El senador frenteamplista Eduardo Brenta y el diputado colorado Felipe Schipani integran la comisión bicameral de 17 integrantes que se creó en el ámbito de la Asamblea General para estudiar, desde 2010 en adelante y estructurado en tres etapas, el proceso de adquisición de las lanchas patrulleras (OPV, en inglés) y el contrato con el astillero español Cardama, que el gobierno decidió rescindir.
Este lunes, ambos visitaron la diaria Radio para profundizar en el trabajo parlamentario y repasar la agenda en ese ámbito para las próximas instancias. Ayer, la comisión recibió al actual presidente de OSE, Pablo Ferreri, por su rol como subsecretario de Economía y Finanzas de 2015 a 2020 y a los excomandantes en jefe de la Armada Alberto Caramés y Carlos Abilleira.
“Se le consultó respecto a una entrevista que él había mantenido con quien fuera el representante de Cardama”, dijo sobre el encuentro entre Ferreri y Gerardo Moreira. Hablaron sobre “posibles fuentes de financiamiento para la compra de las OPV”, pero se le dijo que “no había recursos desde el punto de vista presupuestal” para hacerlo. “Creo que quedó absolutamente claro y descartado cualquier clase o posibilidad de vínculo entre la propuesta que acercaba esta persona y la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]”, afirmó.
Por otro lado, Abilleira hizo un racconto de “lo que significa para un país la compra de patrulleras oceánicas”, pero “no se expresó respecto al tema Cardama”. Caramés referenció un acuerdo de 2010 entre las armadas de la región para desarrollar “componentes” para que la compra de una OPV implicara “el acceso a tecnología”, así como también señaló el proceso “muy rico” de la construcción de barcazas para Botnia, Montes del Plata y Ancap. “Fue muy interesante lo de Caramés en el sentido de que planteó la posibilidad de generar una suerte de sinergia entre lo que es la compra de un equipamiento de este nivel tecnológico y la posibilidad de que Uruguay se desarrollara avanzando en aspectos que pudieran generar un inicio de una industria naval”, acotó.
Schipani también ofreció su evaluación sobre las instancias y dijo que lo que están demostrando las comparecencias es que “poco se hizo de 2005 a 2019, los tres gobiernos del FA, para concretar las OPV”, lo que calificó como “una necesidad” para las Fuerzas Armadas, que “ya desde aquella época se marcaba” como tal. “Nos parecía importante, tanto al oficialismo como a nosotros, echar luz porque hay muy poca información. Hace 15 días se instaló la comisión por primera vez y todavía no recibimos toda la documentación solicitada al Ministerio de Defensa Nacional [MDF]. Hoy quienes integramos la comisión estamos preparando las preguntas a los testigos que comparecen con base en información de prensa que hemos podido relacionar, pero no tenemos todavía la documentación que tiene que enviar el gobierno”, criticó.
Cuestionamientos
Uno de los cuestionamientos a Ferreri es que menciona la falta de presupuesto, a pesar de que existía un acuerdo interpartidario para adquirirlas. Brenta respondió que, a pesar de que el período de Mujica tuvo altas tasas de crecimiento económico, el tercer ciclo frenteamplista vivió un “enlentecimiento” y el tema “no se definió como una prioridad”. También hubo críticas por parte del nacionalista Pablo Abdala respecto de que Uruguay no capitalizó el acuerdo regional que referenció Caramés, como Chile o Colombia. Para Brenta, Chile generó “otro tipo de acuerdos más allá al que hacía referencia” y, cuando se inició el proceso de compra en 2020, “no incluyó lo que Caramés planteaba como alternativa porque no hay ningún intercambio ni aporte tecnológico que Cardama haya hecho a Uruguay”.
“No estamos planteando ninguna irregularidad”, dijo Schipani. En sus palabras, prevén demostrar que “durante 15 años” hubo “cierta desidia” en relación con la importancia de adquirir los buques, pese a que “en todos los gobiernos hubo intentos porque desde el MDN siempre se marcó como prioridad”. “El problema era en Colonia y Paraguay, en el MEF, donde no surgían los recursos para adquirir esas patrulleras, que finalmente se terminan concretando con el gobierno anterior”, sostuvo.
Schipani remarcó la necesidad de las patrulleras para el país, pero dijo que “no hay dudas” respecto de que la garantía es “trucha”. Sin embargo, evaluó que “se utilizó esa circunstancia de la garantía de fiel cumplimiento con un fin político de generar un hecho, una cortina de humo”. “Creo que el gobierno, cuando hizo el primer anuncio en octubre del año pasado, se apresuró notablemente y generó un perjuicio al propio empresario”, aseguró. Agregó que en el lapso desde esa conferencia hasta que finalmente se anunció la rescisión “no se buscaron estrategias para procurar salvar esa situación”.
