Hace unos tres meses, el oficialismo decidió desarchivar un proyecto de ley que busca regular la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros. La iniciativa tiene como argumento central que la extranjerización de la tierra es un problema que afecta a la soberanía y que supone un “talón de Aquiles” para “las posibilidades de desarrollo” de Uruguay. En el marco del tratamiento del proyecto, la Comisión de Ganadería del Senado recibió este jueves a una delegación de la Federación Rural para conocer la posición de la gremial al respecto.
El proyecto establece que las personas físicas de nacionalidad extranjera podrán acceder a la tierra únicamente cuando sean ciudadanos legales con diez años de residencia “continua, permanente y comprobada” en el país. Este plazo se puede reducir a la mitad si la persona tiene hijos uruguayos o si está unida en “matrimonio o en concubinato” con un ciudadano o una ciudadana uruguaya con “al menos cinco años de anterioridad a la fecha de celebración del negocio jurídico”. En relación con las personas jurídicas extranjeras, estas podrán acceder a las tierras siempre y cuando no hayan sido constituidas fuera del país.
La comisión ya ha recibido a varios actores, entre ellos la Asociación Rural. Esta gremial le entregó a los legisladores un documento en el que, más allá de presentar una serie de datos, se sostiene que la iniciativa tal como se plantea “termina perjudicando el mercado de compraventa de tierras, que ya se está produciendo, sin una clara justificación para ello”.
Este jueves la Federación Rural también entregó un documento a los legisladores de la comisión. El presidente de la gremial, Rafael Normey, dijo a la diaria que, más allá de que la iniciativa que se plantea no es la más adecuada, dentro de la dirigencia de la federación “importa mucho” poder hablar sobre el tema de la concentración de la tierra.
Normey aseguró que es un problema que “desvela” y que ameritó un “proceso interno” de discusión, que terminó con el documento presentado este jueves en el Parlamento. En el documento, al que accedió la diaria, se señala que la Federación Rural comparte la “preocupación de fondo” en cuanto al “despoblamiento del interior, la pérdida de productores medianos y familiares y la dificultad del productor local para acceder a la tierra”.
“Discrepamos con el instrumento”, apuntó la gremial en el documento. Se argumenta que “la nacionalidad del comprador es un mal indicador del problema”, ya que “lo que afecta el tejido productivo es la concentración, sea de capital nacional o extranjero”. Asimismo, se advierte que “restringir quién puede comprar le quita valor al campo del propietario actual, que es en su mayoría productor uruguayo”. Además, se señala que el país “construyó su atractivo sobre la previsibilidad de sus reglas, y una señal de cambio en el régimen de propiedad tiene un costo reputacional que excede al sector”.
El fondo del problema
“Mientras los modelos empresariales más competitivos cuentan con carteras diversificadas y utilizan la tierra como activo de refugio, el productor tradicional depende exclusivamente de su margen productivo”, se agrega en el documento de la Federación Rural. “En contextos de baja rentabilidad, la presión financiera conduce a un uso intensivo y extractivo del suelo, generando patrimonio en el papel, pero sin sostenibilidad real”, se resalta.
Se apunta que entre 2007 y 2020 “cerca de siete millones de hectáreas se solicitaron bajo el régimen de excepción de nominatividad”, en referencia a la Ley de Sociedades Anónimas de 2007, que estableció un régimen de excepción para la aprobación de sociedades anónimas en el sector agropecuario. Esta cantidad de hectáreas “representa el 43,75% de la superficie nacional”. “Ocho empresas concentran aproximadamente el 80% de ese total solicitado”, se añade en el documento.
Según la gremial, “este esquema plantea riesgos significativos para los intereses nacionales”. En la misma línea, se sostiene que “las operaciones realizadas bajo regímenes de excepción con incentivos tributarios generan competencia desleal y distorsionan el mercado, perjudicando a los sistemas de producción que no cuentan con esas ventajas”.
Las propuestas de la Federación Rural
Luego de plasmar un análisis general, la Federación Rural puso sobre la mesa tres propuestas. La primera de ellas plantea el establecimiento de “un sistema público de registro y trazabilidad de la propiedad de la tierra, que permita identificar claramente a los propietarios finales y evitar que se oculten detrás de sociedades pantalla o fideicomisos”. Se afirma que resulta “imprescindible eliminar el régimen de excepciones y la facultad del Poder Ejecutivo de otorgarlas bajo cualquier argumento”, dado que “la experiencia demuestra que este mecanismo favorece a grandes capitales con beneficios fiscales y debilita la posibilidad del acceso a productores locales”.
Como segundo punto se propone “promover herramientas de financiación a largo plazo con condiciones promocionales para productores nacionales y para el recambio generacional”. En ese sentido, se sostiene que es “necesario facilitar las transacciones mediante beneficios fiscales a compradores uruguayos, otorgar facilidades sucesorias a herederos y asegurar condiciones de competencia justa en el mercado de tierras”.
El tercer y último planteo ubica como un “aspecto clave” mejorar la “competitividad estructural”, reduciendo el “costo país” y “aplicando un abordaje macroeconómico enfocado en el desarrollo territorial y descentralizado”. “Debería exonerarse la intervención del Instituto Nacional de Colonización en los casos en que el comprador sea nacional y con trayectoria productiva comprobada, y mejorar las condiciones de crédito del BROU [Banco República] para que los productores puedan trabajar con tranquilidad”, se señala en el documento.
“Me parece que no es para sonreír, agradecer y nada más; me parece que es algo como para tenerlo de insumo y eso fue lo que nos dijeron”, comentó Normey, consultado sobre la reacción de los legisladores al planteo de la gremial.
“El problema son las excepciones tributarias a los grandes concentradores de campo. El problema no es la nacionalidad”, dijo a la diaria el senador nacionalista e integrante de la Comisión de Ganadería, Sebastián da Silva, en línea con la postura de la Federación Rural.
