El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió este miércoles un comunicado en el que se pronuncia sobre la propuesta formulada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, de fomentar la inversión privada en las empresas públicas a través de instrumentos como fideicomisos y obligaciones negociables.
“Las empresas públicas son un elemento central del desarrollo soberano del país y una condición esencial para el acceso a derechos para toda la ciudadanía. En tal sentido, el debate público sobre el rol de las empresas públicas debe, siempre, basarse en el respeto a los pronunciamientos ciudadanos históricos que consolidaron el principio de propiedad estatal de las empresas estratégicas”, comienza señalando el comunicado. Menciona a continuación el “histórico referéndum” de 1992, mediante el cual la ciudadanía derogó la Ley de Empresas Públicas e impidió la privatización de Antel, así como el referéndum que derogó la Ley de Ancap.
El PIT-CNT rechazó “cualquier iniciativa que ponga en juego la definición de empresa pública y que atente contra su integridad”. Rechazó también lo que denominó como “la retórica de 'innovación vs. inmovilismo', que pretenda abrir espacios para la privatización de bienes y servicios que son derechos de todo el pueblo uruguayo”.
Reclamó asimismo que se flexibilicen “las restricciones fiscales actualmente vigentes, que asfixian y limitan al sector público”, para que pueda impulsarse “fuertemente la innovación avanzada”. Llamó también a “desmontar las asimetrías que sufren las empresas públicas respecto a las empresas privadas (en particular transnacionales), como las exoneraciones a las inversiones”.
“Sobre estas bases, entendemos relevante pensar cómo se generan las condiciones para el desarrollo de un fondo de acumulación que permita solventar las diferentes dimensiones de una estrategia nacional para el desarrollo”, continúa la central sindical en su comunicado. Este fondo, añade, permitirá “la canalización productiva de la capacidad de ahorro nacional”.
Finalmente, el PIT-CNT reafirma su “disposición al diálogo y al análisis de propuestas que apunten a fortalecer la estructura pública, pero desde la base de garantizar la propiedad estatal”.