“Aquí no volverá a haber elecciones”, fueron las palabras que pronunció en julio el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien está en el poder de forma ininterrumpida desde 2007 y desde febrero de 2025 comparte el cargo con su esposa, Rosario Murillo. A tres meses de ese anuncio, los países miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) –entre ellos Uruguay– emitieron este viernes una resolución en la que se llama a “establecer condiciones para elecciones libres, justas e inclusivas”.
En una reunión extraordinaria de cancilleres, los países expresaron preocupación por diversos aspectos de la situación de Nicaragua, como el desmantelamiento de la democracia representativa, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, el exilio forzoso, la represión estatal y el uso de tácticas de represión transnacional contra disidentes en el extranjero.
Además de solicitar elecciones libres, los países instaron a las autoridades nicaragüenses a liberar “sin condiciones” a los presos políticos y a revelar la ubicación y las condiciones de las personas desaparecidas de manera forzosa. También se solicitó suspender actividades vinculadas a tecnología e inteligencia que “son llevadas adelante con apoyo internacional en áreas de seguridad” para “facilitar la vigilancia, la represión interna o violación a los derechos humanos”.
Uruguay estuvo representado por su embajador ante la OEA, Edison Lanza, quien en su intervención afirmó que “la gravedad de la situación que atraviesa el pueblo nicaragüense exige que la comunidad internacional, de manera conjunta, con una hoja de ruta orientada al restablecimiento de la democracia, el estado de derecho y el pleno respeto de los derechos humanos, actúe”. “Las medidas que contribuyan a que los propios nicaragüenses puedan avanzar hacia la restitución de la democracia y la autodeterminación del pluralismo político, el pleno goce de las libertades fundamentales y la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad son indispensables”, expresó.
De todas formas, tanto Uruguay como Brasil se desmarcaron de un punto de la resolución que fue aprobado por el resto de los países, informó El Observador en primera instancia. En ese punto se señala que “los actos, prácticas y políticas tienen impactos negativos en los países del hemisferio y tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de la región”.
Brasil se desmarcó de “cualquier intento –aunque sea indirecto– de caracterizar la situación en Nicaragua como una potencial amenaza a la paz regional y la seguridad”. En la misma línea, Uruguay consideró en una nota al pie de la resolución que, si bien Nicaragua “está atravesando un profundo deterioro de sus instituciones democráticas”, comparte con Brasil que la situación “no puede ser caracterizada como una potencial amenaza a la paz y seguridad del hemisferio entero”.
Por el contrario, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó en su intervención que “la crisis democrática en Nicaragua no es solamente un asunto interno”, ya que “la dictadura pone en peligro la paz y la seguridad de nuestro hemisferio”.
Lanza consideró que la calificación realizada por Estados Unidos “no encuentra respaldo fáctico y podría dar lugar a medidas que vulneren el principio de no intervención, incluida la amenaza o el uso de la fuerza, incompatible con los principios y normas del derecho internacional”. En ese marco, llamó al gobierno nicaragüense a “restablecer la cooperación con los mecanismos multilaterales vigentes, proceder a la liberación de todas las personas presas por motivos políticos y devolver las libertades públicas y los derechos ciudadanos conculcados”.
