Este lunes, la Cámara de Diputados postergó por tercera vez, a pedido del Partido Nacional (PN), la discusión vinculada a conformar una comisión investigadora sobre la estancia María Dolores que el Instituto Nacional de Colonización adquirió por 32,5 millones de dólares en el departamento de Florida, una iniciativa que partió desde el Partido Colorado (PC). En ese contexto, la diaria Radio recibió al diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, firmante de la moción que solicitó el aplazamiento, para ahondar en sus motivos. En sala propuso que el tema “se trate en una sesión ordinaria del mes de marzo”.
En primer lugar y vinculado a un aspecto formal, el legislador explicó que firmó la moción porque asumió la coordinación de bancada durante 2026. Por otro, repasó que no es la primera vez que el tema alcanza el plenario de la cámara baja y, tras sucesivas postergaciones, puntualmente el día de ayer se dieron “una serie de hechos en la etapa previa” que obstaculizaron su tratamiento.
Sin nombrarlos, Rodríguez sostuvo que algunos legisladores blancos “habían expresado sus reparos” en cuanto a la creación de la comisión investigadora durante charlas informales, pero de todas formas el grueso de las filas blancas logró “que esos compañeros acompañaran con su voto”.
La postergación, sin embargo, estuvo fuertemente conectada con el “mar de fondo”, es decir, la discusión por las modificaciones a la ley contra el lavado de activos. Según Rodríguez, uno de esos hechos se vincula a la reducción de los topes para pagos en efectivo, ya que después de la ley de urgente consideración (LUC) que se promovió en el período pasado se estableció en un millón de unidades indexadas (UI), recordó el diputado. Ante la propuesta que llegó desde el Senado para reducirlo a 200.000 UI, acotó que “para el PN resulta sacramental que hay una vulneración respecto a lo que la ciudadanía expresó al momento de ratificar la LUC”. Al margen de lo anterior, el Partido Colorado lo “advirtió” y “estaba avisado” desde diciembre, dijo.
“En el devenir de la discusión parlamentaria, el artículo 1 de la ley que se aprobó en el día de ayer modificaba una veintena de artículos de la ley de inclusión financiera. Un artículo que modificaba, el 17 de la Ley 19.210, es el tema de la diligencia debida, y esa es otra modificación que introduce la LUC”, mencionó. “Lo que se hizo a partir de la sanción en el día de ayer fue barrer con lo que había introducido la LUC”, cuestionó el legislador blanco. Además, agregó que ya se había votado y la sesión continuó, pero “dos minutos antes” de solicitar la reconsideración desde filas coloradas advirtieron su cambio de parecer. Sin embargo, expresó, “dos minutos antes no es avisar”. En ese punto detectó una “doble vulneración”: “a lo que dijo la ciudadanía y a lo que se había acordado”.
De vuelta sobre María Dolores, dijo que la postergación de la creación de la investigadora “no es una represalia”, y con respecto a los legisladores blancos que manifestaron reparos comentó que “esta actitud poco ayuda” y “si se hubiese votado capaz que la consecuencia era mucho peor”. “Quienes deben eventualmente meditar sobre la actitud que se asume son quienes, habiendo asumido un compromiso de votar algo en determinado sentido, invierten su posición en el medio de la discusión y la comunican como un dato cierto y de la realidad”, reflexionó sobre lo que considera que es “un síntoma más de que se están perdiendo determinados códigos a nivel parlamentario” en términos generales. En ese sentido, “lo que se pacta se pacta”, y cuando hay que rever posiciones es “bajando la pelota”: “Tal vez había que mandar el proyecto a comisión y analizar este punto de vuelta”, agregó. En ese sentido, “el PN se sintió vulnerado en su buena fe”.
En filas coloradas, el legislador Conrado Rodríguez cuestionó la decisión y Walter Cervini dijo que la actitud fue “desmedida”: “No estamos en primaria viendo si el compañero de atrás nos tiró del pelo o nos pellizcó”, planteó. Rodríguez, quien no respondió en sala, todavía no dialogó con los legisladores; optó por procesar las expresiones como “producto del momento” y dijo que “seguramente pasen al olvido como tantas cosas que se dicen sin meditarlas debidamente”. Consultado sobre las posibles consecuencias en el ámbito de coordinación parlamentaria de la Coalición Republicana, dijo que no cuestiona “el cambio de opinión”, pero “si se va a cambiar de posición” en este tipo de temas es necesario “generar el colchón, el espacio, el tiempo, el impasse necesario para que, si hay cambios de postura, se planteen en los ámbitos” correspondientes.
