El sector frenteamplista Casa Grande emitió este jueves un comunicado en el que cuestiona la propuesta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) de que jóvenes privados de libertad en esa institución tengan instancias de formación en el Ejército. La propuesta también generó reparos en la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mariana Mota, quien aseguró que el organismo analizará el convenio suscrito entre ambos organismos.
“Resulta especialmente preocupante que se sugiera la carrera militar como una posible alternativa de inserción futura para adolescentes que se encuentran bajo medidas judiciales, ya que ello refuerza procesos de estigmatización y naturaliza la idea de que el control y la disciplina son herramientas educativas válidas”, señala Casa Grande, y agrega que “pretender que el disciplinamiento militar pueda sustituir procesos educativos integrales constituye un grave error que puede generar conductas nocivas a largo plazo y vulnerar derechos fundamentales de las y los jóvenes”.
El sector advierte además que el programa presenta “una clara discriminación por razones de género”, ya que excluye a las mujeres de las instancias de capacitación, “reproduciendo prácticas históricas de las Fuerzas Armadas que contradicen los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la normativa nacional e internacional vigente”.
Finalmente, Casa Grande llama a dar “un debate profundo y democrático sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad actual y sobre la pertinencia de su creciente involucramiento en áreas que no les son propias”. “Programas como este tienden, en nuestra opinión, a ampliar y a justificar el rol de una institución cuya función debería ser revisada críticamente”, concluye el sector en su comunicado.
En cambio, el senador nacionalista Javier García, exministro de Defensa Nacional, evaluó positivamente el convenio y anunció este jueves en sus redes sociales que planteará citar a las autoridades del Inisa y del Ministerio de Defensa Nacional a comisión para que expliquen el programa. García recordó que lo planteado retoma una experiencia iniciada en 2022 con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), por la que se reservaban cupos en unidades militares para personas mayores de 18 años egresadas de los centros del INAU, para que “sirviera para su inserción social y ciudadana y como experiencia laboral”. La experiencia se amplió en 2023 a centros juveniles, contó García en sus redes.
“Así como los liceos militares son muy demandados, este camino empieza a dar resultados positivos. Valores, método de trabajo, disciplina, organización y enseñanza de oficios que sirven para muchachos y muchachas que necesitan apoyo para su inserción social y laboral”, destacó el senador nacionalista, y sostuvo que quiere intercambiar con las autoridades “para ver en conjunto cómo consolidar y ampliar este camino que nos alegramos que se continúe y extienda”.