El viernes venció el plazo para que el Parlamento lograra un acuerdo para designar un nuevo ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). La vacante se había generado el 25 de julio cuando el hasta entonces presidente del organismo, Ángel Cal, cumplió 70 años. Según establece el artículo 250 de la Constitución, esa edad implica el cese automático en las funciones y abre paso a un plazo de 90 días para que los legisladores consigan las mayorías necesarias de la Asamblea General para la designación de un nuevo integrante del tribunal.
Si no se logran las mayorías dentro del plazo marcado, la persona que quedará en el cargo es el miembro con “mayor antigüedad” de los tribunales de apelaciones. En este caso, la sustitución automática caería en manos de la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° turno, María del Carmen Díaz. Según reconocieron a la diaria fuentes parlamentarias, los dos acuerdos logrados este año, primero para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y después otra del TCA, respondieron a “bloquear” el ingreso de esta magistrada. Según reconstruyó Búsqueda en ese entonces, la jueza defendió posturas “polémicas”, por ejemplo, al tomar como válido el síndrome de alienación parental, un diagnóstico no reconocido desde el punto de vista científico, que alude a la supuesta manipulación que ejercen las madres sobre sus hijos en contra de los padres.
Días antes del vencimiento del plazo para completar la vacante surgida por el cese del ahora exministro de la SCJ Tabaré Sosa, una negociación llevada adelante por el nacionalista Javier García, el colorado Pedro Bordaberry y el frenteamplista Eduardo Brenta dio frutos: se designó a quien ocupaba el segundo lugar de la lista de antigüedad de Apelaciones, Álvaro França. Según consignó entonces la diaria, las mayorías se alcanzaron durante esas negociaciones por la preocupación transmitida por la propia SCJ al respecto de la eventual confirmación de Díaz en el cargo vacante.
El acuerdo sobre el nombre de França fue leído como “una buena señal” a nivel del diálogo parlamentario y se reforzó con la designación semanas después de Edgardo Ettlin como ministro del TCA. En este caso se trataba del ministro que ocupaba el cuarto lugar de la lista de antigüedad de Apelaciones. El elegido venía ocupando el rol de ministro de Apelaciones Civil de 7° turno y pasaría a desempeñar funciones en lugar de quien hasta el 1º de abril fuera ministra del TCA, Selva Klett.
Según comentó a la diaria una fuente parlamentaria del oficialismo, esas dos definiciones dieron la pauta de que “estaba pronto el mecanismo” de negociación para completar la vacante que venció este viernes. Sin embargo, según se reconoció desde el Legislativo, a partir de un intercambio generado a través de la prensa entre el senador nacionalista García y el frenteamplista Daniel Caggiani, “se rompió todo” el clima de negociación.
El problema se inició el martes, cuando El País informó que en una reunión con García, Caggiani había transmitido que el FA dejaba por fuera de la negociación por la integración de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas de la República la elección de un nombre para la Fiscalía de Corte. Esta información fue desmentida por el propio senador del MPP en rueda de prensa, quien señaló que “es muy importante tener una Fiscalía de Corte, no subrogante, sino votada”.
Estas contradicciones y la publicidad de detalles de las negociaciones generaron, según reconstruyó la diaria, que el diálogo no continuara los días siguientes. En esa línea, implicó la falta de acuerdo para la vacante del TCA y el ingreso al cargo de la ministra que había sido “bloqueada” en las dos instancias anteriores por los parlamentarios.
