El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Daniel Alza, manifestó tener una visión “optimista” respecto al desarrollo de la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley de reforma de la caja paraestatal, que fue aprobado este martes en la comisión especial de la Cámara de Senadores. Alza confía en que “los acuerdos se van a buscar y van a llegar” para que la ley “pueda estar vigente lo más urgente posible” y así, en julio, “tengamos los fondos suficientes para pagar a los jubilados” (la Caja de Profesionales anunció que abonará las jubilaciones de Julio en dos pagos ). El proyecto se tratará este miércoles en el plenario del Senado.
Entrevistado por la diaria Radio, Alza aseguró que desde la CJPPU valoran como “positivo” que los legisladores “vayan encontrando un punto de encuentro entre los diferentes sectores para llegar a un acuerdo”, ya que “hoy es fundamental para que salga una ley”. “Para nosotros, el objetivo primordial es que la Caja siga existiendo, que la Caja siga pagando sus jubilaciones y sus pensiones a sus afiliados y que siga siendo un sistema previsional que dé soporte a todos los profesionales que ejercen su profesión en forma libre”, afirmó.
El financiamiento de la CJPPU ha sido el corazón de la discusión y también el principal punto de desacuerdo entre oficialismo y oposición en ambas cámaras. Este martes, al aprobarse el proyecto en la comisión del Senado, sólo con los votos del Frente Amplio (FA), fueron reincorporadas las contribuciones previstas originalmente en la reforma para los afiliados de la CJPPU: un incremento de la tasa de aportación –de 18,5% a 22,5%– para los activos y una nueva contribución pecuniaria –de entre 2% y 11%– para los pasivos.
Consultado al respecto, Alza recordó que, desde setiembre de 2022, el directorio de la Caja ha manifestado su postura de que la situación económica de insolvencia del instituto “debía salvarse con aporte de todos los que estábamos involucrados”, incluyendo activos, pasivos, funcionarios, los timbres profesionales y “algún aporte del Estado en forma balanceada”. En ese sentido, consideró que los actores políticos “van por el mismo camino”, pero “hay que ponerse de acuerdo en qué volumen, en cuánto es que cada uno de los colectivos debe contribuir para la solución”, para que “no recaiga sobre un colectivo solo o sobre un sector solo de la población”.
Sobre el aporte del conjunto de la sociedad, a través de los timbres y de Rentas Generales, y por qué consideran que el resto de la población, no vinculada directamente a la Caja, también debe participar en el salvataje, Alza consideró que la Caja “no es un instituto que está enquistado en determinado territorio y en determinada zona del país y está por fuera de la sociedad”, sino que pertenece a la sociedad. “Los jubilados que cobran su jubilación en la Caja, con su jubilación, aportan el IASS [impuesto de asistencia a la seguridad social], que va directamente al BPS [Banco de Previsión Social]”, por lo que “se está subsidiando al BPS y se subsidia a las jubilaciones del resto de la población también”, señaló.
Además, agregó que la Caja Profesional “durante 70 años no recibió dinero del Estado ni apalancamiento del Estado”. Ahora, “lo que se está buscando con esta ley” es “un apalancamiento que le dé sustancia, que le dé sustentabilidad al sistema durante un período en el cual por sí solo el sistema pueda mantenerse”, explicó.
Sobre el aporte propuesto para los afiliados activos, el presidente de la CJPPU explicó que la “capacidad contributiva” de estos “tiene un tope”. “Cuanto más subís la tasa de activos, genera que la gente deje de aportar, porque no puede o porque tiene algunas dificultades”, como se ha evidenciado en incrementos que se han aplicado en el pasado. Aunque “podría haber cosas mejores”, Alza destacó que el proyecto prevé “salvaguardas” para que “las personas que no puedan seguir aportando esos niveles de suba se puedan quedar en la misma categoría y se puedan quedar en una escala de ficto diferente”.
Consultado sobre qué herramientas podrían ser más efectivas para evitar la fuga de aportantes de la Caja, Alza se refirió a que, en primer lugar, se debe “corregir la situación actual” y después “estudiar un sistema de aportes” que se adecúe a “la situación laboral y a la situación de remuneración que tienen hoy los afiliados”. El presidente apuntó a la necesidad de “hacer un estudio mucho más exhaustivo” sobre el funcionamiento de la paraestatal una vez que se haya estabilizado su situación. Acotó que el sistema actual “se ajustó en 2004 y no se había ajustado hasta hoy, sabiendo que en 2014 ya teníamos el diagnóstico de que en esta fecha íbamos a tener estos problemas”.
La semana pasada, en entrevista con la diaria Radio, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, consideró que “el problema” de la CJPPU “es que otorga un conjunto de beneficios que claramente está por encima de lo que otorgan otros subsistemas, incluso el BPS”. A propósito, Alza sostuvo que “hay una especie de autocrítica” en parte de los afiliados en ese sentido, ya que entre 2006 y 2016 la Caja “mantuvo, por decisiones de un directorio, beneficios extraordinarios que estaban por fuera de lo que le obligaba la ley”, en una época en la que “se había recaudado mucho dinero” y los estudios indicaban que era posible otorgarlos.
No obstante, consideró que es sólo uno de los motivos de la crisis de la paraestatal, que es multifactorial, y por ello “las soluciones hoy tienen que ser entre todos”. “La solucióon no puede ser que sólo un colectivo, como hasta ahora, esté pagando el aumento”, acotó.