El proyecto de la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) para regular el derecho al trabajo en las cárceles comenzó a ser analizado por integrantes de la Comisión de Seguridad y Convivencia, encargada de su tratamiento. Consultado por la diaria, el diputado nacionalista Pablo Abdala afirmó que su primera valoración es “favorable” y que está “dispuesto a avanzar”, aunque marcó algunos aspectos que considera necesario precisar. Por su parte, el colorado Gabriel Gurméndez advirtió que en algunos puntos la iniciativa “está desequilibrada”.
La propuesta contempla otorgar incentivos fiscales a las empresas privadas que se incorporen al trabajo dentro del ámbito penitenciario y exonerar de tributos a aquellas que mantengan el vínculo laboral después del egreso. Asimismo, prevé la creación de “emprendimientos individuales y cooperativos” de los privados de libertad e incorpora dentro de las contrataciones del Estado la adquisición de productos elaborados por ellos, así como los resultantes de los convenios entre el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y empresas privadas.
La iniciativa define tres modalidades de trabajo para las personas sujetas a medidas o penas privativas de libertad gestionadas por el INR. La primera es el peculio, que son los cupos de trabajo remunerado abonados por el INR, que equivalen al 50% del salario mínimo nacional; la segunda, el “trabajo remunerado” surgido de la relación con empleadores; y, por último, las pasantías laborales, definidas como “actividades formativas y laborales” vinculadas al “funcionamiento” del INR o de las unidades penitenciarias.
Los trabajadores deberán contar con las prestaciones de seguridad social y, en el caso del trabajo remunerado, el proyecto establece que la remuneración “no podrá ser inferior” al salario mínimo nacional vigente.
El análisis compartido es que “las oportunidades que existen de trabajo remunerado dentro de las cárceles son casi nulas”, dijo a la diaria Gabriela Rodríguez, la presidenta de la organización Familias Presentes, que nuclea a familiares de presos y presas. Datos de 2025, consignados en la exposición de motivos del proyecto, muestran que, del total de personas que accedieron a alguna plaza laboral, el 86% no recibió remuneración, el 11% recibió un peculio y solo el 3% percibió un salario. Además, para poder distribuir el peculio entre más personas, este suele fraccionarse, por lo que la mayoría recibe la mitad: es decir, el equivalente al 25% de un salario mínimo nacional, menos de 6.500 pesos.
Observaciones de la oposición sobre los incentivos y el “derecho” a trabajar
Si bien consideró que la iniciativa tiene un “sentido más bien declarativo, programático”, Abdala destacó que supone “una buena base para actualizar la legislación”, en particular el Decreto-Ley 14.470, vigente desde 1975. El diputado señaló como un aspecto positivo que asegure la aplicación del derecho laboral común, en el entendido de que “las personas privadas de libertad están privadas de su libertad ambulatoria, pero todos los demás derechos los tienen vigentes”. No obstante, señaló que durante el tratamiento parlamentario deberían “definirse en términos más concretos” algunos aspectos, como los incentivos fiscales.
En esa materia, el proyecto establece que el INR “implementará una ventanilla única de ingreso de trámites para las empresas interesadas en celebrar convenios, estableciendo plazos máximos de respuesta y criterios objetivos de evaluación”. El Ministerio de Economía y Finanzas será quien analice “los incentivos y exoneraciones disponibles para las inversiones realizadas en unidades penitenciarias, informando a los interesados acerca de los mecanismos disponibles”. A su vez, prevé que se pueda acceder a los incentivos previstos en el marco de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.
Para Abdala, se deberá “bajar a tierra” los estímulos tributarios que, a su entender, solo “están definidos conceptualmente”. En ese sentido, señaló que el Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa privativa, “tendrá que decirnos hasta dónde está dispuesto a avanzar o qué capacidad tiene en términos de renuncia fiscal para generar esos espacios fiscales”. Con todo, apuntó a darle “un poco más de sustancia en la definición de aspectos más pragmáticos, que ayuden a incidir en la realidad y a generar más oportunidades de trabajo, e involucrar más al sector privado”.
