El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) resolvió actuar de oficio en el caso del periodista de El País Sebastián Cabrera, quien fue citado por la Policía, sin orden de un fiscal, tras una denuncia por difamación relacionada con una nota que publicó sobre una ONG de Punta Colorada.
Según pudo saber la diaria, la INDDHH envió un oficio al Ministerio del Interior (MI) con el objetivo de comprender qué ocurrió y si existen antecedentes de casos similares.
La nota periodística de Cabrera recogió testimonios y denuncias contra Richard Tesore, fundador de la ONG SOS Rescate Fauna Marina. Diez días después de la publicación, el 17 de diciembre, desde la Seccional 11 de Piriápolis, le comunicaron al periodista que debía presentarse a declarar en esa sede policial tras haber sido denunciado por difamación. El 29 de diciembre, en dos ocasiones, dos agentes de la seccional segunda de Montevideo se presentaron en el diario buscando a Cabrera. La segunda vez, acompañados por un sargento, “dejaron una citación con el membrete de la Dirección de Investigaciones, con mi nombre completo y mi cédula de identidad, para tomarme declaración ‘bajo el artículo 61 del CPP [Código del Proceso Penal] a fin de tramitar evento por difamación’”, relató el periodista en El País.
El artículo 61 establece que “la autoridad administrativa podrá interrogar autónomamente al indagado, informándole previamente de sus derechos, a los efectos de constatar su identidad y para realizar averiguaciones, investigar, obtener evidencias y aclarar el presunto delito”.
El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, entrevistado por Radio Sarandí el jueves, indicó que el accionar policial estuvo “dentro de la potestad de la Policía”. Azambuya dijo que existe una investigación sobre el caso en la Policía; no obstante, aclaró que “lo único que se pretendió en ese momento con el periodista fue evitar que él fuera a Maldonado”, por lo que la Jefatura de ese departamento solicitó a la de Montevideo “que le tomara el acta de acuerdo a lo que establece la norma, artículo 61; eso fue lo que se hizo para evitar que él se trasladara”, afirmó.
Por su parte, consultado por Cabrera, el ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que la normativa faculta a la Policía a tomar declaraciones y señaló que esto “es habitual en cualquier denuncia” y que se encuentra “dentro del marco legal”.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresó su “preocupación” por la citación policial a Cabrera, al entender que “va en contra de los estándares internacionales sobre libertad de expresión, desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que establecen que las sanciones penales –y, en general, las intervenciones estatales de carácter coercitivo– frente a expresiones periodísticas sólo pueden justificarse en situaciones excepcionales, como cuando se prueba la existencia de real malicia”, indicó la organización.
Por otro lado, el pedido de informes presentado al MI por el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani tras conocerse el caso no ha sido respondido, según informó el legislador a la diaria. En él, Schipani solicitó que se explique “por qué la Policía citó e interrogó a un periodista en una comisaría por el contenido de una nota periodística”, “cuál fue el fundamento jurídico y operativo” y “qué criterios institucionales maneja el Ministerio del Interior para actuaciones policiales que involucran a periodistas o a contenidos periodísticos”.