Rodríguez sobre Cardama: la decisión de rescindir “estaba tomada de antemano”
El Parlamento también dio el visto bueno para la conformación de una comisión investigadora bicameral con el objetivo de investigar el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas y que está vinculada a la Asamblea General. Antes, sin embargo, los legisladores intentaron conformar ámbitos idénticos en ambas cámaras, por lo que, en determinado momento, se barajó el escenario de dos comisiones en paralelo.
Sobre la denuncia que presentó el senador Sebastián Sabini y que tenía el objetivo de conformar una comisión investigadora en el Senado, Rodríguez evaluó que “no ayuda a la actividad parlamentaria” y “disparó una especie de carrera por las investigadoras”. Sobre su propia iniciativa, que pretendía una comisión en Diputados para investigar desde 2005 en adelante, dijo que “la fecha correcta es el 25 de agosto de 2004, que fue cuando desde la Armada se hizo el primer pronunciamiento del comandante en jefe en cuanto a la necesidad de que el Estado uruguayo cuente con las patrulleras”.
Para el legislador, “hay que analizar el contexto”, porque “hasta no hace tanto tiempo algunos referentes del hoy gobierno discutían la necesidad o no de patrulleras”. “Todo ese contexto fue lo que a nuestro juicio encaminó el proceso a la decisión de la rescisión, que a nuestro juicio ya estaba tomada de antemano. Hay expresiones –y eso formó parte de nuestra denuncia– de la hoy ministra Lazo en setiembre de 2024, en plena campaña electoral, que ya [dan cuenta de que] habían tomado la decisión”, señaló. Según Rodríguez, en el ámbito de los contratos, lo anterior se cataloga como “mala fe” y no es otra cosa que “voluntad de joder”.
“Si hay irregularidades que el privado, el proveedor o sus garantías realizaron vulnerando la buena fe del Estado uruguayo, deberán ser investigadas en este caso por la actividad parlamentaria, pero sobre todo por la Fiscalía, y eventualmente si habrá un proceso de litigio nacional o internacional, porque esa es otra discusión, y deberán resolverse en los ámbitos correspondientes”, dijo.
Sobre los motivos que enumeró el Estado para la rescisión del contrato, dijo que se enteraron “por la prensa”, ya que “la innumerable cantidad de pedidos de informes” del diputado blanco Gabriel Gianoli “no se respondieron” y el pedido de acceso a la información que hizo el senador colorado Andrés Ojeda “se le niega”. “Aliento esperanzas de que la información que les fue negada a los parlamentarios sea remitida a la comisión. Quiero ver que eso pase. Quiero ver que se mande la información, quiero ver que no haya filtraciones parciales. Casualmente, cada vez que un expediente llega a las manos de la órbita del órgano donde está Jorge Díaz se producen filtraciones”, indicó.
Por otro lado, evaluó que Mario Cardama, titular de la empresa europea, es un privado y deberá “acreditar, probar, y manifestar que su obrar fue de acuerdo a lo que se había comprometido”; pero acotó que su rol como legislador es “juzgar y controlar las acciones y las decisiones del gobierno”. Finalmente, sobre el rol del exdirector de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional, Damián Galo, en su intercambio con el estudio jurídico Delpiazzo, dijo que “va a ser objeto del proceso de análisis y, si se identifica que hubo alguna acción irregular, deberá ser juzgada”. “Uno lo escucha al senador Sabini, al senador [Daniel] Caggiani, y ya tienen en la plaza pública crucificado a uno o varios individuos. Yo lamento no compartir ese criterio. En todo caso, habrá un estudio, un análisis, y si se encuentran elementos para remitir a la Fiscalía se hará”, mientras que, de lo contrario, se trata de “expresiones políticas”, cerró.