Gurméndez, quien advirtió que aún resta realizar “un análisis con mucho detenimiento” del proyecto, señaló que, en relación con las exoneraciones tributarias y la adquisición de bienes producidos por las personas privadas de libertad, puede haber “aspectos que atender vinculados al coste económico para el Estado y, eventualmente, a la afectación de ciertas normas que hacen a la transparencia y a la competencia entre actividades comerciales”. Además, consideró que el proyecto deja “aspectos librados a un grado de mucha discrecionalidad del Poder Ejecutivo”, cuando “debieran ser de naturaleza legal”. Con todo, coincidió en la intención de favorecer “la viabilidad de generar que los privados de libertad puedan trabajar”, pero señaló que “es evidente que hay que poner reglas de juego muy claras en el marco legal”.
Sobre el cambio que propone el proyecto a la obligatoriedad del trabajo para los privados de libertad, Gurméndez afirmó que, en principio, observa “cierto retroceso”. La iniciativa estipula que ninguna persona podrá ser “compelida a trabajar mediante amenaza de pena, sanción administrativa o disciplinaria, restricción de beneficios u otra forma de coacción”. El diputado marcó diferencias con que el proyecto no plantee el trabajo “como deber”, sino “como un derecho, como una opción”. “Debería ir en el sentido de ampliar el deber más que el derecho de que los privados de libertad trabajen, como una forma de cumplir con la tarea dignificante de reeducación, de rehabilitación, de preparación para el trabajo y de prevención del delito”, afirmó.
La obligatoriedad del trabajo para las personas privadas de libertad ha sido uno de los planteos del líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos. En la negociación por los dos votos necesarios para aprobar la Rendición de Cuentas, CA propuso al gobierno destinar recursos a “la instalación de talleres de oficios e infraestructura de trabajo en los predios carcelarios, pago del peculio y otras inversiones necesarias para avanzar hacia el objetivo de hacer trabajar a todas las personas privadas de libertad condenadas”. La bancada de CA aún no ha estudiado el proyecto, indicaron a la diaria.
Para Familias Presentes, “el salario debería ser el laudo”
Desde Familias Presentes, Rodríguez consideró que “es sumamente importante” que quede consignado en la ley que el trabajo “siempre debe ser relevando el interés de la persona”. Respecto de la modalidad de trabajo remunerado, consideró que se debe “seguir analizando” la disposición que establece que el salario no podrá ser inferior al mínimo nacional. A su juicio, “el salario debería ser el laudo por la categoría que le corresponda a la empresa”, teniendo en cuenta, además, que “las empresas van a acceder a beneficios fiscales”.
A su vez, del total de la remuneración, se destinan porcentajes del 10% al INR, a la Dirección Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y a la “atención y protección a víctimas y testigos de los delitos de la Fiscalía General de la Nación”. En ese marco, si bien consideró que los aportes son “parte de lo restaurativo”, Rodríguez señaló que debe analizarse en función del cobro de los laudos, ya que, sobre la base de un salario mínimo, “si le sacamos todos esos porcentajes, lo que a la persona le va a estar quedando es bastante menos”.
“Tenemos que pensar que cobrar el salario no es un premio para la persona, es la posibilidad real de estar hoy, mientras está presa, apoyando a su familia y que deje de recaer todo el sostén en los familiares, que somos nosotros y que somos, especialmente, las mujeres”, afirmó Rodríguez. Por eso, consideró “muy importante” que los trabajadores accedan a la seguridad social, ya que, a través del Fondo Nacional de Salud, pueden dar cobertura a sus hijos y a su cónyuge, así como aportar para “su jubilación en el futuro” y “al sistema que mantiene la seguridad social en nuestro país”, destacó.
Durante la elaboración del proyecto, los diputados mantuvieron reuniones con distintas organizaciones empresariales, entre ellas, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que desde hace tres años lleva adelante el Programa Liberados para insertar a egresados en el mercado laboral. En diálogo con la diaria, Eduardo Ottonelli, coordinador del proyecto, consideró que la iniciativa legislativa “es un gran paso”. Señaló que varias cárceles cuentan con condiciones “para que una empresa trabaje ahí y pueda contratar a personas que están privadas de libertad”. En ese sentido, sostuvo que el proyecto “viene a dar formalidad” a las condiciones en las que se debe contratar a estas personas y los beneficios a los que pueden acceder las empresas. “Ojalá haya empresas que se puedan instalar en las cárceles, a partir de tener un marco legal claro, y una vez que esté reglamentado”, sostuvo.
