Desde 2021 viene siendo subrogado el cargo de fiscal de Corte. En octubre de ese año, renunció quien ocupaba la titularidad del ministerio público, el hoy prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz. Más de cuatro años pasaron desde ese entonces y, por lo pronto, no ha habido avances significativos en negociaciones para concretar el proceso parlamentario que da lugar al establecimiento de un jerarca efectivo.
Primero el cargo vacante pasó a ser ocupado por Juan Gómez, quien hasta entonces era fiscal adjunto de Corte. Este renunció en 2024 y desde ese momento la máxima autoridad del organismo es quien tiene más antigüedad en el cargo dentro de las fiscalías penales de Montevideo, Mónica Ferrero.
Luego de algunos intentos durante el gobierno de Luis Lacalle Pou para impulsar la búsqueda de un fiscal de Corte titular, que no tuvieron consecuencias, y después de casi un año de haber asumido el actual oficialismo, el tema volvió a estar sobre la mesa. El 24 de febrero, después de una reunión de las bancadas del Frente Amplio (FA) en La Huella de Seregni, el senador Daniel Caggiani anunció la intención de los legisladores de la coalición de izquierda de convocar a un “diálogo multipartidario” para renovar la integración de los “organismos de contralor”. En ese paquete se decidió incluir la vacante de la Fiscalía de Corte.
En su mayoría, fuentes de la oposición consultadas por la diaria manifestaron disposición para avanzar en el diálogo de los cargos, con la excepción de la Fiscalía. En ese caso, el principal argumento planteado es una gran conformidad con el trabajo de la actual fiscal subrogante. Por ejemplo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi sostuvo que Ferrero solo podría ser sustituida por alguien comparable al “arcángel Gabriel”. Los únicos en desmarcarse de esta postura, aunque con otras exigencias, fueron los legisladores del sector colorado Vamos Uruguay.
En una reciente entrevista con la diaria, el prosecretario de Presidencia opinó que se visualiza en la oposición una “negativa a sentarse a hablar de temas que deberían ser naturales en una democracia”, como es el caso de la designación de un fiscal de Corte titular. “A poco que busquemos vamos a encontrar nombres de consenso”, señaló Díaz. Asimismo, remarcó que como forma de destrabar esta falta de avance se puede cambiar el sistema de designación a través de una ley que establezca “un plazo al Poder Ejecutivo para enviar un nombre y un plazo al Parlamento para que discuta y apruebe o desapruebe”.
El exfiscal de Corte se refirió a un proyecto de ley presentado tiempo atrás por el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) que establecía un nuevo proceso para la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Dejó planteado que este podría ser “extensivo” a a elección de fiscal de Corte dado que “permitía, entre otras cosas, que el proceso de selección no se hiciera entre cuatro paredes, sino que se hiciera en forma pública”.
El antecedente más reciente vinculado a modificar el proceso de elección del cargo de fiscal de Corte es de octubre de 2023, cuando el entonces diputado cabildante Eduardo Lust presentó un proyecto de reforma constitucional. En él proponía modificar el numeral 13 del artículo 168 de la carta magna para establecer 90 días como plazo para llenar la vacante. Vencido este período, la titularidad pasaría a manos del fiscal letrado titular “con mayor antigüedad en el cargo”. Ante igual antigüedad, sería designado el que “tenga más años en el ejercicio del Ministerio Público”.
El proyecto que Díaz ve con buenos ojos
El proyecto que el prosecretario de Presidencia ve con buenos ojos para destrabar la elección de un fiscal de Corte titular se remonta a febrero de 2013. Según recoge una nota de El País, en ese entonces el CAU presentó ante la Comisión de Constitución del Senado una propuesta que establecía, entre otras cosas, un escenario con postulaciones y audiencias públicas no solo para las vacantes de la SCJ, sino también para las del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Con el planteo sobre la mesa, políticos de los distintos partidos recogieron el guante y presentaron en junio del mismo año un proyecto de ley que reflejaba la propuesta del CAU. Entre ellos estaban dos senadores actuales, el colorado Pedro Bordaberry y el frenteamplista Aníbal Pereyra. La iniciativa, que fue identificada como un “reglamento” para las designaciones en los organismos antes mencionados, establecía la necesidad de que la Asamblea General fuera notificada de las vacantes dentro de una serie de plazos establecidos.
