Este lunes, Panorama informativo de la diaria Radio recibió a la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana Ferraris, quien abordó los cuestionamientos de parte de la oposición que recibió durante la comparecencia del directorio ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la cámara baja y lamentó que “ese tipo de consideraciones tan despectivas y tan irrespetuosas” reflejan “un nivel bajo de debate”. “Tiene que haber una ética en el debate público y, por lo menos en el caso nuestro, parecería que está faltando”, pero eso “habla más de quienes hacen ese tipo de planteos que del organismo”, consideró.
Durante la instancia parlamentaria en la Cámara de Diputados, el legislador colorado Gabriel Gurméndez se refirió a una declaración jurada presentada por Ferraris en la que se incorporó un inmueble con un valor de 15 millones de pesos. En ese momento, Ferraris afirmó que no ocultó patrimonio, sino que fue un error de cálculo, y se definió como “una incompetente en cuestiones matemáticas” y de las personas “que cuentan con los dedos”. En respuesta, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo que “si se declara incompetente, capaz que lo mejor es que asuma esa condición y deje de lado esa responsabilidad”.
“No me declaro incompetente para dirigir este organismo porque mi venia fue votada por unanimidad con base en un currículum, que es lo que me precede, y no estoy ahí ocupando ese cargo como premio consuelo por no haber salido electa en un cargo electivo o algo por el estilo; yo estoy situada ahí por mis condiciones técnicas”, aseveró este lunes Ferraris, consultada sobre las afirmaciones de los legisladores de la oposición. Agregó que no tiene “ninguna razón” para renunciar y se declaró “convencida” de que se encuentran transitando un proceso de “mejora y fortalecimiento” del organismo del que “nadie se ocupó”.
Ferraris dijo que “hay un montón” de errores de ese tipo y explicó que cuando hizo “la suma del total del activo quedó un error de cálculo” que “enmendó de inmediato con otra declaración jurada complementaria”. Además, precisó que su comentario llegó “en medio de una sesión bastante complicada” y lo hizo “con la intención de distender el clima”. También acotó que recientemente detectó una inconsistencia en la declaración jurada de un legislador, un caso concreto donde también “le erró a la suma”, y le restó gravedad: “Una cosa es errarle a una suma y otra cosa muy distinta es ocultar patrimonio”, afirmó. A su entender, un ejemplo de lo segundo fue el caso de Juan Sartori.
La relación entre la Jutep y la oposición se tensó a partir de la resolución por el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, que se aprobó con los votos de los representantes del oficialismo y resolvió que no existía incompatibilidad de funciones. Ferraris dijo que en ese tipo de situaciones donde se conjugan cargos públicos y privados “siempre hubo dos posturas en términos jurídicos” y que “el ejercer el ejercicio profesional en paralelo a la gestión como jerarca de un organismo del Estado” es un tema que el Poder Legislativo “tranquilamente lo podría haber resuelto hace años y no lo ha hecho”, con lo que “se terminaría esa discusión”.
Recomponer el vínculo con los dirigentes opositores “no parece ser algo sencillo”, lamentó Ferraris. “Claramente hay un conjunto de acciones a nivel político y mediático cuya consecuencia final es tratar de deslegitimar y debilitar el rol del organismo anticorrupción en el Uruguay. La pregunta es quién gana y quién pierde con eso. ¿Quién se beneficia con una Jutep debilitada, deslegitimada, sin –a mi modo de ver– sustento fáctico que le dé base para plantear que es un organismo político?”, se preguntó. Agregó que intentaron colocar a la institución “como un actor político y como que es rival político de alguien”, pero “es un órgano del Estado y no es rival político de nadie”.
El motivo de la convocatoria de la Jutep a la comisión parlamentaria, impulsada por Cabildo Abierto, fue el atentado en el hogar de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y los riesgos de divulgar la información vertida en las declaraciones juradas. Ferraris dijo que se trata de “un debate válido que pone sobre la mesa cuestiones que tienen que ver con esa tensión entre transparencia y seguridad”, pero aclaró que ya se censuran los datos asociados a “domicilio, cédula de identidad, número telefónico” y, en el caso de los inmuebles y los vehículos, los números de padrón y de matrícula. Esos datos no se brindan “en ningún caso”.
Ferraris señaló que, a pocos días de haber cumplido un año desde que asumió el cargo, se han hecho “muchísimas cosas”, pero “no son noticia, no generan titulares y, por lo general, nadie pregunta por eso”. En esa línea, indicó que la memoria anual detalla el proyecto que asumieron con un compromiso basado en “tres pilares fundamentales”: el sistema de declaraciones juradas –para mejorarlo e “ir generando una serie de alertas”–, el fortalecimiento de lo vinculado a las denuncias de transgresiones a la ética pública y la creación del Observatorio de la Corrupción del Uruguay.
El tratamiento de una denuncia “no debería demorar más de 90 días”
El viernes, la Jutep comenzó a tratar las seis denuncias anónimas que recibió sobre la compra de una camioneta por parte de Yamandú Orsi, por entonces presidente electo, con 25.000 dólares de descuento. Sobre este tema, Ferraris explicó que “se asignó a una funcionaria para que realice el análisis correspondiente, que terminará al final con un informe que llegará al directorio y adoptará la resolución que tenga para adoptar”. Aunque se desconoce cuándo será el final de ese proceso, se determinó que, debido a la jerarquía institucional de la persona denunciada, “hay que darle un trámite con todas las garantías, pero lo más urgente posible”.
Sobre posibles cambios para mejorar los tiempos de abordaje de las denuncias que ingresan a la institución, Ferraris adelantó que se trabaja en un proyecto para crear un “procedimiento claro” para trabajar en ellas, algo que “no se hizo nunca”, y estimó que la semana que viene estará terminado. “De acuerdo al proyecto que nosotros tenemos de procedimiento, estimamos que el tratamiento de una denuncia no debería demorar más de 90 días”, apuntó, y señaló que en la actualidad el organismo tiene pendientes “denuncias que tienen años”.
En cuanto a los recursos con los que cuenta la Jutep, Ferraris dijo que hubo momentos en los que contó solamente con “solamente dos funcionarias” y que han intentado fortalecer el organismo a través de llamados y pases en comisión.