Por tercera vez en lo que va del período de gobierno, el presidente de la República, Yamandú Orsi, reunirá a su gabinete hoy a las 10.00 en la Torre Ejecutiva. Según supo la diaria, el asunto central del Consejo de Ministros será el tratamiento de los lineamientos salariales que el Poder Ejecutivo propondrá en la próxima ronda de los Consejos de Salarios. La presentación de la pauta salarial estará a cargo de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El tema está siendo administrado con hermetismo por el gobierno. A fines de junio vencen aproximadamente 180 convenios colectivos y el Poder Ejecutivo tiene que enviar a sus delegados en los consejos tripartitos —compuestos además por representantes de los trabajadores y el sector empresarial— las bases del gobierno para la negociación y definición de los aumentos salariales, entre otros aspectos.
La intención del Poder Ejecutivo es evitar dar mayores detalles sobre la pauta salarial hasta que se reúna el Consejo Superior Tripartito, lo cual está previsto para el martes o el miércoles de la semana que viene.
En entrevista con la diaria Radio, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo ayer que la publicación prematura de los lineamientos podría “generar algún mal humor” entre los actores involucrados. “En este momento lo que menos necesitamos es una provocación de mal humor en alguna de las partes”, advirtió.
De todos modos, Castillo señaló que actualmente hay tres “zonas” en consideración. La primera, que comprende a “los salarios más bajos”, será especialmente priorizada en los lineamientos; la segunda, en la que “se ubica el porcentaje mayor de trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, tendrá que “ir viendo cómo recupera el salario a partir del aumento del producto”, es decir, del crecimiento de la economía; y la tercera, que abarca a trabajadores “asalariados” pero con “más oxígeno”, tendrá que “ir viendo el crecimiento de la economía y cómo se acompasa el resto para ver qué posible aumento pueden tener”. Castillo puntualizó que en ninguna de las tres zonas se prevé que haya pérdida de poder adquisitivo.
El tratamiento diferencial de los ajustes salariales, en función del nivel de ingresos, es algo que, si bien no figura a texto expreso en las bases programáticas del Frente Amplio, ha sido manejado en reiteradas ocasiones por el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone.
Oddone ha dicho que la desindexación salarial “es algo que el equipo económico quiere estudiar y quiere promover porque entiende que fortalece el clima de negocios”, aunque esto “se tiene que equilibrar y balancear con las orientaciones generales del conjunto del gobierno y, particularmente, con la visión del Ministerio de Trabajo”.
Ya con la pauta salarial casi cerrada, desde el MTSS señalaron a la diaria que hubo “una conversación de mucho tiempo con Economía” por este asunto. Y el intercambio “fue delicado”, resaltó la fuente.
En principio, cualquier mecanismo de desindexación estará acompañado de algún tipo de correctivo a aplicarse en el final del convenio colectivo; todo esto, no obstante, estará sujeto a lo que surja de la negociación tripartita.
El tema divide a trabajadores y empresarios
“La desindexación es algo que entendemos que es positivo”, manifestó a la diaria el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido. Aunque aclaró que el sector empresarial todavía desconoce el contenido de los lineamientos que presentará el Poder Ejecutivo, Lestido señaló que, en términos generales, “es una cosa que como cámara empresarial habíamos planteado ya hace muchos años”, “lo vemos como positivo”, remarcó.
Diferente es la postura del PIT-CNT. Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical, dijo a la diaria que “la desindexación salarial en sí misma es un concepto regresivo”, dado que “implica pérdida de salario real en el transcurso de un período de tiempo determinado”.
“La evolución de precios al consumo tiene un comportamiento, y la evolución salarial tiene otro comportamiento por debajo de los precios; entonces, indefectiblemente es un mecanismo regresivo de evolución salarial”, afirmó el dirigente sindical.
Por otra parte, Sommaruga cuestionó el marco de la discusión en torno a la desindexación salarial. “Cuando se plantea la variable salarial como una variable macroeconómica de estabilización [en este caso, de la inflación], parece ser bastante injusto que queden fuera de la ecuación otras variables que son relevantes en materia de estabilidad macroeconómica”, expresó.
A modo de ejemplo, el dirigente sindical mencionó las exoneraciones impositivas. “El Estado uruguayo casi que duplica el promedio de la región en materia de gasto tributario, y esto beneficia el margen de ganancia del gran capital. Ahí tenemos un debate sobre en qué contexto se coloca el discurso de la desindexación salarial: en un contexto que es conservador en general de los mecanismos macroeconómicos, pero que es regresivo hacia el valor del trabajo”, afirmó.
Una primera aproximación a la ley de presupuesto
La posición que tendrá el Poder Ejecutivo en la próxima ronda de los Consejos de Salarios no será el único asunto que tratará el gabinete de Orsi en la reunión de esta jornada. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, adelantó ayer en rueda de prensa, que también se van “a estar estableciendo las líneas básicas del presupuesto”.
En tal sentido, Díaz señaló como una posibilidad que el proyecto de ley de presupuesto quinquenal —que ingresará al Parlamento a fines de agosto— disponga la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto está entre las prioridades que se fijó el gobierno y también figura en los programas de gobierno del Partido Nacional y el Partido Colorado, aunque en el último tiempo el planteo ha sido cuestionado por algunos dirigentes de la oposición.
Según supo la diaria, algunos ministerios todavía no han resuelto con exactitud por qué temas pedirán mayores recursos, por lo que hoy asistirán al Consejo de Ministros solamente a escuchar la exposición que haga el MEF sobre el proyecto presupuestal.
El Poder Ejecutivo ya tiene asumidos varios compromisos que conllevan considerables erogaciones como, por ejemplo, la construcción de la reserva de Casupá, en Florida, y de un hospital en la Ciudad de la Costa, en Canelones; también se prevé un desembolso no menor para financiar un proyecto de transporte en el área metropolitana.
En materia de protección social está previsto que el presupuesto quinquenal sustente un aumento de 50% del monto de la Tarjeta Uruguay Social y del Bono Crianza, destinados a los hogares de mayor vulnerabilidad económica, así como un incremento “sostenido” de los recursos asignados a los programas de vivienda.