Mediante un decreto fechado el 23 de diciembre de 2025 y difundido en los primeros días de enero, el Poder Ejecutivo introdujo modificaciones al régimen de promoción de inversiones de la ley 16.906; en particular, realizó una revisión de la metodología de evaluación de los proyectos de inversión. Según informó en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas, las principales modificaciones apuntan a priorizar el empleo “en los grupos poblacionales que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo”, a priorizar la descentralización de la inversión en los departamentos con mayores problemas de empleo y pobreza, y dispuso incentivos adicionales para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como beneficios tributarios para “proyectos de gran inversión”.
El domingo 1 de febrero comenzaron a regir estos cambios y, junto con ellos, los nuevos criterios de puntuación. Según el nuevo documento de “Criterios básicos generales de funcionamiento” del decreto de diciembre de 2025, que publicó la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), dentro de las áreas a evaluar para resolver si se otorgan beneficios tributarios a la inversión, la que más pesa es la generación de empleo, seguida de la cualidad estratégica de la inversión, de la sostenibilidad ambiental y la adecuación tecnológica y en materia de investigación, desarrollo e innovación, el aumento de las exportaciones y la descentralización.
El sistema de puntaje incluye un componente transversal relacionado con la industria nacional, que se propone “estimular a los proyectos de inversión que generen tracción” sobre la industria local, puntuando de mejor forma las actividades que incorporen maquinaria, materiales y equipos de origen nacional.
Para cada ítem hay una fórmula que sirve para evaluarlo, y en el caso del “indicador estratégico”, apunta a “promover el desarrollo de proyectos de inversión en actividades estratégicas para los ministerios sectoriales que integran la Comap”, detalla el documento. La Comap está integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas; el Ministerio de Industria, Energía y Minería; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; el Ministerio de Turismo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
¿Qué actividades serán consideradas estratégicas?
Actividades de ganadería, agricultura y pesca En este ítem, se consideran estratégicas las actividades de riego, de mejora de la producción ganadera, de protección del campo natural, el desarrollo y modernización de la pesca y la acuicultura (en particular, la modernización de la flota, la diversificación de especies y la eficiencia tecnológica, así como el valor agregado en barcos y plantas pesqueras) y la producción de bioinsumos (productos de origen biológico utilizados para el desarrollo de cultivos).
Actividades de turismo Esta área incluye servicios e infraestructura turística y, dentro de ella, la “accesibilidad universal a todas las instalaciones del establecimiento (rampas, pasamanos, ascensores, instalaciones en general, etcétera) siempre que las mismas estén por encima de las exigencias municipales correspondientes”.
Energía y actividades industriales Se considerarán estratégicas en este caso las inversiones que apunten a la eficiencia energética y la desfosilización, así como las asociadas a la “cadena de valor del hidrógeno verde y sus derivados”. También se evaluará en el mismo sentido la industrialización a partir de minerales nacionales, la valorización de residuos y reciclaje, la producción de bioinsumos, las actividades relacionadas con la industria farmacéutica y las ciencias de la vida, y el desarrollo de una cadena industrial aeroespacial (esto incluye, entre otras actividades, el diseño de satélites, el ensamblaje de etapas de cohetes y las operaciones de lanzamiento).