El martes, el Consejo de Ministros volverá a reunirse para analizar el documento definitivo del Diálogo Social, que se hará público ese mismo día. Sin embargo, algunas de las propuestas ya han trascendido, como, por ejemplo, el retiro de las AFAP del manejo de las cuentas de ahorro individual, y también la eliminación de las condicionalidades para el cobro de asignaciones familiares.
Uno de los cuatro ejes del Diálogo Social, que comenzó en julio, fue la protección a la infancia. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo recientemente a la diaria que la infancia y la adolescencia son aspectos prioritarios para el gobierno. Asimismo, señaló que este tema reúne el consenso de los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, por lo que el gobierno confía en que los acuerdos “van a trascender incluso a quienes participaron en el diálogo”. Sin embargo, el planteo de eliminar la obligación de asistir a clases para recibir asignaciones, del que informó en primera instancia El País, ya ha generado el rechazo de la oposición.
Meses atrás, Arim se declaró como un “enemigo acérrimo de las condicionalidades”. El director de la OPP argumentó que la suspensión de las transferencias no solo implica una desvinculación con una política pública específica, sino también una desvinculación con el Estado. “¿Dónde está el Estado para los sectores que no van a mantener a los gurises en la escuela o en el liceo?”, planteó en setiembre del año pasado, en el marco de una presentación.
En el marco de la campaña electoral, el presidente Yamandú Orsi también marcó su posición. “El componente de la retribución ya no se discute más; se tiene que terminar”, afirmó en el programa En la mira en 2024.
Por su parte, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, ha señalado que hay “evidencias que indican que esta medida no es del todo eficiente”, dado que hay “un conjunto de indicadores donde suspender la asignación familiar termina perjudicando a las infancias más vulnerables”. Durante el primer año del actual gobierno, este cambio no se concretó, pero la discusión formó parte desde el inicio del Diálogo Social.
En el segundo seminario, realizado en setiembre, en el que se abordaron específicamente las transferencias monetarias dirigidas a la infancia, hubo consenso en cuanto a eliminar las condicionalidades de las transferencias, así como en la necesidad de unificar las prestaciones. En el Comité Ejecutivo del Diálogo Social, este último punto generó “amplio acuerdo”, no así el referido a las contraprestaciones, según supo la diaria. Tanto las cámaras empresariales como Cabildo Abierto (CA) –el único partido de la oposición que participó en el espacio de intercambio– plantearon reparos al respecto.
“La contraprestación a quien menos beneficia es a los que más necesitan”
El PIT-CNT, la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) y la Red Pro Cuidados tienen una visión favorable en cuanto a eliminar las contraprestaciones. “La contraprestación a quien menos beneficia, justamente, es a los que más necesitan y no tienen, realmente, la oportunidad para poder ir a la escuela muchas veces”, dijo a la diaria Carlos Clavijo, representante de la central sindical en la Comisión Ejecutiva.
Clavijo señaló que, en el último año, ante la suspensión de más de 5.000 asignaciones familiares por parte del Banco de Previsión Social, “se hizo un trabajo de campo por parte de varios institutos” y “se pudo revertir casi un 50%”. Por lo tanto, “hay otros problemas en la vida de un ser humano”, apuntó.
En diálogo con la diaria, Fernando Olivera, delegado de PIAS en la Comisión Ejecutiva, dijo que “las contraprestaciones atacan una situación de pobreza estructural que se está dando en muchas de las cuestiones de las infancias y las adolescencias”. Sin embargo, sostuvo que los condicionamientos “terminan castigando a los que están en peor situación”. Por otra parte, consideró que la unificación de las asignaciones familiares es “otro punto de avance importante en el Diálogo Social”.
Para establecer un monto único de las transferencias, se tomará como referencia el costo de la canasta básica en Montevideo, que está en el entorno de los 6.600 pesos. Además, en algunos casos se prevé duplicar e incluso triplicar las transferencias para la primera infancia, por ejemplo, para los menores de 3 años de los quintiles más bajos.
