Este martes, la diaria Radio recibió al senador frenteamplista Daniel Caggiani para hablar sobre distintas cuestiones parlamentarias y las negociaciones con la oposición. “El año anterior quizás se hizo mucho pero se anunció poco, y en este año lo que estamos tratando es de, al mismo tiempo que hacemos, ir comunicando un poco mejor”, señaló sobre los recientes anuncios del gobierno.
“Que la economía no crezca tanto de lo que había planificado el gobierno en su presupuesto no tiene necesariamente que ver con las acciones nacionales, sino también con un contexto internacional”, dijo el senador sobre el desfase entre las cifras. Remarcó que lo anterior no quiere decir que no haya margen de maniobra y señaló “políticas contracíclicas”: “cómo podés desarrollar procesos de inversión un poco más robustos que permitan mantener prendidos los motores de la economía”, dijo, y apuntó hacia un “plan importante de inversiones en infraestructura”.
Además, tildó la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, como “interesante”, porque hay “64.000 millones de dólares en el exterior” de personas que son residentes para obtener facilidades fiscales y sumó “46.000 millones de dólares más en depósitos a la vista” y “ni siquiera en un instrumento financiero”, que “podrían ser utilizados para generar mecanismos de inversión productiva a través de la captación del ahorro nacional”.
Por otro lado, respecto del pendiente que representa la conformación de los organismos de contralor, Caggiani, que convocó un diálogo con este fin, dijo que la discusión sobre si la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, debe seguir en el cargo “dinamitó los puentes por parte de la oposición”. “La oposición se fue de los ámbitos de negociación” y “nos enteramos por la prensa que ellos ya tenían resuelto”, señaló. “O no les interesa negociar o están planteando que lo que quieren hacer es imponer una cosa”, cuestionó.
Reafirmando los dichos de Yamandú Orsi, dijo que “a una fiscal no se la apoya si es tuya o mía”, sino que esa es una lógica “bastante perversa”. Agregó que “para apoyarla tiene que haber un acuerdo de todos los partidos y hay que sentarse a negociar”, además de que la puja “le hace mal” a la propia Ferrero, porque “partidizan su nombre”. “Hay muchas cosas para discutir, no solamente sobre quién es el nombre: cómo fortalecemos la fiscalía, cómo hacemos para que tenga más recursos, cómo establecemos algunos cambios institucionales, cómo mejoramos el sistema de Justicia, pero para eso se necesita sentarse a conversar”, cerró.
FA propondrá una transición más corta y “exclusividad en la tarea parlamentaria”
Sobre las prioridades parlamentarias, listó proyectos de ley que ingresó el Poder Ejecutivo: la “creación de la tercera universidad pública en Uruguay” y “la participación de los trabajadores de la educación en los consejos, que se eliminó por parte de la LUC”. También barajan una nueva iniciativa para mejorar “el financiamiento de las campañas electorales y sobre todo los controles a los partidos políticos”, al tiempo que promoverán que el Inale pueda tener “un financiamiento propio” con parte de los impuestos que pagan en sus operaciones y procurarán que “se le devuelva” al Instituto Nacional de Colonización “la disposición del tributo a las grandes enajenaciones de campos”, ya que una parte se destinaba a financiarlo.
Al mismo tiempo, hay preocupación por temas asociados con la labor en el Palacio Legislativo, por lo que propondrán “exclusividad en la tarea parlamentaria”, salvo en personas que se desempeñen como docentes universitarios o de secundaria, y un proyecto sobre la devolución de viáticos con el objetivo de que haya “una rendición sobre los dineros que muchas veces percibimos cuando tenemos una misión en el exterior”. Por último, nombró una iniciativa para “disminuir el subsidio que cobran los cargos políticos”.
Por último, habrá prioridad sobre “la transición” entre el último domingo de noviembre y el 1º de marzo, ya que “hay casi cinco meses de transición” y a veces se “toman definiciones que exceden a la acción del gobierno saliente y que comprometen la del entrante”, por lo que buscarán regularlo “e incluso achicar un poco la cantidad de meses” para, “por lo menos, acortar el plazo entre que se termina la elección y asume el nuevo gobierno”. “Se está terminando de definir, pero en principio sería un mes después de realizadas las elecciones, finales de diciembre o principios de enero”, acotó.
“Lo importante es primero acortar los plazos de cambio, porque la ciudadanía ya le dio la legitimidad a otro gobierno, y además evitar, porque hay un conjunto de regulaciones que se establecen en todo el período electoral, pero desde que culmina hasta que asume el nuevo presidente no hay ninguna regulación, queda como en blanco”, dijo. Precisó que requiere una iniciativa constitucional y termina en un plebiscito: “Ya hay, por lo menos en muchos integrantes de la oposición, algunas iniciativas en ese sentido, así que yo creo que no va a haber dificultades”.