirse buscando si la causa “es una adicción, si tiene esquizofrenia”, pero no van a cambiar las razones estructurales por las que la gente está en la calle. En este sentido, subrayó que es importante el presupuesto que se va a otorgar a los organismos públicos para abordar este problema, y también repensar el modelo de país. “Acá alquilar sale un huevo. ¿Quién tiene una propiedad? Se dice muy fácil que esa persona no esté más en calle, pero ¿quién tiene una propiedad hoy?”, preguntó. Solaro acotó que la cantidad de propietarios en el país bajó de 70% hace 20 años a 45% actualmente. Y aludió a la estructura económica “profundamente desigual” que hace que si bien la economía crezca, “no se vierta nada sobre la sociedad y tengamos todos estos problemas que estamos mencionando”.