Teresa Supervielle, integrante de la Red Pro Cuidados, dijo a la diaria que las contraprestaciones no constituyen “una solución suficiente”. “También es importante que la familia pueda ser acompañada y que comprenda que el ir a la escuela no es solo por un plato de comida”, expresó. Supervielle consideró que parte del trabajo es implementar “equipos de trabajo interdisciplinarios en los barrios, como existían antes, a través de los Socat [Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial], ETAF [Equipos Territoriales de Atención Familiar] y otros equipos vinculados con Plan CAIF u otras instituciones”.
Asimismo, Clavijo explicó que el planteo no solo es eliminar la contraprestación, sino también “generar políticas de acompañamiento”, ya que lo importante es que los niños “vuelvan al sistema educativo”. “No es que cobren o no cobren, hacer más plata o menos plata”, resaltó; y mencionó que en el documento final del Diálogo Social estará reflejado este trabajo de acompañamiento, que es “mucho más global” que la política de transferencia.
“Si esto no va rodeado de una política de educación, de salud, de trabajo y de vivienda, estamos complicados. Lamentablemente, una política de transferencia solamente les mejora un poco la calidad de vida, pero no sacás de la pobreza a todos esos niños”, agregó Clavijo.
“Mero asistencialismo” y “retroceso”: las críticas de la oposición
En declaraciones a radio Monte Carlo, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, sostuvo que, “cuando uno habla de la minoridad y la pobreza, no la puede condicionar”. Destacó que el Consejo Directivo Central (Codicen), así como la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, “han trabajado intensamente desde el año pasado para que la presencia de nuestros niños en las escuelas sea la mayor parte del tiempo posible”.
En ese sentido, Pereira dijo que se deben continuar esas acciones, y agregó: “Si al niño lo que le está faltando es alimento, si lo que al niño le está faltando es una situación de vida adecuada, no se la puede poner en cuestión ni por la presencia en la escuela ni por ninguna otra cosa”.
“En la medida en que eso suceda, probablemente se dé el mecanismo virtuoso de que el niño vuelva a la escuela, pero que además tenga la alimentación necesaria y suficiente para llevar una vida adecuada y llegar a la escuela, pasar por la escuela y que la escuela pase por el niño”, señaló el presidente del FA, y resaltó que uno de los compromisos del gobierno fue “trabajar intensamente para que hubiera transferencias a las infancias que supusieran una mejor condición de vida”, lo cual “se ha procesado en el Diálogo Social”.
Desde la oposición han sido varias las voces en contra. Según informó El País, CA planteó en el Diálogo Social la “inconveniencia de renunciar a todo tipo de condicionamientos para el cobro de prestaciones, ya que podría llevar a institucionalizar la mendicidad, sin generar estímulos para la superación personal”. Las cámaras empresariales, en tanto, plantearon “mantener las condicionalidades para el cobro de las transferencias” e “instrumentar mecanismos de interacción con aquellos que no cumplan las condiciones y dotar de gradualidad en el tratamiento de la condición para evitar la suspensión directa automática”.
El líder del Partido Independiente y exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, opinó en X que “sería un grave error” y “una señal pésima hacia la ciudadanía dejar de exigir la asistencia escolar” para cobrar la asignación. También en X, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que se trata de “otra mala noticia” del Diálogo Social, ya que “consolida la dependencia” y convierte el sistema en “mero asistencialismo”.
En diálogo con la diaria, Robert Silva, senador colorado y extitular de la ANEP, sostuvo que la medida sería “un retroceso”. A su entender, la exigencia de la contraprestación “es una medida complementaria y necesaria para mejorar la asistencia a los centros educativos y la concurrencia a la educación”. En contra de las posturas que entienden que “termina siendo una doble sanción” para los niños, el senador colorado afirmó que lo que se tiene que hacer “es que el adulto responsable cumpla su obligación”.