La Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley que destina al Instituto Nacional de la Leche (Inale) el 50% de lo recaudado por el impuesto que grava las exportaciones de productos lácteos. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo la semana pasada, será tratada este miércoles en el plenario de la Cámara de Senadores.
El impuesto asciende al dos por 1.000 del Valor en Aduana de Exportación, del cual, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) percibe el 100% de lo recaudado. A partir del 1° de enero de 2027, el LATU pasaría a recibir el 50% restante, que se destinará a otorgar “bonificaciones” al propio sector lácteo. En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo aclaró que, “dado que la alícuota se mantiene incambiada, la medida no implica la creación de un nuevo tributo ni un incremento de la carga tributaria para el sector exportador”.
Durante la discusión del presupuesto quinquenal, estuvo sobre la mesa la gravedad del déficit presupuestal del Inale, que, a diferencia de otros organismos, se financia mediante asignaciones presupuestales provenientes de Rentas Generales –35 millones de pesos– y no con recursos de su propio sector. A fines del año pasado, su presidente, Ricardo de Izaguirre, advirtió que, sin un refuerzo presupuestal, el instituto no podría cumplir con sus funciones en 2026. En la Rendición de Cuentas, a pedido del Senado, el Poder Ejecutivo incluyó la asignación de los fondos provenientes del impuesto, pero fue rechazado en la Cámara de Representantes, donde el oficialismo no cuenta con mayoría.
“Realmente, se nos cayó un lagrimón porque todos, como productores lecheros, sabemos y sentimos cuál es la importancia del Inale”, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Álvaro Quintans, al lamentar el resultado de la votación en la cámara baja. Quintans asistió el pasado jueves a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, junto con otros representantes de las gremiales lecheras, para defender la iniciativa y solicitar el apoyo de los senadores.
“Partimos de la base de que el Inale es para nosotros una herramienta muy importante de articulación entre la industria, el Estado y los productores; es una herramienta muy importante para la definición de políticas de Estado, sobre todo, en lo que tiene que ver con apertura de mercados y todo lo que significa esa información”, afirmó Justino Zavala, dirigente de la Agremiación de Tamberos de Canelones, de acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria.
El presupuesto actual del Inale asciende a 55 millones de pesos, financiados con el aporte de Rentas Generales, un refuerzo de 9 millones de pesos otorgado este año y ahorros acumulados de ejercicios anteriores. Este martes, durante la sesión de la Comisión de Hacienda, la gerenta general del organismo, Natalia Barboza, explicó que esos ahorros “se terminan este año”, por lo que “es urgente” contar con los recursos del impuesto al cierre de 2026, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió la diaria. De los 55 millones de pesos, 43 millones se destinan a remuneraciones, 9 millones a gastos de funcionamiento y 1,5 millones a inversiones.
Por concepto del impuesto, se estima una recaudación de 43 millones de pesos, aproximadamente un millón de dólares. La cifra depende del volumen y el importe de las exportaciones, pero desde las gremiales y el instituto confían en que se va a mantener.
Oposición buscará “afinar el proyecto de ley”
Este martes también concurrieron a la comisión representantes de la Asociación de Funcionarios del LATU (AFUL). Su presidente, Agustín Rava, afirmó que el sindicato está de acuerdo con que “el Inale tenga un financiamiento estable”, pero no con que “se resuelva mirando a una sola institución y sin medir las consecuencias”.
Rava defendió el rol de laboratorio dentro de la cadena láctea, donde “interviene especialmente en la industrialización, la transferencia tecnológica, los análisis y la certificación de productos destinados a la exportación”. Asimismo, con base en cifras del LATU, explicó que el laboratorio “ya devuelve al sector lechero recursos y servicios por un valor muy importante”, que asciende a aproximadamente 1.800.000 dólares anuales, entre certificaciones y servicios bonificados.
Con todo, la AFUL presentó cuatro caminos para atender la situación de ambas partes. En primer lugar, planteó que se estudie el financiamiento del Inale “con toda la institucionalidad de la cadena láctea sobre la mesa”, considerando las “posibilidades de cooperación” entre el Inale, LATU, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y otros actores. En segundo lugar, propuso “establecer un monto de financiamiento vinculado con las necesidades reales presupuestales del Inale en lugar de asignarle un porcentaje abierto de la recaudación”. La tercera vía presentada es que, en todo caso, la transferencia del impuesto sea “gradual por un período definido y acompañada de una evaluación independiente”. Y, por último, que el proyecto aclare “qué significa destinar el 50% que conservará el LATU a bonificaciones para el sector lácteo”.
Los senadores de la Coalición Republicana se hicieron eco de la preocupación manifestada por los funcionarios. Desde el Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry apuntó que “parecería ser más lógico” que el INAC, cuya actividad también comprende animales procedentes de establecimientos lecheros, “ponga un poco más”, dado que “le sale la plata por las orejas”.
El senador nacionalista Javier García puntualizó que se buscará, de cara al plenario, “trabajar para afinar el proyecto de ley y ver si nos logramos poner de acuerdo en una propuesta mejor”.