La Intendencia de Montevideo (IM) tiene previsto invertir 200.000 dólares en la instalación de cámaras de seguridad en los principales parques y plazas de la ciudad, así como en los barrios de Ciudad Vieja, Centro, Parque Rodó, Prado y Parque Batlle, con el objetivo de tener un monitoreo sobre los problemas de seguridad y convivencia. La inversión está contemplada en el presupuesto quinquenal enviado por la comuna capitalina a principios de año a la Junta Departamental para su estudio y aprobación.
“Uno de los énfasis es la cuestión de los actos de vandalismo que está habiendo, que ha habido y que se han intensificado, lamentablemente, en los últimos tiempos, por ejemplo, con el tema de las esculturas y del ornato público”, indicó a la diaria el prosecretario de la IM, Diego Olivera. El jerarca señaló que la inversión es “para fortalecer la red de cámaras” en el marco de un centro de monitoreo que ya existe, pero que hasta ahora está enfocado sólo en el tránsito y circulación vial.
Si bien puntualizó que los actos de vandalismo son delitos que el Ministerio del Interior (MI) ya persigue, Olivera señaló que la intención de la IM es “colaborar especialmente, porque [estos delitos] hacen al patrimonio de la ciudad y al cuidado de los espacios públicos”. A modo de ejemplo, mencionó la vandalización de la escultura de Albert Einstein y Carlos Vaz Ferreira, ubicada en la plaza de los Treinta y Tres, cuando se le amputó un brazo al físico alemán.
Según contó Olivera, existe una coordinación con el MI en las tareas de vigilancia; en ese sentido, dijo que las cámaras de la IM “van a estar al servicio” de la cartera, y viceversa. A su vez, apuntó que se intensificará la presencia de guardaparques, “una figura que también ayuda a la prevención con los temas de educación y de diálogo con la gente”. La figura del guardaparques, agregó, “contribuye desde un lugar de la seguridad, pero desde una perspectiva complementaria a la policía, con un rol distinto”.
En cuanto a si la instalación de estas cámaras de vigilancia se superpone con las competencias del MI, el jerarca sostuvo que “hay competencias que son compartidas en lo que es el cuidado, el desarrollo y el mantenimiento de los espacios públicos”, por lo que no se generaría una superposición.
Olivera dijo que “toda la propuesta programática” planteada por la IM se construyó con base en las principales preocupaciones de la ciudadanía, en un intento de que “el gobierno departamental esté lo más alineado posible con las preocupaciones de la mayoría de la ciudadanía”. “Los temas de convivencia y seguridad, en las aristas que tocan a la intendencia, que son varias, están en el tope; [si bien] están por debajo de los asuntos de limpieza, que son los que revisten más urgencia para la gente, también están presentes”, planteó.
En ese marco, señaló que hubo “una directiva o un lineamiento” del intendente de Montevideo, Mario Bergara, de “trabajar en ese sentido, siempre en lógica de cooperación y articulación con el MI y con el gobierno nacional”.
El prosecretario de la IM aclaró que, si bien aún no hay detalle sobre cuántas cámaras se instalarán, debido a que esto depende de la licitación que se abra una vez aprobado el presupuesto, se estima que los dispositivos de vigilancia estén operativos entre fines de 2026 y principios del año que viene.
El rol de la IM en el plan de seguridad pública
Consultado sobre si esta acción de la IM puede contribuir al Plan Nacional de Seguridad Pública que está elaborando el MI y que será presentado en marzo, Olivera consideró que sí, ya que la IM y otras intendencias del país participaron “activamente” de los Encuentros por Seguridad, convocados por la cartera. “Ellos [las autoridades del gobierno nacional] están muy interesadas en tener una visión multiactoral de la seguridad, es decir, una visión de la seguridad donde la Policía juega un rol importante, pero donde no se agota la seguridad pública en la Policía”, apuntó.
En ese sentido, resaltó que uno de los temas abordados en ese diálogo fue que la IM está a cargo de “los inmuebles donde funcionaban bocas de drogas y [que] son allanados”, por lo que cuando se desaloja dicha propiedad, ese mismo día, la comuna hace el “tapiado y la revisión de todo el componente edilicio de esa vivienda”, algo que, sostuvo, “viene funcionando muy bien”.
“Hacemos muchos tapiados por año en coordinación con la Brigada de Drogas. Cuando funciona una boca de drogas en la ciudad, hay todo un impacto en el entorno que es muy fuerte; si la gente tiene miedo de salir a la calle, se deteriora la calidad del espacio público”, planteó. Por lo tanto, consideró que “ese tipo de acciones va a quedar reflejado en el plan nacional” de seguridad.