Este viernes, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, encabezó una conferencia de prensa en la que anunció que, tras una serie de consultas a catedráticos de derecho constitucional como Ruben Correa Freitas y Martín Risso, el gobierno decidió enviar un proyecto de ley que, de aprobarse en el Parlamento, establezca como interpretación de la Constitución que “son nacionales uruguayos los ciudadanos legales y los ciudadanos naturales”.
“Incluso se presenta también un artículo 2 del proyecto que soluciona el tema de los menores de edad a los efectos de que puedan obtener también la Carta de Ciudadanía a través de sus representantes legales y que eventualmente, al cumplir la mayoría de edad, puedan ratificar”, señaló. Según Díaz, la medida es “una interpretación evolutiva en clave de derechos humanos” y resuelve “un conjunto de problemas reales”. El proyecto será firmado el lunes en el Consejo de Ministros y enviado al Parlamento la próxima semana.
Según Díaz, el Poder Ejecutivo tenía un derecho de petición planteado por ciudadanos legales uruguayos que reclamaban ser reconocidos como nacionales, ya que les generaba “un conjunto de inconvenientes prácticos”, entre ellos, con la expedición de pasaportes, ya que “no se reconocía la nacionalidad” y no cuentan con “un documento de viaje que les permita circular por el mundo como circula cualquier ciudadano natural”. A su vez, dijo que muchas personas que acceden a la nacionalidad uruguaya “se ven obligadas a renunciar” a la de su origen y “quedan prácticamente en una situación de apátridas” en función de que algunos países no reconocen la doble nacionalidad.
De aprobarse, adelantó que uno de sus efectos será que en la emisión de los pasaportes dirá que tanto los ciudadanos naturales como los legales son nacionales uruguayos. Además, adelantó que, a partir de 2027, la Organización de Aviación Civil Internacional plantea que “es obligatorio establecer el lugar de nacimiento”, lo que también se cumplirá por parte de Uruguay y el documento de viaje incluirá ambos datos.
Díaz explicó que el ciudadano natural es “quien nace en el territorio nacional o quien nace en el extranjero, hijo de ciudadanos naturales, y se inscribe en el registro”; mientras que los ciudadanos legales son los que nacen en el extranjero, pero adquieren la Carta de Ciudadanía. “La Constitución no define quiénes son nacionales uruguayos, sino que define quiénes son ciudadanos legales y quiénes son ciudadanos naturales. Existe una interpretación doctrinaria de larga data de que los nacionales uruguayos serían los ciudadanos naturales y no los ciudadanos legales, y eso genera una discriminación”, aclaró.
Según Díaz, las consultas a constitucionalistas llevaron a concluir que “no existe diferencia entre ciudadano legal y ciudadano natural a los efectos de reconocer a alguien como nacional uruguayo”. En esa línea, entienden que es “justo”, “necesario” y representa “terminar con un peregrinaje que han tenido estos compatriotas ciudadanos legales uruguayos durante muchísimos años reclamando sus derechos”.
Consultado respecto de cuántas personas abarcaría la ley, indicó que en la sociedad civil se calculan entre 16.000 y 20.000 personas. Por otro lado, vinculado con el grado de apoyo que espera en el Parlamento, dijo estar “convencido de que todos los partidos políticos quieren resolver este problema” porque “no tiene color político”, sino que se trata de “un tema de estricta justicia”, aunque por el momento no tuvieron contactos formales con la oposición.
Las modificaciones a la Evaluación Nacional de Riesgo
El martes, Díaz encabezó una reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En ese marco, reiteró que hay un “factor de riesgo” en los centros de cobranza y por eso “seguramente” se incluyan en la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de 2023, ya que sí son sujetos obligados, pero no todos “están incluidos en la ENR como de alto riesgo”, una modificación que “deberá hacerse” junto con cambios en los organismos de control.
Las modificaciones a la ENR y la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030 requieren un decreto del Poder Ejecutivo, sin ser necesario concretar envíos al Parlamento. “Entendemos que sí, que va a haber modificaciones a la brevedad, nos hemos dado un plazo de 15 días para estudiar el tema, para consultar con la sociedad civil y con los privados, y probablemente en 15 o 20 días tomaremos decisiones a ese respecto”, adelantó.
La idea es analizar los requisitos que se exigen en materia de cumplimiento –como manuales, capacitación de personal y el relevamiento del tipo de operaciones que se realizan– y “seguramente el Banco Central, que ha tomado debida nota de este tema, tomará las medidas que haya que tomar y la Comisión Coordinadora también”.
