El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, ordenó abrir una investigación en torno a la entrega de una fe de vida en el consulado uruguayo en Miami al aviador retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya Roberto Freddy Amorín Maciel, investigado en la causa sobre la desaparición de José Arpino Vega y por torturas en la base aérea de Boiso Lanza. La situación fue denunciada este lunes por la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en el marco de una reunión con el presidente Yamandú Orsi, quien derivó el reclamo al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según confirmaron fuentes de la cancillería a la diaria, se investigará el hecho y, eventualmente, podría iniciarse algún proceso disciplinario. A su vez, según supo la diaria, antes de la reunión de Madres y Familiares con Orsi, la Fiscalía solicitó al Juzgado Letrado en lo Penal de 27º turno que oficiará ante la cancillería para ponerla en conocimiento de la situación, así como a la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación.
La cónsul de Distrito, Mariana Baubeta Álvarez, certificó el 11 de febrero que Amorín Maciel presentó “documentación probatoria de su existencia” para “acreditar su vida en esta oficina consular para el cobro de su jubilación/pensión ante la Caja Militar”, según se señala en la fe de vida. Según la información provista en la página web de la embajada de Uruguay en Estados Unidos, para certificar la existencia sin concurrir a una sede consular se debe remitir un formulario “firmado ante notario público con copia de su documento uruguayo vigente”.
Desde 2023 sobre Amorín Maciel pesa una orden de captura nacional e internacional, luego de que no se presentara a la audiencia en la que fueron procesados con prisión otros cinco militares involucrados en la misma causa. La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad había pedido el procesamiento de Amorín Maciel, junto con otros militares, en mayo de 2019, tras una causa judicial iniciada por una denuncia colectiva de ex presos políticos en 2010.
Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares, señaló que, al estar Amorín Maciel requerido por la Interpol, “la orden es que los funcionarios [del consulado] deben llamar inmediatamente a Interpol”, pero “eso no se hizo”. Sostuvo que se trata de una “falta grave”, y agregó: “No sé si no es falta criminal también, si no corresponde que actúe la Justicia”.
Según el pedido de procesamiento del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, el aviador retirado “revistió como juez sumariante en distintas ocasiones y fue reconocido por alguna de las víctimas como partícipe en los tormentos”, por lo cual “deberá responder por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de privación de libertad”. En su testimonio, Miguel Ángel Fernández, que fue detenido en 1974 y trasladado a Boiso Lanza, identificó que quien “dirigía todo el tipo de tortura, interrogaba, era el capitán Amorin, que hacía de juez sumariante”.
No es la primera vez que un militar con orden de captura obtiene en un consulado la fe de vida para el cobro de haberes. En 2019, el militar Pedro Mato Narbondo, prófugo de la Justicia uruguaya desde 2013 y también de la italiana por los crímenes del Plan Cóndor, realizó ese trámite en el consulado de Santana do Livramento.