Esta semana los legisladores colorados Andrés Ojeda y Elianne Castro, junto con el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, solicitaron a la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo que elabore un informe técnico en el que se evalúen “la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto” a Moisés Martínez, el joven de 28 que fue condenado a 12 años de prisión por un delito de homicidio especialmente agravado, tras asesinar a su padre luego de años de abusos.
El indulto es una herramienta comprendida en el artículo 128 del Código Penal, que permite extinguir las penas de personas particulares. Su efectivización está dispuesta por el numeral 14 del artículo 85 de la Constitución de la República, que otorga a la Asamblea General la potestad de “conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas cámaras, y acordar amnistías en casos extraordinarios, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada cámara”.
En diálogo con la diaria, el abogado constitucionalista José Korzeniak valoró el hecho de que la Asamblea General sea la que cuente con la potestad de otorgar indultos -a diferencia de otros países, que atribuyen dicho poder a sus jefes de Estado-, ya que representa “una garantía importante”. “Supone que hay un consenso” lo suficientemente amplio al respecto para garantizar mayorías especiales, complementó.
Korzeniak distinguió al indulto de la amnistía, otra causal de exoneración prevista en el Código Penal, pero que “abarca a todas las personas que puedan haber cometido o no un delito”, lo que supone “una diferencia enorme”.
En este sentido, la solicitud de los legisladores abrió el debate sobre si resulta apropiado abordar el uso de la herramienta de indulto en este momento, y varios actores del sistema político instaron a tratar el caso con cautela, dado que el proceso judicial aún continúa.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi consideró en rueda de prensa que “un Estado de derecho no puede hacer justicia por mano propia”, y llamó a aguardar por la decisión del Tribunal de Apelaciones y, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia. “Sé que suena mucho mejor decir todo lo que la gente dice, pero eso pone en riesgo el Estado de derecho”, evaluó.
Asimismo, y según informó este medio, en filas oficialistas hay quienes advierten el carácter “demagógico” u “oportunista” de la iniciativa de los legisladores y cuestionan que no se haya esperado a que finalizara el proceso judicial para plantearla. En declaraciones a la prensa, la senadora Bettiana Díaz llamó a “ser muy responsables” y advirtió sobre un posible efecto dominó. “Nosotros tenemos una responsabilidad como Poder Legislativo y es no generar estas expectativas de que podemos andar indultando todos los pedidos que puedan llegar”, dijo.
El constitucionalista dijo que, en tanto el propósito del mecanismo de indulto es extinguir penas, requiere de una sentencia definitiva y no comprende procedimientos, formalizaciones ni fallos en primera instancia. En esta línea, y dado que el caso de Moisés aún no ha finalizado, advirtió que no sería posible conceder un indulto “tal como se conoce”, hecho que la Dirección Jurídica debería notar en el informe que solicitaron los legisladores.
Alternativamente, dijo que el Poder Legislativo cuenta con la posibilidad de “dictar leyes que sean más favorables al imputado”, ya que, “en derecho penal, si una ley es más favorable para el imputado, se puede aplicar hacia el pasado”, por lo que tendría efecto retroactivo. De lo contrario, a su entender, continuar con el indulto de Moisés sin una sentencia final “sería violentar un poco las normas”.
Más allá de ello, restó importancia a la polémica en torno a si su uso resulta apropiado más allá del caso particular. Dijo que, en tanto está comprendida en la Constitución, es pasible de ser utilizada, aun cuando pueda “considerarse injusta”. Bajo esta misma lógica, descartó que pueda implicar una transgresión del equilibrio entre poderes. “Si se cumple el procedimiento, hay constitucionalidad”, resumió.