Eduardo Brenta (archivo, febrero de 2026).
Foto: Rodrigo Viera Amaral
El futuro de la comisión
Brenta adelantó que las convocatorias previas a 2020 culminarán antes de la semana de turismo. A partir de ahí, el período que prevén analizar con mayor profundidad es “el que se inicia acercando a Cardama”. “Apareció de la mano no sabemos de quién todavía. Sabemos que su representante es Moreira, pero no sabemos si realmente acercó a Cardama a Uruguay y quién viabilizó luego todo un proceso que, en nuestra opinión, está bastante plagado de irregularidades”, aseveró.
Para encontrar el nexo, seguirán un “orden cronológico” compuesto por “la licitación desierta” y, ya con Cardama en escena, una instancia “muy difícil de comprender” representada por “una definición de la Junta de Almirantes”, lo que provoca el pase a retiro del contralmirante Gustavo Musso tras haber calificado a la empresa “como quinta opción”. Según Brenta, ese ámbito militar “recomienda”, pero el Poder Ejecutivo (PE) “toma las decisiones finales”. Aunque aún no hay fecha, el excomandante Jorge Wilson también está en ese primer paquete, y hay otra etapa vinculada a los pagos y “la llegada de la famosa cuaderna maestra”, que aprobó y desencadenó los pagos automáticos a pocos días del cambio de gobierno, siendo que “todo indica que se hizo sin la cuaderna maestra”, dijo Brenta.
Otro capítulo está en las garantías, ambas con irregularidades que señaló el gobierno. “Primero, hay que ir a quienes habilitaron esta garantía. Si seguís la secuencia de los hechos, el estudio Delpiazzo advierte en varias oportunidades que la garantía está incompleta”, indicó el legislador. Dijo que en el proceso intervino el Banco Central del Uruguay para solicitarle al MDN que “contraten a alguien que maneje el tema seguros”. El proceso también implicó que la empresa intentara “acercarse al Banco de Seguros del Estado” y los servicios técnicos recomendaron “no otorgar la garantía”, por lo que convocarán a quien era su presidente, José Amorín Batlle.
Por parte del MDN, estaban involucrados “fundamentalmente los funcionarios de confianza del ministro García”, entre los que listó a Fabián Martínez y Damián Galó. Sobre la propia figura ministerial, dijo que tanto Javier García como Armando Castaingdebat “tendrán que explicar por qué nadie investigó a esta empresa, Eurocommerce, para ver por lo menos dónde estaba”, acotó. “Todo este proceso no se realizó. Ahí yo creo que hay que analizar, obviamente, la responsabilidad de los ministros y de los subsecretarios”, sostuvo.
“No tenemos nada para esconder, que se investigue todo lo que se tenga que investigar”, aseveró Schipani. Sobre Martínez y Galó, el legislador opositor dijo partir de la base “de que actuaron de buena fe” y procuraron “bregar por el interés general del país”, salvo que se demuestre lo contrario. Recordó que el gobierno denegó el acceso a la denuncia al senador colorado Andrés Ojeda y espera que la comisión tenga acceso, ya que se encuentran “navegando a la deriva” por la falta de documentación.
Schipani también manejó algunos nombres: “Tenemos que preguntarle al gobierno qué fue a plantear Gonzalo Fernández, como representante de Cardama, al piso 11 de la Torre Ejecutiva”. Dijo que esa reunión reviste “mucha opacidad” y manejan trascendidos extraoficiales que “hubo planteos concretos tendientes a salvar la situación de la garantía”. Opinó que el aval, sin embargo, es de cuatro millones de dólares en un negocio de casi 100 y resulta “un tema lateral”, por lo que “la situación anómala que se dio con esta garantía no ameritaba anunciar como hizo en octubre el gobierno la rescisión”.
El colorado le atribuye “mala fe” al comportamiento del oficialismo, calificación que sostiene por no haber advertido al titular del astillero, Mario Cardama, la inminente rescisión y los problemas con la garantía. “Lo que tenemos que indagar —por eso es importante que Cardama vaya a la comisión y él ha dicho públicamente que está dispuesto a ir— es si efectivamente Cardama estaba en conocimiento de que esa garantía que presentó era defectuosa”, dijo.