La Asamblea General de las Naciones Unidas consideró la situación de la Corte Penal Internacional (CPI): valoró su informe de balance y discutió la elección de cinco miembros para ese organismo judicial internacional. Lo hizo en un contexto de intensificación de la campaña de Estados Unidos contra la CPI, cuyo último capítulo se registró el 9 de octubre, horas después de que la exjueza de la Corte Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz.
El gobierno de Donald Trump anunció la prohibición a empresas estadounidenses de hacer transacciones con la Corte, lo que se suma a la penalización que ya había impuesto a 17 jueces y funcionarios de la CPI, según informó en su momento la BBC. Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel, entre otros países, no integran la Corte, a la que sí adhieren otros 125 países. La CPI ordenó en noviembre de 2024 el arresto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como de otros funcionarios israelíes, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. “O la CPI cesa sus amenazas, o acabaremos nosotros con la CPI”, manifestó en octubre el secretario de Estado del gobierno de Trump, Marco Rubio, mientras que Netanyahu aseguró que la Corte representa una amenaza a la democracia y a la soberanía de los países.
En este contexto, la representante de Uruguay en Naciones Unidas, Laura Dupuy, expresó en la Asamblea General el “firme e inequívoco apoyo” del país a la Corte Penal Internacional y “su compromiso con la lucha contra la impunidad por el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión”.
Dupuy destacó el informe presentado por la CPI y la “dedicada y valiosa labor” del organismo “en la lucha contra la impunidad”. “Valoramos los avances alcanzados en sus actividades judiciales y de investigación, así como los procedimientos de reparación a las víctimas, pese al complejo contexto en el que desarrolla sus funciones”, señaló.
Dupuy indicó la importancia para Uruguay de tipificar los crímenes internacionales en las legislaciones nacionales y fortalecer la cooperación de los Estados con la Corte. También expresó la “profunda preocupación” del país “por el incremento de las amenazas, los actos de intimidación y las medidas coercitivas dirigidas contra la Corte, sus jueces, fiscales, funcionarios, abogados y quienes cooperan con ella”. “Estas acciones constituyen una amenaza a la independencia de la Corte y al funcionamiento del sistema de justicia penal internacional”, remarcó.
La representante uruguaya añadió que para el país resulta “fundamental fortalecer” la cooperación con la Corte y “asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados, particularmente en lo que respecta a la ejecución de las órdenes de detención y entrega pendientes”. “Observamos con preocupación las recientes notificaciones de retirada del Estatuto de Roma presentadas por algunos Estados”, apuntó, en alusión a las solicitudes, entre otros países, de Venezuela, Malí, Burkina Faso y Níger. El Estatuto de Roma es el tratado que fundó la CPI.
Finalmente, Uruguay llamó a “preservar la integridad del sistema de justicia penal internacional” y reiteró su “compromiso con la preservación de una Corte Penal Internacional independiente, imparcial y eficaz, capaz de cumplir plenamente su mandato, especialmente frente a los crecientes desafíos y amenazas que enfrenta”.
El informe de la CPI resultó aprobado por 93 votos a favor, 13 en contra y 36 abstenciones. Entre otros países, Uruguay, Canadá y Reino Unido votaron a favor, y en contra lo hicieron, entre otros, Argentina, Corea del Norte, Nicaragua, Israel y Estados Unidos.