La Asamblea General, en tanto, sería la encargada de iniciar el proceso de “prepostulaciones para cubrir la o las vacantes”. Para eso, el proyecto de ley preveía que el órgano parlamentario haga “la difusión que estime oportuna” y comunique formalmente al CAU y a la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU). Con un período para las prepostulaciones no inferior a 30 días, una comisión especial de la Asamblea General se ubicaba dentro del proceso como la responsable de desechar aquellas postulaciones que carecieran de “fundamentos o sean claramente infundadas”.
Con un límite de postulaciones de diez por cargo vacante, el proyecto de ley establecía la necesidad de publicidad de los nombres preseleccionados. Asimismo, se ponía como requisito entablar comunicación con los involucrados para que estos “manifiesten si aceptan ser candidatos”. De ser favorable la respuesta, el siguiente paso era solicitar que presentaran su currículum vitae actualizado, así como “una selección de sus diez sentencias más importantes si fueran jueces y, si no lo fueran, sus diez trabajos profesionales o académicos más destacados”.
Para finalizar el proceso, se establecía la recepción a través de un sitio web, en un lapso de diez días, de “opiniones de cualquier ciudadano”. En el mismo plazo se preveía recibir en comisión al CAU y a AMU. Por último, se planteaba que la comisión confeccionara “un calendario de audiencias públicas para cada candidato”, donde estos dieran “sus opiniones” sobre un listado de temas establecidos en la propia iniciativa parlamentaria. Finalizado todo el proceso, con un memorándum de la comisión, sería la Asamblea General la que debería expedirse por el voto de dos tercios del total de componentes.
El estado de las cosas
Luego del “diálogo multipartidario” planteado públicamente por el oficialismo para el llenado de vacantes, la diaria pudo confirmar la concreción del planteo formal a los coordinadores de las bancadas de la oposición. Por lo pronto, fuentes parlamentarias detallaron a la diaria que la bancada frenteamplista avanzó también en la elección de Caggiani y Eduardo Brenta como delegados en el espacio de trabajo que se espera conformar.
“Lo cierto es que nuestra intención es discutir todo, incluyendo la Fiscalía”, reafirmó a la diaria, por lo pronto, un legislador del FA ante las primeras reacciones de dirigentes de la oposición que prefieren no innovar y respaldar a Ferrero. En este marco, fuentes oficialistas manifestaron a la diaria la disposición de actores de Presidencia de la República de iniciar a la brevedad acciones que permitan “desatar el diálogo” y promover los distintos acuerdos necesarios en cuanto a vacantes.
Consultados por el planteo de Díaz, desde la bancada oficialista manifestaron a la diaria que “puede ser una idea” que permita un proceso “más ágil” de cara al tratamiento de nombres para el cargo de fiscal de Corte. Ante la misma pregunta, Tabaré Viera, senador del sector colorado Vamos Uruguay, dijo a la diaria que “todo es posible”, y más todavía cuando los legisladores se encuentran “trancados en la solución” para el cargo de fiscal de Corte.
“No hay que dejar de explorar otras propuestas o ideas”, manifestó el legislador opositor, quien también recordó la existencia de una propuesta de triunvirato planteada años atrás por su compañero de bancada Gustavo Zubía. De todas formas, para llegar a hablar del cargo de fiscal de Corte, Viera dejó en claro que primero se debe avanzar sobre lo ya acordado.
El senador detalló que en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas se llegó a consenso al inicio del período de gobierno sobre la distribución de los cargos. “Hay palabra empeñada y eso no se ha cumplido”, remarcó en referencia al cumplimiento del proceso parlamentario con el que se designe a los nuevos integrantes de los mencionados organismos.