Este miércoles, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó un informe, realizado por un grupo de trabajo interinstitucional, que identifica fallas en la prevención y respuesta estatal ante la violencia territorial que afecta a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, plantea que actualmente no existe a nivel nacional una ruta específica y coordinada para trabajar en estos casos, así como tampoco hay información clara y accesible sobre los canales de denuncia.
En la apertura de la presentación, el presidente de la INDDHH, Juan Miguel Petit, definió el informe como “un documento lleno de propuestas, datos y sobre todo lleno de preguntas para seguir trabajando”, y apuntó que se trata de una buena oportunidad para profundizar en la coordinación entre el Estado y las organizaciones sociales.
Por su parte, la directora del organismo, Jimena Fernández, reflexionó en torno a cómo lograr que el Estado llegue a tiempo. Al presentar los principales objetivos del documento, señaló que la iniciativa surgió porque “sentíamos que se estaba naturalizando un hecho”, en relación con los niños afectados por la violencia territorial. En ese sentido, puntualizó que “el informe busca contribuir a que el fenómeno tenga mayor visibilidad y forme parte de la agenda pública”.
Fernández señaló que, entre los principales problemas identificados, se encuentran las dificultades para realizar denuncias formales y la falta de protección, así como respuestas ágiles y coordinadas cuando una familia enfrenta amenazas de muerte. También advirtió sobre la ausencia de rutas de atención para los niños y adolescentes que sobreviven a heridas de bala y quedan con secuelas. Sobre esto, indicó que, una vez que reciben el alta hospitalaria, “el sistema los pierde y no hay un seguimiento”.
Según los datos aportados por el Ministerio del Interior, entre 2023 y 2025 se registraron 58 homicidios dolosos consumados, 53 tentativas de homicidio y 238 niños, niñas y adolescentes heridos por arma de fuego. No obstante, el informe indica que “las cifras deben interpretarse con cautela dado que los registros disponibles no permiten determinar en todos los casos si los hechos se produjeron específicamente en contextos de violencia territorial”. Además, los registros del ministerio muestran que la cantidad de niños de hasta 14 años heridos por armas de fuego aumentó un 80% en ese período.
El informe también identifica diferencias según la edad y el territorio. Los adolescentes de entre 15 y 17 años representaron el 59% de los homicidios en esta población y el 73% de los menores de edad heridos por armas de fuego. Aunque Montevideo concentró el 62% de los homicidios en el período de 2023 a 2025, el 53% de los casos registrados en 2025 ocurrió fuera de la capital.
Entre las recomendaciones, el informe propone crear un dispositivo especializado de emergencia para situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes, establecer una ruta de protección inmediata para quienes estén corriendo riesgo de vida y revisar los protocolos interinstitucionales para los operativos policiales en territorios donde haya menores de edad. Además, plantea ampliar los canales de denuncia para que sean seguros, accesibles y, cuando corresponda, anónimos y no presenciales.
Cecilia Erhardt, subdirectora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, señaló que la respuesta estatal debe contemplar las particularidades de cada caso y las características del entorno familiar y territorial. “No hay una medida única para todas las situaciones. Sabemos que la casuística es importante y es muy diferente según los territorios y los lugares donde se da”, indicó.
Por su parte, Paula Baleato, representante de la Plataforma de Infancias y Adolescencias, señaló que uno de los principales obstáculos para abordar el problema es la fragmentación institucional. “Hay veces que las instituciones no logran ver –no por un tema de voluntad ni de capacidad, sino por temas de diseño– en qué lugar de la realidad estoy”, afirmó.
En esa línea, consideró que “no es un tema de una única institución; entonces, lo que pasa con los niños y adolescentes en estas circunstancias no es una responsabilidad exclusiva del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay]; es algo que interpela y llama a todo el sistema en su conjunto”, expresó.
Baleato señaló “la necesidad imperiosa de poder romper las chacras, de poder ir más allá de las chacras de cada uno de los organismos y poder mirar este tema de manera conjunta e integral”.
